Domingo 18 de mayo de 2003
		El Congreso y la banca
		Desde hace varios meses, la larga campaña electoral y la breve guerra en Irak han acaparado el interés del público hasta tal punto, que muy pocos prestaron atención a las actividades de los legisladores del Congreso nacional. Sin embargo, para enojo del Fondo Monetario Internacional y, según parece, del presidente interino Eduardo Duhalde también, la mayoría de los diputados sigue oponiéndose a los intentos oficiales de "normalizar" la economía por no querer brindar la impresión de estar dispuesta a ceder ante las presiones de los financistas. Así, pues, la semana pasada, la cámara baja sorprendió de nuevo a todos cuando, luego de un debate relámpago, suspendió por noventa días más las ejecuciones hipotecarias, una medida que presuntamente beneficiará a aproximadamente 16.000 personas pero que, como señalaron tanto los voceros del FMI como distintos representantes del gobierno de Duhalde, significa que aún sería prematuro hablar de seguridad jurídica en la Argentina por impedir que los acreedores cobren las deudas. La decisión de los diputados tendrá consecuencias concretas. Además de dificultar el acuerdo con el FMI que el próximo gobierno querrá alcanzar lo antes posible, la voluntad de defender a los deudores significa que los bancos seguirán mostrándose reacios a dar créditos accesibles a los empresarios y a los deseosos de comprar bienes costosos porque, a menos que insistan en condiciones leoninas, correrán el riesgo de perder su dinero. Por lo tanto, la actitud que ha asumido el Congreso inspirándose en los fuertes prejuicios antifinancieros que comparten políticos peronistas, radicales e izquierdistas, no puede sino obstaculizar la recuperación económica cuyo eventual vigor, obvio es decirlo, dependerá en buena medida de la disponibilidad del crédito. Mal que les pese a los convencidos de que la causa básica de la postración del país consiste en el poder excesivo de "la patria financiera" que, conforme a la teoría populista, se las ha arreglado para asfixiar "la producción" y por lo tanto "el trabajo", ninguna economía puede funcionar sin que haya un sector financiero saludable, de ahí la importancia fundamental de la seguridad jurídica. Una vez más, pues, "los políticos" privilegiaron los intereses inmediatos de una minoría muy visible por encima de los de la comunidad en su conjunto, confiando en que por ser tan generalizados e imprecisos los perjuicios ocasionados por su negativa a permitir que los bancos comiencen las ejecuciones hipotecarias, "la gente" optará por manifestarles su gratitud. Resulta de más decir que esta forma de actuar está en la raíz de la crisis en la que estamos atrapados, por tratarse del resultado de un sinnúmero de decisiones populistas -es decir, cortoplacistas- que fueron tomadas por personas reacias a pensar en las consecuencias en el plazo mediano o largo. Parecería que desde el punto de vista de muchos legisladores, es lógico favorecer a los deudores por encima de los acreedores, sobre todo si se trata de bancos, por haber prosperado éstos durante años y por ser los endeudados hipotecarios víctimas inocentes de maniobras financieras. Sin embargo, aunque es verdad que una cantidad muy grande de personas sí se han visto puestas en una situación sumamente difícil a causa de la decisión oficial de devaluar de manera "asimétrica" en un país virtualmente dolarizado, procurar atenuar los problemas resultantes atribuyéndolos a la maldad de los banqueros no constituye una solución permanente. Si los legisladores realmente quieren ayudar a las familias que debido a la crisis no están en condiciones de hacer frente a sus obligaciones y por lo tanto podrían perder su vivienda, convendría que optaran por ordenar que los contribuyentes las subsidien directa o indirectamente. Sería cuestión de una alternativa menos mala que la supuesta por aprovechar la situación para asestar un nuevo golpe contra el sector bancario que, por antipático que les parezca, es imprescindible. Asimismo, les corresponde discriminar entre los deudores, tratando de forma muy distinta a los ciudadanos comunes que, impresionados por una ley del Congreso, confiaban demasiado en la estabilidad por un lado y, por el otro, aquellos individuos astutos que apostaron a que tarde o temprano se concretaría una devaluación que serviría para permitirles ganar muchísimo dinero.
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