Jueves 29 de mayo de 2003
		El primer borrador
		Como tantos otros discursos inaugurales, el pronunciado por el presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa el domingo pasado contenía una cantidad notable de lugares comunes, alusiones a objetivos ampliamente compartidos y manifestaciones de fe en el futuro del país. También era ambiguo en el sentido de que si bien algunos lo encontraron "fuerte", otros pudieron hacer hincapié en la "moderación" a su entender supuesta tanto por la afirmación de que "no somos el proyecto del default" como por su referencia al peligro planteado por el terrorismo internacional, o sea, islamista, tema que por buenos motivos obsesiona al gobierno de los Estados Unidos. Aunque Kirchner se sintió constreñido a felicitarse a sí mismo por proceder de lo que llama "la tierra de la cultura malvinera y de los Hielos Continentales", no es de prever que su política exterior sea caracterizada por la pasión antibritánica y antichilena que tal definición podría suponer. De todos modos, parecería que lo que Kirchner tiene en mente es encabezar un gobierno que sea latinoamericanista sin por eso ser antinorteamericano, capitalista pero en favor de un papel muy activo del Estado y que se vea comprometido con la "calidad institucional" y "la seguridad jurídica para todos". Como ya es tradicional en nuestro país, el nuevo presidente habló mucho de "cambio" y prometió perseguir de manera implacable a los grandes evasores impositivos. Por tratarse de objetivos que en términos generales podrían refrendar todos los mandatarios del mundo democrático, su significación dependerá de su forma de interpretarlos. Muchas palabras quedarán como meras manifestaciones retóricas, pero otras podrían tener consecuencias imprevistas. Por ejemplo, aunque el presidente Kirchner tenía razón al lamentar la impunidad "en lo penal, en lo impositivo, en lo económico, en lo político y hasta en lo verbal", tales palabras podrían presagiar bien un esfuerzo serio por asegurar el cumplimiento de la ley, o bien una ofensiva nada democrática contra sus adversarios por sus supuestos delitos "políticos" o "verbales". Asimismo, su voluntad de "reconstruir un capitalismo nacional" podría tomarse por una señal de que está resuelto a eliminar las muchas trabas legales y burocráticas que han impedido el surgimiento de un auténtico "empresariado nacional" equiparable con los existentes en Estados Unidos, Europa occidental y el Japón o, caso contrario, que lo que quiere es un programa proteccionista parecido a los aplicados con resultados desastrosos por una serie de gobiernos peronistas, radicales y militares que fomentaría la corrupción, beneficiaría a los cortesanos, castigaría a los emprendedores y a la larga serviría para hacer aún más dramático nuestro atraso relativo. Lo mismo que Raúl Alfonsín en el transcurso de su gestión, Kirchner mencionó como modelo el "New Deal" keynesiano con el que a su juicio el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt logró superar "la crisis económico-financiera más profunda del siglo". Sin embargo, sucede que la economía norteamericana no consiguió salir de la Gran Depresión durante los dos primeros períodos de Roosevelt, sino que tuvo que esperar hasta el tercero, que coincidió con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, detalle que, de más está decirlo, no ha sido suficiente como para desalojar el New Deal de su lugar privilegiado en la mitología progresista como evidencia irrefutable de que la única forma de salir de una recesión consiste en construir muchos caminos y represas. En cuanto a la convicción de Kirchner de que "tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la República Argentina, para desmentir con hechos el discurso único del liberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo", dicha forma de expresarse hace pensar que se siente más interesado en anotarse algunos puntos en una polémica ideológica con adversarios ficticios, que en contribuir al desarrollo del país: sería difícil encontrar un solo economista que se haya opuesto a todas las obras públicas sin excepción, aunque, claro está, abundan los conscientes de que siempre convendría contar con recursos genuinos y que por lo común será mejor contratar a empresas privadas que permitir que políticos y burócratas emprendan obras de construcción en gran escala.
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