Domingo 9 de marzo de 2003

 

Todo un dilema

 
  Nueve meses le quedan a la gestión de Gustavo Costanzo. Demasiado tiempo para distenderse, como pareció advertirse en su mensaje del sábado en el Deliberante. Todavía deberá plantear una opción al principal dilema que hoy tiene la comuna: las retenciones actuales y los perjuicios futuros de los juicios de los municipales por la suspensión de los 100 pesos no remunerativos.
Pero vale un poco de historia. Los 100 pesos fueron implementados en la gestión de Eduardo Rosso, pero vencida la ordenanza que los autorizó dejó de pagar esa "suma no remunerativa", aunque más tarde la Justicia entendió que era un derecho adquirido. El radical Fernando Chironi sólo mantuvo la pulseada judicial. Más tarde llegó Costanzo y, ya sin opción, asumió la cancelación de lo no abonado que originalmente rondaba los 4,4 millones de pesos, distribuidos en tres expedientes. Para adelante, el intendente incluyó parte de los 100 pesos al básico.
La deuda de 4,4 millones tenía una actualización del 12% anual, pero actualmente promedia el 4% mensual, pues la Justicia estableció una tasa mix del Banco Nación. En principio, este interés proyecta un costo mensual de unos 180 mil pesos. El municipio -embargo de por medio- abona 100 mil pesos, que se reparten 20% para los abogados -especialmente el estudio de Alejandro Buckland- y el 80% restante para 200 agentes de ese primer expediente. Otros 250 municipales esperan cobrar cuando se salden las obligaciones con los primeros.
Es obvio que el municipio de Viedma no tendrá "oxígeno" si mantiene este esquema. Algunas proyecciones bien resaltan esa inviabilidad. El sistema inicial del 12% preveía que los 4,5 millones se pagaran en unos 60 meses, con pago total de 6 millones, siempre considerando los 100 mil pesos mensuales que se pagan con las retenciones realizadas a las cuentas municipales.
Ahora, el interés del 4% mensual proyecta que el municipio habrá abonado en esos cinco años igualmente 6 millones, pero todavía adeudaría otros 23 millones por el mismo concepto salarial (equivale a dos presupuestos del municipio).
Una posibilidad más benévola es una tasa decreciente. Proyectando una baja del interés (4% en los primeros 18 meses, otro 2,5% en otro plazo igual y un 1,5% en los 24 meses finales) arrojará que el Estado aún mantendrá un pasivo de 14,6 millones a los cinco años además del pago de aquellos 6 millones.
No son necesarias más proyecciones. Este sistema de actualización exige una revisión inmediata. Los técnicos admiten dos opciones: concurrir a la Justicia para discutir el mecanismo o, directamente, abonar esos expedientes con bonos Bogar que Río Negro emitirá próximamente, con vencimiento a 16 años.
Poca solución aportaría otra actualización de tasas. Para el Estado, la entrega de bonos es la mejor alternativa pero requerirá de Costanzo mucha determinación. Habrá que confrontar con el personal y sus abogados, quienes dejarán de cobrar -en efectivo y mensualmente- su participación. Los profesionales embolsan 20 mil pesos y unos 200 agentes perciben en promedio unos 400 pesos, que conforma un monto importante en los haberes. El sólo análisis ya irrita, pues erosiona intereses personales.
La situación es todo un dilema gubernamental. Pero, Costanzo no profundizó la cuestión en su mensaje legislativo. Dijo que "los intereses superan las posibilidades" del municipio y advirtió como obligación de "los sectores involucrados hacer esfuerzos adicionales para dar solución a tan grave problema". Una reacción tibia y diluida ante una encrucijada tan difícil. Tampoco hay otras acciones que anticipen la reformulación. Salvo, que como sus antecesores, Costanzo opte por la más simple: ignorar la problemática hasta la próxima administración.

Adrián Pecollo

   
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