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Miércoles 14 de mayo de 2003 | |
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Demografía y jubilaciones | |
Por Aleardo Fernando Laría |
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| Un informe del Banco Mundial predice que en el 2050 el número de jubilados en la Unión Europea será exactamente el doble que el actual. Por cada 100 personas en edad de trabajar, se estima que habrá casi 66 dependientes de una jubilación. En consecuencia, los gobiernos europeos encaran una serie de reformas, con la oposición creciente de los sindicatos, que opinan que se opta por lo más fácil: recortar las prestaciones sociales mientras bajan los impuestos al capital. En Alemania se quiere elevar la edad de jubilación de 65 a 67 años. Los recortes previstos también abarcan las prestaciones por desempleo cuya duración (en la actualidad hasta 32 meses) se reducirá a un máximo de 12 meses. En Francia se quiere exigir más años de contribución (42 a partir del 2020) para poder percibir la pensión máxima. En Austria se prevé retrasar la edad de jubilación hasta los 65 años (ahora está en 57 a 59 años para mujeres y varones respectivamente). En Italia se prevé incentivar los regímenes privados. Es que el nivel de protección social europea no tiene rival. Los países de la Unión Europea gastan alrededor del 10% de su PBI en pensiones, el doble que el resto de los países industrializados como Japón y Estados Unidos. En Europa el gasto social del Estado de bienestar se lleva más del 30% del PBI. La oposición a los recortes no se hizo esperar. En Alemania, ante la resistencia de algunos de sus diputados, el canciller Schröder amenazó con dimitir si el Partido Socialdemócrata rechaza la Agenda 2010 en el congreso extraordinario que ha convocado para el próximo 1 de junio. En Francia, un paro fue convocado por los seis grandes sindicatos en protesta por la reforma del sistema de pensiones que propone el gobierno. En Italia, algunos partidos reunieron las firmas suficientes para que se convoque un referéndum y así voltear los planes oficiales de recortes. En España, los sindicatos consiguieron con sus movilizaciones que el gobierno de Aznar retirara el "decretazo" que reducía las prestaciones por desempleo. En Brasil, las reformas propuestas por el presidente Lula tienen otro carácter. Se trata más bien de acabar con escandalosos sistemas de privilegio del sistema público, que permite que los funcionarios brasileños se jubilen con el salario completo, y las empleadas públicas lo hagan con sólo 50 años de edad. También aquí un grupo de diputados del PT ha manifestado su clara oposición a las reformas. En España existe un pacto ("El Pacto de Toledo") suscripto en 1995, en virtud del cual todos los grupos políticos se comprometen a defender la viabilidad del sistema público de reparto, aplicando periódicamente los ajustes necesarios. Se afirma el principio de "contribuidad", es decir que las jubilaciones se correspondan con las cotizaciones realmente pagadas y que las pensiones no contributivas (de carácter benéfico) se financien con cargo a los presupuestos generales del Estado (es decir con impuestos). Estos principios parecen razonables y debieran ser una guía para regular los sistemas de jubilación en América Latina. Garantizar el correcto equilibrio del sistema público es un modo de evitar la expansión de los sistemas privados, un bocado apetitoso para las entidades financieras y aseguradoras. Es cierto que, como explica Martín Seco, no existe ninguna razón "metafísica" para que la seguridad social se tenga que financiar exclusivamente con cotizaciones sociales y los gastos de defensa, por ejemplo, con impuestos. Pero desde una perspectiva de racionalidad económica, no puede existir demasiada distancia entre ingresos y pagos. El desequilibrio crónico entre cotizaciones y prestaciones de los sistemas públicos sólo puede llevar agua al molino del capital financiero internacional. |
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