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Jueves 13 de marzo de 2003 | ||
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Brasil: no será fácil para Lula erradicar el trabajo esclavo |
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La impunidad de los explotadores es el principal obstáculo |
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De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra, organismo de la Iglesia Católica que apoya los derechos de los trabajadores rurales, el trabajo esclavo viene aumentando en Brasil. La comisión denuncia como uno de los principales problemas "la impunidad" en las áreas rurales. Según cifras oficiales, por lo menos 25.000 campesinos brasileños viven como esclavos, en establecimientos agropecuarios a los que llegan atraídos por la promesa de trabajo. Hombres, mujeres y niños trabajan jornadas de más de doce horas, vigilados por hombres armados y sin cobrar ningún sueldo. En muchas ocasiones, acaban atrapados por una montaña insuperable de deudas, ya que se les cobra sumas exageradas por todo: desde un plato de comida, hasta el agua o el uso de las herramientas de trabajo. El llamado "Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo" lanzado por Lula este miércoles contempla hacer más severa la legislación contra ese delito. Sin embargo, Lula señaló que más allá de las modificaciones en la legislación, es necesario un cambio de voluntad. "Más que leyes es necesario que haya determinación y disposición política, y que el Estado brasileño se empeñe en erradicar el trabajo esclavo en el país", señaló el mandatario. Delito impune Sólo en enero y febrero de este año, unidades especiales establecidas por el gobierno anterior liberaron a 841 trabajadores explotados, según fuentes oficiales. De acuerdo a las mismas fuentes, los trabajadores liberados recibieron un total de más de US$300.000 en indemnización. La mayoría de los casos de trabajo esclavo se registran en los estados de Pará, Tocantins, Roraima, Mato Grosso, Maranhao y Piauí. En un caso citado por la agencia EFE, la justicia condenó en septiembre a un hacendado de Pará a pagar US$ 16.700 en indemnizaciones a los trabajadores esclavos en su propiedad. La ley prevé actualmente que los acusados de esclavizar a sus trabajadores sean obligados a pagar sueldos y beneficios sociales. También pueden ser sentenciados a penas de entre dos y seis años de prisión. Sin embargo, de las 26 personas acusadas y detenidas por ese delito, sólo tres han sido condenadas. Este mes la justicia allanó la hacienda Santa Anta Agropecuaria, en Pará, en la que 141 personas trabajaban en condiciones de esclavitud. El propietario de la hacienda, el ex diputado Augusto Farías, está en libertad. |
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