El fallo redolarizador pasó para hoy tras maniobra del gobierno

Nación depositó bonos para cubrir deuda con San Luis. También recusó a jueces y complicó al máximo tribunal.

Ahorristas indignados protestaron frente al Palacio de Justicia tras enterarse de la postergación del fallo.

El Gobierno depositó Boden 2012 para neutralizar la demanda judicial de San Luis por la pesificación de colocaciones por 247 millones de dólares y recusó a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, que ayer se vio forzada a postergar por 24 horas su decisivo pronunciamiento en el que declararía la inconstitucionalidad de la conversión de fondos en dólares a moneda nacional.
La gran incógnita que quedará despejada hoy es el modo y el tiempo que tendrán los bancos para devolver los depósitos, ya que el fallo por San Luis se convertirá en caso testigo para los ahorristas perjudicados por la pesificación.
A las 7.55, cuando sólo faltaban 65 minutos para que comenzara la reunión de acuerdo en la que la Corte se disponía a declarar la inconstitucionalidad de la pesificación, el Banco Nación presentó un certificado ante el máximo tribunal para acreditar que colocó títulos Boden 2012 en una cuenta de la provincia de San Luis. Con los bonos, el Nación pretendió compensar la diferencia existente entre los depósitos puntanos por 247 millones de dólares que fueron pesificados a 1,40 por billete verde, y el valor que tendrían esos fondos a la cotización de 3,21 pesos que ayer registra la moneda estadounidense.
Decenas de ahorristas marcharon en protesta hacia el Palacio de Justicia al enterarse del aplazamiento del fallo, en tanto la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, decidió permanecer en los tribunales hasta que se dicte la sentencia.
"Chorros, chorros, devuelvan los ahorros", entonaron a coro los ahorristas, al tiempo que su líder, Nito Artaza, denunciaba al gobierno por "sus acciones mafiosas" .
En medio del juego de presiones, los jueces del máximo tribunal sesionaron hasta pasadas las 19 y habrían acordado rechazar las recusaciones que el Gobierno presentó contra los ministros del cuerpo Eduardo Moliné O´Connor y Carlos Fayt.
La jugada oficial, admitieron voceros, complicó a la Corte, que debió modificar la resolución original elaborada para declarar la inconstitucionalidad del decreto 214/02 mediante el cual el Gobierno reprogramó y pesificó las imposiciones en dólares.
La intención de la administración Duhalde es que ahora la Corte declare abstracto el reclamo puntano, porque las obligaciones fueron canceladas con bonos y, según interpretaron algunas fuentes, ahora San Luis debería entablar un nuevo juicio para impugnar la entrega de los Boden, con lo cual los tiempos jugarían nuevamente en favor del Gobierno.
Por eso, los ministros de la Corte continuaban reunidos anoche, para consensuar un nuevo fallo que necesariamente diferirá del que los jueces supremos se disponían a firmar ayer.
"Esta es una maniobra más del Poder Ejecutivo, que no ha cesado de intimidar a la Corte. Responsabilizo directamente al presidente Duhalde por esto y le pido que se dedique a gobernar. Esta es una acción desesperada para que esta causa no se resuelva", disparó la gobernadora Lemme. Fuentes de la Corte coincidieron con la interpretación de la mandataria y señalaron que "lo que hizo el gobierno traspasa cualquier límite". Prometieron, de todos modos, que hoy habrá sentencia en torno a la pesificación. (DYN y Redacción Central)

Lavagna enfría el tema

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, no tiene programado "al menos por el momento" reunirse con las asociaciones bancarias para discutir la compensación que otorgará el Estado a las entidades como consecuencia de la indexación asimétrica y el pago de sentencias judiciales.
"Hoy no hubo ninguna reunión ni hay nada agendado", dijo ayer un vocero de Economía.
Este tema es de particular relevancia pues es uno de los compromisos que asumió el Gobierno con el FMI. Según la redacción del memorandum la resolución debiera concretarse antes del 14 de marzo. La semana pasada Lavagna decidió cancelar una reunión prevista por considerar que la difusión de las cifras que están involucradas en la discusión ejercían una "presión" antes de iniciarse el diálogo. (DYN)