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Viernes 28 de marzo de 2003 | |
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Aseguran que el gobierno "dolarizó" Chihuido II |
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| NEUQUEN (AN).- El contrato para la construcción de la represa Chihuido II y su aprovechamiento multipropósito, preadjudicado por el gobierno al grupo Pescarmona "fue dolarizado, mientras en Argentina se pesificó", denunció ayer el diputado provincial Carlos Moraña -ARI-PI-. Según el legislador, la ley 2316 que aprueba la concesión de la obra, en su anexo, dice que el aporte estatal provincial "es de 129 millones de pesos, no de dólares". De esta manera y, pese a la cautela demostrada por el resto del arco opositor, el gobierno deberá esforzarse para que la Legislatura apruebe un contrato que significa multiplicar por tres la inversión a financiar, dado que la sanción de la norma legal ocurrió durante la vigencia de la convertibilidad peso-dólar. La posición oficial se expresó ayer a través de varios funcionarios. El ministro de Hacienda, Alfredo Pujante, recordó el texto del artículo tercero de la ley que autoriza al Ejecutivo a gestionar el financiamiento ante el Estado nacional y organismos de crédito argentinos e internacionales pero abrió una puerta cuando endosó a los legisladores definir de qué moneda se trata. "Eso debe ser interpretado" por quienes sancionaron la ley, dijo el ministro. El subsecretario de Obras Públicas, Ricardo Esteves, expresó su "inquietud" porque en la edición de ayer de este diario se tituló en tapa que "Sobisch pide endeudarse por 129 millones de dólares". Según el funcionario, hay una contradicción en ese texto con el de la nota, dado que el tope del aporte estatal fue fijado en la ley 2316. La ley fija los montos en pesos y no en dólares norteamericanos. Por tanto, las cifras en dólares deben triplicarse para su conversión en moneda nacional. Ese será el eje de la discusión legislativa. Ayer, los diputados Ricardo Villar -Alianza- y Eduardo Correa -socialista- dijeron que no podían opinar hasta conocer el contenido del contrato y "el esquema de financiamiento de aportes provinciales", que deben ser enviados por el Ejecutivo para su "aprobación legislativa", según el artículo 5 de la ley 2316. Villar reconoció que el gobierno ya tiene la autorización para licitar, pero en oportunidad de sancionar la ley los diputados fijaron una nueva supervisión de la ingeniería financiera. A un año y tres meses de haber dejado la convertibilidad, los valores consignados en la "memoria descriptiva" de la obra perdieron vigencia. |
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