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Miércoles 12 de marzo de 2003 | |
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Liberan más plazas para descomprimir la alcaidía de Bariloche |
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| SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Las gestiones realizadas ante el ministro de Justicia Juan José Alvarez por el gobernador Pablo Verani y el juez César Lanfranchi posibilitaron que el Servicio Penitenciario Federal ofreciera otras 10 plazas para condenados de Bariloche, cuya alcaidía continúa superpoblada. Las plazas fueron acordadas por gestión del ministro Alvarez, ante la exposición de un viejo problema que comenzó a agudizarse hace casi dos años, pero todavía no se concretaron los traslados propuestos, y además de los 138 internos, que es una cifra récord para la alcaidía, hay otros 12 presos repartidos en las comisarías de la jurisdicción. A mediados del 2001 el juez Lanfranchi resolvió enviar un ultimátum al gobierno provincial, sentenciando que en la alcaidía de Bariloche no era posible garantizar los derechos humanos. Ya no pedía mejoras edilicias, sino que reclamaba el traslado de los internos a otra cárcel, a la vez que enumeraba las abundantes falencias de la alcaidía, y acompañaba sus argumentos con un centenar de fotografías. El ultimátum no fue acatado por el gobierno, y Lanfranchi, lejos de desalentarse, continuó con sus gestiones, se reunió hace dos semanas con Verani y su gabinete, y el jueves último viajo a Buenos Aires y acompañó al gobernador a la audiencia que le había concedido el ministro Alvarez. Al ser consultado por el agravamiento de la situación carcelaria, Lanfranchi manifestó su satisfacción por la concesión de nuevas plazas, aunque debió resignar en parte sus aspiraciones. "Llegue a la reunión con la esperanza de que nos otorguen 63 plazas, pero debimos conformarnos con 10, y la promesa de habilitarnos otras 10 en una fecha próxima", comentó a "Río Negro". Otro de los logros destacados por la gestión puntual de Verani y Lanfranchi está referido a la flexibilidad que prometieron las autoridades nacionales a la hora de contemplar las condiciones de los candidatos al traslado. El Servicio Penitenciario habilitó 10 plazas para condenados de Bariloche en diciembre de 2002, pero pusieron como requisito que los condenados no lo hayan sido a una pena mayor a ocho años de prisión, ni por delitos sexuales, y que no se encuentren bajo tratamiento infectológico, psiquiátrico o psicológico. Con tales exigencias, de los 10 propuestos sólo aceptaron a 2, y encontrar el perfil adecuado le resulta dificultoso a las autoridades. De esta circunstancia se desprende la importancia de la flexibilización prometida, porque en la alcaidía de Bariloche hay internos condenados a cadena perpetua y a penas de 20 años o más de cárcel. Con todo, la liberación de plazas no es más que un paliativo para una situación insostenible, en una alcaidía superpoblada que tiene un patio dividido en 6, y un solo espacio cubierto disponible, que es utilizado como sala de visitas, para culto y misa y aula a la vez. Mientras tanto, los poco seguros o inadecuados calabozos de las comisarías contienen a 12 detenidos cuyo grado de peligrosidad o antecedentes los inhabilitan para estar en libertad. |
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