Sábado 24 de mayo de 2003
		Contra las finanzas
		Como Eduardo Duhalde y muchos otros, Néstor Kirchner y sus ministros están convencidos de que las calamidades que se han abatido sobre el país en el transcurso de las décadas últimas se debieron en buena medida al poder a su juicio excesivo de la "patria financiera", razón por la cual están resueltos a ponerla en su lugar creando organismos fiscalizadores destinados a controlarla, favoreciendo a los deudores en desmedro de los acreedores y, desde luego, advirtiéndonos periódicamente acerca de los peligros planteados por el "liberalismo". Según parece, el nuevo gobierno cree que al obrar de este modo ayudará al "sector productivo" que, conforme a su análisis, se ha visto asfixiado por la rapacidad ilimitada de los financistas. Sin embargo, aunque no cabe duda de que aquí el estado de "la producción" es lamentable, sería absurdo atribuirlo a nada más que el sobredimensionamiento de las entidades financieras. El problema no es que éstas sean insólitamente fuertes según las pautas internacionales -antes bien, son bastante precarias -, sino que en nuestro país casi todo lo vinculado con la producción de bienes es llamativamente ineficaz, de suerte que intentar llegar a un "equilibrio" asestando más golpes contra las "corporaciones financieras" sólo serviría para perjudicar aún más a una economía que ya está en la lona. Por cierto, no ayudará mucho a "la producción" que ha de depender de la disponibilidad de créditos accesibles: si el gobierno logra su propósito aparente de reducir el poder de "la patria financiera", costarán más los créditos, los consumidores tendrán menos recursos y, desde luego, las empresas se harán cada vez más anémicas. Lo entiendan o no aquellos ideólogos peronistas que se las ingeniaron para combinar el horror medieval frente a "la usura" con algunas teorías más recientes derivadas del marxismo popular, en el mundo moderno las finanzas y la producción han de convivir de manera simbiótica. Si bien es preciso fijar algunas reglas de tránsito, por decirlo así, los problemas viales -los que se vieron agravados por "la globalización"- no pueden solucionarse cerrando todas las carreteras. La hostilidad hacia las finanzas que siente el grupo político actualmente dominante constituye uno de los motivos principales de la renovada tirantez entre el FMI y las autoridades locales. Puede que en términos políticos a Kirchner le haya convenido que ya antes de asumir su cargo el FMI comenzara a "presionarlo" señalándole que podría negarse a aprobar la segunda revisión del programa económico acordado, a menos que cumpla con el compromiso del ministro de Economía, Roberto Lavagna, de concretar ciertas medidas, pero los beneficios para el país de la reanudación de la pelea "Argentina contra el mundo" no son evidentes. Después de todo, la razón por la que el FMI quiere que el gobierno resuelva algunos problemas pendientes relacionados con las finanzas consiste en que da por descontado que si no lo hace la economía del país no podrá emprender un proceso de crecimiento sostenible. Puesto que dicha opinión está compartida por el grueso de los inversionistas del mundo, incluyendo a los argentinos, los eventuales éxitos políticos que consiga el gobierno debido a su "firmeza" frente al FMI serán costeados por el país en su conjunto. No puede ser una casualidad que la Argentina haya sido el país más reacio a alcanzar un acuerdo con el FMI y también el protagonista del desastre económico más espectacular. Asimismo, si bien las propuestas del Fondo pueden ser criticadas por ser demasiado severas al priorizar "los números" por encima de cualquier otro factor, la acusación principal dirigida contra el organismo internacional por el gobierno de Eduardo Duhalde fue que había apoyado durante demasiado tiempo al encabezado por Fernando de la Rúa, de este modo demorando el colapso de un orden que había dejado de ser viable. Se trata de un error que por motivos comprensibles los técnicos del FMI preferirían no repetir, de ahí la "dureza" de sus voceros hacia funcionarios que, como los integrantes del gobierno de la Alianza, se resisten a tomar medidas políticamente difíciles aun cuando, como en el caso de Lavagna, ellos mismos reconocieron que tarde o temprano les será necesario actuar.
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