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Jueves 27 de marzo de 2003 | ||
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Pidieron sobreseimientos en la "causa de los bonos" |
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El fiscal Telleriarte se quedó sin pruebas para continuar la investigación. La documentación clave fue obtenida en un allanamiento declarado ilegal. Ahora pidió el sobreseimiento de todos los imputados. Si el juez Cartolano está de acuerdo, el expediente será archivado. |
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En la causa se investigó una maniobra de compra, venta y arbitraje de títulos públicos propiedad del Estado provincial, en la que participó la financiera Argemofin. Fuentes judiciales explicaron que la prueba fundamental sobre la que reposaba la acusación fiscal, y que demostraría la supuesta ilegalidad de las operaciones, fue obtenida durante un allanamiento realizado en Bue-nos Aires. Pero esa diligencia judicial fue declarada nula, tal como se informó en noviembre del año pasado. Al parecer los investigadores tenían la orden de allanamiento judicial de una empresa en la que no estaban los papeles que buscaban, pero un contador se ofre-ció a llevarles personalmente la documentación donde le indicaran. Y así lo hizo. La defensa de los imputados se aferró a este aspecto del episodio para plantear que la documentación había sido obtenida ilegalmente y no podía utilizarse como prueba contra los imputados. El juez Cartolano les dio la razón, y la fiscalía apeló a la Cámara. Mediante un fallo, la Cámara anuló el allanamiento y prohibió utilizar como prueba la documentación obtenida por esa vía. Sin esa documentación clave, el expediente quedó en estado de coma. El miércoles, el fiscal Pedro Telleriarte propuso el sobreseimiento definitivo de todos los imputados porque "el delito no fue cometido por los acusados". La causa volvió al despacho de Cartolano, quien puede firmar su envío al archivo o elevarla "en consulta" a la fiscalía de Cámara. Esta larga y compleja investigación comenzó el diciembre de 1997 con una denuncia que el entonces fiscal de Estado, Jorge Andión, presentó ante el ex fiscal Mario Rodríguez Gómez. La maniobra investigada consistió en operaciones de compra, venta y arbitraje de títulos públicos de propiedad del Estado provincial, concertadas supuestamente por debajo de los valores mínimos del mercado con el presunto fin de obtener un lucro indebido para la financiera y para quienes la ejecutaron, violando los deberes de funcionario y en perjuicio del erario público. A través de diversas pericias contables, la fiscalía estimó que hubo un perjuicio para el erario público de Neuquén de 72 millones de dólares. Los títulos en cuestión fueron transferidos a la provincia por el Estado nacional en 1992, merced al denominado "Acuerdo de Saneamiento Financiero", y operados por la financiera Argemofin SA. En noviembre de 2000, Rodríguez Gómez pidió la indagatoria del ministro de Hacienda de la provincia, Alfredo Pujante; del ex presidente del Banco de la Provincia de Neuquén, Carlos Chiáppori; y los ejecutivos de la financiera Argemofin S.A. Guillermo Gómez Prieto, Guillermo Busso, Rodolfo Magnasco, Juan Pablo Aíta Tagle, Marcelo Colombo y Juan Carlos Cerutti. Argemofin es una financiera que luego pasó a llamarse Argembur, y está mencionada en el expediente del lavado de dinero investigado por la diputada Elisa Carrió. |
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