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Domingo 13 de abril de 2003 | |
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Improvisación |
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| De nada sirvió el reclamo de garantías para la unificación y modernización del cerro Catedral, ni las advertencias de que el proceso sería arduo y complejo que, durante el último año, acercaron distintos sectores del empresariado local y la prensa al gobierno provincial. El conflicto le estalló en las manos y, aunque se esfuerce por ostentar autoridad, la provincia todavía depende de un fallo judicial -extraterritorial- para concretar la salida de Robles Catedral del cerro y entregar el manejo del centro de deportes invernales a Catedral Alta Patagonia. A dos meses de la temporada invernal, la administración rionegrina insiste en tapar la incertidumbre legal con un discurso forzado, mientras retiene la información legal y técnica que le reclaman los representantes de la ciudad. La realidad torció todas las previsiones del gobierno, ya que en los hechos el plan de operaciones de la montaña sigue siendo un misterio y la definición del prestador excede la órbita de la administración provincial. Prueba de este desgobierno es la confrontación desatada esta semana entre las concesionarias de medios de elevación a la que la provincia asistió silenciosa. Por estos días el cerro Catedral se presenta como uno de los escenarios más claros de la improvisación y la desidia de un gobierno provincial que ha dejado enormes vacíos en sus responsabilidades para con Bariloche. Pero también es muestra de una política errática que sólo aspira a retener bajo su esfera el principal recurso turístico rionegrino, limitando su desarrollo y crecimiento a un discurso poco creíble, que los funcionarios acomodaron hasta el cansancio sin ruborizarse por las contradicciones. Lejos quedó la firmeza demostrada por el gobernador Pablo Verani en el invierno de 2001 cuando anunció con un tajante "o pagan o se van" la decisión de cobrar la abultada deuda que las dos concesionarias de medios de elevación mantenían con el Estado rionegrino. Ambas empresas diluyeron sus obligaciones en interminables recursos judiciales y administrativos y congelaron la deuda al entrar en convocatoria de acreedores. La flexibilidad del discurso provincial llegó al límite de la manipulación grosera al asegurar que la convocatoria de acreedores de CAPSA no afectaba la continuidad de la concesión por tratarse de un "concurso comercial". Este nuevo argumento contradice el informe de junio de 2002 -publicado por "Río Negro"- en el que la Secretaría de Turismo reconoció que la convocatoria de acreedores daba paso a la rescisión del contrato "de pleno derecho". De no ser así, tendrían que explicar por qué la provincia se allanó con tanta presteza a la medida de no innovar del juez del concurso de CAPSA para evitar la caída de la concesión, algo que no parece dispuesta a aceptar de Robles Catedral. El cambio de discurso más pintoresco es el ensayado por el secretario de Turismo, Sergio Rodríguez, para justificar la entrega del Catedral a un empresa que hace un año definió como "prácticamente quebrada" y "sin capacidad" para la tarea. En un giro de 180 grados el funcionario dijo: "si tenemos en cuenta el momento en el que estamos, hoy CAPSA garantiza la operación del cerro", sin más precisiones. En medio de tanta contramarcha el principal recurso turístico de la provincia sigue adoleciendo de un proyecto claro de desarrollo y reclamando una política clara de crecimiento.
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