Miércoles 12 de marzo de 2003

 

Cambian reglas para designar auditor judicial

 

El cargo, que nunca fue cubierto, tiene como función sumariar a magistrados y funcionarios y controlar los tribunales inferiores. Había una preselección, pero ahora abrirían el juego.

 
Balladini (centro) no fue a la reunión, al parecer para demostrar su disconformidad con el criterio de sus pares en el STJ.
El Superior Tribunal de Justicia cambió las reglas de la evaluación para designar al auditor general, iniciada hace casi tres años. Esta etapa plantea dudas porque ese cuerpo judicial desconoció la preselección inicial y modificó las pautas de análisis.
Ayer, el tribunal ratificó su decisión de cubrir ese cargo "en forma definitiva este primer semestre". Recordó que el concurso original "está sin resolver" y que en febrero concluyó el interinato del camarista Juan Lagomarsino. Reconoció oficialmente que ahora "el sistema de evaluación es la Acordada 1/03", y también que el Colegio de Magistrados pidió la reapertura de la inscripción por 30 días. Este requerimiento sería aceptado por el máximo tribunal.
La revisión de la preselección y de la evaluación -según fuentes políticas y judiciales- se explicaría en que ese cargo estaría ya destinado a la actual secretaria de Trabajo, Ana Piccinini, que efectivamente es uno de los nueve inscriptos en mayo de 2000 para ese cargo judicial.
Creado por ley en 1998, el Auditor nunca fue designado y tendrá un decisivo rol porque será sumariante e inspector del accionar de jueces y funcionarios. En ese sentido, la capacidad, el perfil y la experiencia del profesional elegido será determinante en el objetivo pretendido por el STJ.
El Colegio de Magistrados se preocupó por la situación. Así se lo planteó en un reciente encuentro a los jueces Luis Lutz y Alberto Balladini. El titular del Colegio, Edgardo Albrieu, habría recomendado que la designación no se politice y recomendó un perfil conciliador.
No hubo mención, pero esa alusión se direccionó a las versiones que consignan a Piccinini en ese cargo. Lutz -como presidente del STJ- aclaró que aún no hay definición, salvo su inminente designación, que se requiere por la acumulación de los expedientes iniciados por denuncias contra funcionarios o magistrados. El juez admitió además que el nombramiento no salió en su oportunidad por discrepancias entre los miembros del tribunal.
Un poco de historia: en mayo de 2000, el STJ llamó a inscripción para Auditor, junto al de Administrador General -cargo que recayó en Horacio Mión que asumió antes de concluir el 2000-. La convocatoria para la Auditoría concluyó con nueve anotados: Piccinini, María Julia Colombo, Jorge Bollero, Héctor Leguizamón Pondal, Carlos Perlinger, María Isabel Jensen, Jorge Muñoz, Mónica Baldoni y Rolando Simone. El STJ mantuvo entrevistas personales y en noviembre informó a tres de su preselección: Colombo, Pondal y Bollero. Los mismos fueron convocados a otra audiencia. Por esos días, Bollero -juez de Faltas de Viedma- anunció su retiro de la compulsa.
Igualmente, la designación nunca se formalizó, lo cual, se explica en los dichos de Lutz al Colegio: existían diferencias internas.
Durante la feria judicial se consolidó la versión de que Piccinini ocuparía ese cargo. El STJ volvió a citar en febrero a todos los postulantes, desconociendo así aquella preselección. Ocho asistieron: no concurrió Leguizamón Pondal (ya designado camarista) pero sí lo hizo Bollero (que había renunciado).
Otra ausencia que no pasó inadvertida fue la Balladini, que no concurrió a las entrevistas con los aspirantes. Habría expuesto así su diferencia con la estrategia o la elección decisión ya adoptada por el STJ.
Por caso, el tribunal determinó la aplicación -en forma retroactiva- del sistema de evaluación que establece la acordada NÂȘ 1/2003. Con criterio, una fuente judicial entendió que ese esquema se genera "dos años después de conocerse los antecedentes de los inscriptos, modificando los parámetros de evaluación".
Recientemente, el Colegio de Magistrados pidió al STJ que se reabra por 30 días el llamado de postulantes.
Habría así evitado sugerir el Auditor, especialmente porque existiría coincidencias en favor de Colombo pero el Colegio mantiene un criterio crítico a la contratación de los retirados del Poder Judicial, condición que alcanza a la mencionada preseleccionada. (AV)

Sumariante y control de jueces

El auditor judicial general tendrá la función de sumariar y controlar a magistrados y funcionarios, lo cual, evidencia la importancia que reviste su designación.
La ley 3219 establece que "tendrá jerarquía de juez de Cámara, con requisitos y funciones que se establezcan por reglamento judicial".
El auditor actuará en las investigaciones y sumarios a jueces y funcionarios que disponga el Consejo de la Magistratura, siempre bajo las atribuciones que establezca el Superior Tribunal de Justicia.
En los inicios, Lutz ya anticipó que el auditor cumplirá doble función en el Poder: "la de instrucción al Consejo de la Magistratura y la de inspección de los tribunales inferiores".
Para ser auditor se "requiere haber cumplido 30 años y tener como mínimo 5 años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial". Se establece que la "designación será efectuada por el Superior Tribunal mediante concurso".
En principio, el salario del auditor fue fijado en el equivalente a la remuneración de un camarista. Pero en el 2000, el llamado para cubrir esos cargos por parte de la Justicia originó fuertes críticas, incluyendo algunas del Ejecutivo que exigía reducir estructuras estatales. Como resultado, el STJ luego aplicó un ajuste y, entre otras decisiones, fijó ese sueldo en 5.000 pesos mensuales, sin considerar los descuentos previsionales. (AV)

   
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