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Jueves 6 de marzo de 2003 | |
Advierten que los funcionarios suspendidos no deben trabajar |
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| CENTENARIO (ACE).- La concejal Sonia Masip (UCR) emplazó ayer al intendente Adrián Cerda (MPN) a que efectivice la suspensión de los funcionarios imputados en la causa por irregularidades en los fondos públicos o de lo contrario será denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público. La edil protestó también debido a que la resolución en la que se definió la suspensión de los 12 funcionarios municipales investigados por la Justicia, fue "cajoneada" en el Deliberante y recién ayer se elevaron las actuaciones al Ejecutivo municipal. Pero la resolución aprobada como tal tampoco fue elevada al Ejecutivo, ya que el presidente actual, Antonio Fasani, remitió al municipio el dictámen de una asesora legal que recomendaba revisar la validez de la sesión y el proyecto de resolución de lo que luego se aprobó ese día: la suspensión preventiva del intendente Luis Castillo y sus 11 funcionarios más la recomendación de que el departamento contable les retenga el sueldo mientras dure su suspensión preventiva. "Hasta que el Tribunal Superior de Justicia dirima la acción de nulidad del acta 791 de la sesión del 11 de noviembre pasado -cuando la oposición suspendió a los 12 funcionarios investigados- existe obligación legal de cumplir con la suspensión preventiva dictada sobre los funcionarios y agentes mencionados", dice la nota elevada ayer por la concejal. Masip recalcó que independientemente de los recursos en contra de la medida que pretenda el oficialismo "hasta que el TSJ dirima" la validez de la sesión -que es lo que cuestiona el MPN porque estaba en minoría cuando se sancionó la resolución- existe "obligación legal" de cumplir con la resolución de suspensión preventiva dictada sobre los funcionarios y agentes involucrados en las maniobras delictivas que son investigadas por la fiscalía. Dijo que al advertir el regreso al trabajo de varios funcionarios imputados por presuntas irregularidades que se habían tomado licencia para evitar el escándalo, comenzó a revisar medidas para agilizar la aplicación de la resolución. "Me encontré en el Concejo con el expediente completo donde estaba el acta en la que aprobamos la suspensión y la resolución que Jorge Moreno, como presidente del Deliberante en ese tiempo, debía haber mandado al Ejecutivo. Estuvo dos meses guardado en el Concejo Deliberante", criticó. |
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