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Miércoles 5 de marzo de 2003 | ||
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Confirmaron el procesamiento de Castillo |
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La Cámara rechazó todos los argumentos de la defensa del ex intendente de Centenario. En cambio, desprocesó a otros dos funcionarios municipales, Contreras y Ascolese. El juez deberá pronunciarse sobre la presunta asociación ilícita. |
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De todos modos Contreras y Ascolese seguirán imputados. Por otra parte Carlos Rodolfo Iribarren continuará procesado porque no apeló. Sobre los cuatro pesa un embargo de 100.000 pesos cada uno. Además la Cámara dispuso que el juez de la causa, Alfredo Velasco Copello, debe pronunciarse "en un plazo razonable" sobre si Castillo y Contreras cometieron el delito de "asociación ilícita". Es la segunda vez que le imparte una directiva similar al magistrado. Castillo fue procesado el 21 de noviembre pasado y ese mismo día renunció a la intendencia. Se fue por la puerta grande: dio una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, con todo el respaldo del gobernador Jorge Sobisch quien se sentó a su lado. Fue un apoyo extraño, porque en la cámara oculta que le hizo el diputado Jorge Taylor se escucha decir a Sobisch: "la verdad es que son unos bandidos, porque a nosotros Castillo nos ha hecho travesuras de esas que te dan ganas de ir con un fierro y matarlos. Son así". Los defensores de los imputados apelaron el procesamiento ante la Cámara, y también lo hizo la fiscalía ya que el juez no había aludido al delito de asociación ilícita, el más grave que le imputan a Castillo. Según los fiscales de Delitos contra la Administración Pública, el intendente Castillo, el desocupado Héctor Molina y otros 26 acusados formaban una banda dedicada a saquear fondos públicos. Con documentación fraguada, indica la investigación, hacían figurar beneficiarios de subsidios que nunca los cobraron y efectuaban pagos a empresas de servicios fantasmas. Ayer, los camaristas Cecilia Luzuriaga, Jorge Sommariva y Roberto Fernández dieron un respaldo a la investigación con un fallo de 15 carillas. Respecto de Castillo, los jueces rebatieron los tres cuestionamientos de la defensa: que los testigos sólo declararon ante la fiscalía sin control del defensor, que la documentación secuestrada en el municipio no fue peritada, y que a las escuchas telefónicas no se les hizo un estudio de voz. Dijeron los jueces que la fiscalía está facultada para tomar declaración testimonial, y que no surge que le hayan impedido a la defensa interrogar nuevamente a los testigos en sede judicial. Respecto de la documentación y las escuchas, afirmaron los camaristas: "estas probanzas surgen válidamente incorporadas al proceso". Añadieron que las intervenciones telefónicas "fueron realizadas previa y motivada orden judicial" y las voces "serían auténticas". En cuanto a Contreras y Ascolese, la justicia resolvió desprocesarlos por un error formal en el auto de procesamiento. Es que el juez no les impuso ninguna restricción de la libertad, por lo que el auto de procesamiento "carece de significación jurídica". Seguirán imputados, y el magistrado puede subsanar el error. Por último, el Tribunal indicó que el juez debe pronunciarse sobre la existencia o no de una asociación ilícita integrada por los imputados. Es la segunda vez que la Cámara le hace esta observación a Velasco Copello; la anterior fue cuando procesó a los desocupados Héctor Molina, Juan Lira y Sergio Altamirano. Imputados vuelven de a poco a la municipalidad CENTENARIO (ACE)- El ex secretario de Hacienda Obras y Servicios Públicos de la comuna, Roberto Contreras, volvió a trabajar en la municipalidad aunque sólo en tareas administrativas. Así lo informó ayer el intendente Adrián Cerda, al ser consultado respecto del destino de los funcionarios imputados en la causa por irregularidades en el manejo de fondos públicos. "La gran mayoría está en uso de licencia, mientras que a otras personas ya se les dio destino, como a Emilio Cimolai, que vol-vió a la dirección de Producción", dijo Cerda. Consultado por versiones que dieron cuenta del regreso al trabajo de los dos ex secretarios del intendente renunciante Luis Castillo, Contreras -ex de Hacienda y Finanzas- y Patricia Gutiérrez -ex de Gobierno y Acción Social-; Cerda dijo que "Contreras finalizó su licencia, y Gutiérrez está con una licencia por enfermedad". El jefe comunal indicó que el anterior hombre fuerte de las finanzas de la comuna "volverá a la categoría de revista", como empleado municipal, por lo que se desempeñará como administrativo. "Aún no le hemos dado destino", reconoció. De acuerdo con el informe de la justicia en el Concejo los funcionarios imputados en la causa por presuntas irregularidades con los fondos de la comuna son: Luis Castillo -el intendente que renunció en diciembre- y sus dos secretarios, Contreras y Gutiérrez. También están imputados y fueron convocados para indagatoria el subsecretario de Relaciones Institucionales, Edgardo Iribarren; el jefe de área en Servicios Públicos, Rodolfo Carlos Iribarren; el directo de Producción, Emilio Cimolai; el jefe de departamento de compras, Néstor Larrazábal y los encargados de área Elsa Lobos y Samuel Bustos. Bajo el régimen de licencia se encuentran la ex encargada de Acción Social, Elvira Ascolese, la ex secretaria privada del intendente, Graciela Pérez y el ex director de Acción Social, Mario Recchioni. Aunque los funcionarios fueron suspendidos por la oposición en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo no implementó ni la suspensión ni la retención de haberes que dispusieron los ediles porque el bloque oficialista presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para invalidar la sesión. En una actitud contradictoria, hace 15 días el bloque del oficialismo convalidó la polémica sesión de suspensión, cuando se abstuvo de votar el acta en la que se definió la situación de los imputados. El acta fue aprobada por los votos de la oposición, con la abstención del oficialismo y sin rechazos o argumentos en los que se recordara el planteo ante la justicia. |
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