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Domingo 16 de marzo de 2003 | |
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Revulsivo |
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Por Héctor Mauriño |
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| Es posible que en lo inmediato el fallo del juez Abelleira sobre el escándalo de las cámaras ocultas tenga un efecto desmoralizador para la sociedad, que observa con desazón cómo en los hechos se consagra la impunidad de los poderosos. Sin embargo, a corto plazo, la controvertida decisión del juez, al negar validez a los videos que dan cuenta de un presunto intento de soborno por parte del gobernador y del diputado Ferreyra, tendrá el efecto contrario, al profundizar el descrédito en que se encuentra la Justicia y acentuar el rechazo por la clase política. Conviene no perder de vista que el presunto intento de coima denunciado por Taylor apuntaba a comprar su voto para concretar el propósito del Poder Ejecutivo de instalar en el máximo estamento del Poder Judicial a jueces amigos. Más allá de los aspectos jurídicos controvertidos respecto de las cámaras ocultas, sorprende la rapidez -inusual en la Justicia- con la que Abelleira se pronunció sobre el tema, sorteando todas las recomendaciones del fiscal de Delitos Contra la Administración Pública, Pedro Telleriarte, quien solicitó que se indagara a Ferreyra y se tomara declaración explicativa a Sobisch. En realidad, el juez ya insinuó su desdén por las críticas de sus pares y de la sociedad en general cuando rechazó la recusación formulada por Taylor. El diputado había denunciado la "vulnerabilidad" del juez, a raíz de la deuda de 170.000 pesos que éste mantiene con el banco que administra el Poder Ejecutivo. Anteriormente, Abelleira se había inhibido en las causas en las que estaba involucrado el BPN por su especial relación patrimonial con la entidad, pero esta vez desafió las críticas propinando a sus pares una suerte de abrazo del oso: dejó en claro que si no podía ser juez por su condición de deudor, casi nadie en el Poder Judicial podía hacerlo. El tema provocó un pequeño sismo en la Justicia, entre aquellos que se escandalizaron por la actitud desafiante de Abelleira y los que se identificaron corporativamente con él, haciéndose eco de un razonamiento que no puede sino inquietar al conjunto de la sociedad. Como es obvio, además de intereses y deudas los jueces tienen opinión e ideología, y en el caso de Abelleira se adivina que éstas pasan por colocar al poder en un lugar inexpugnable para el común de los mortales. Después de todo, no le ha temblado la mano para borrar de un plumazo las pruebas que la opinión pública de todo el país tuvo oportunidad de apreciar por tevé y que, en el mejor de los casos, sólo confirmaron sus peores sospechas. Es posible que la desafiante decisión del juez guarde relación también con el hecho de que está en condiciones de jubilarse en cualquier momento. Pero su fallo resulta provocativo, teniendo en cuenta que rechazó excusarse cuando lo venía haciendo anteriormente; se preció de su vulnerabilidad y se pronunció con un vértigo ajeno a la Justicia. Todo en el contexto de un año electoral, que haría de la prolongación de la causa un trastorno político para los involucrados. En realidad, no pocos de los jueces y funcionarios judiciales actuales accedieron a esos cargos de la mano del MPN. Es cierto que muchos desarrollaron luego carreras independientes, pero no es menos cierto que un partido hegemónico como éste, que lleva instalado más de cuatro décadas en la provincia, y que encarna en su expresión actual un modelo de ribetes totalitarios, aunque no mueva un dedo ejerce una presión de hecho sobre todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces. En definitiva, ésta es una gestión que paralizó la Legislatura porque le estorbaba a sus planes, gobierna con decretos de necesidad y urgencia, y no desdeña apelar a la presión física cuando se trata de hacerle el aguante a un funcionario que pasa por un mal momento ante un tribunal. En este contexto, el banco de la provincia resulta en relación con los sectores medios y altos el equivalente de la bolsa de comida y el subsidio respecto de los sectores más desposeídos. En la última "capitalización" del BPN, se traspasó la totalidad de la cartera morosa al Iadep. De esa forma, la extensa lista de deudores incobrables, entre los que se encuentran funcionarios y amigos de los sucesivos gobiernos del MPN, y por supuesto varios miembros del Poder Judicial, fue sustraída del conocimiento público. El oficialismo cuenta así con un instrumento que le permite perdonar a los incondicionales, castigar a los adversarios y presionar a los remisos. En realidad, el peso del modelo encarnado por Sobisch es tal, que opera como una mano invisible que lleva a la autocensura a jueces y funcionarios de todos los poderes, como se ha visto con diputados que votaron inesperadamente contra sus bloques, y como al parecer se pensaba hacer con Taylor. Nada de todo esto es nuevo. Tampoco que muchos en este Poder Judicial, como en los restantes estamentos de la sociedad, resisten como pueden las presiones de arriba y cumplen con su deber. Por eso, el fallo del juez Abelleira que en los hechos desincrimina a dos altos funcionarios en tela de juicio, bien podría resultar a corto plazo un revulsivo para sus beneficiarios. La impunidad cansa, y algo de ese cansancio ya se expresó en la derrota del MPN en las elecciones municipales. Héctor Mauriño |
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