¿Habrá conciliación entre la provincia y familiares?

La "solución amistosa" que la CIDH propuso entre las familias de las víctimas y el gobierno rionegrino se encuentra estancada. Acusan al Estado de no cumplir tres puntos prefijados.

Los familiares y amigos de las víctimas acusan al gobierno de no cumplir con lo pactado y aseguran que esperarán hasta el 14 de abril.

A catorce años del Doble Crimen de Río Colorado, todavía los familiares de las víctimas reclaman -a nivel internacional- un resarcimiento y un reconocimiento de las irregularidades cometidas durante la investigación policial, de las que responsabilizan al Estado provincial.
Pero la instancia de "solución amistosa" que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió ante el reclamo presentado por los padres de Sergio Sorbellini y de Raquel Lagunas podría fracasar si la provincia no cumple dos puntos ya acordados y se aviene a concertar una cifra en relación con el reclamo económico.
La denuncia del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue formulada a fines de 2001. Durante 2002, un grupo de la CIDH visitó la región para interiorizarse de tres temas puestos a su análisis: la contaminación denunciada por una comunidad mapuche de Neuquén, el triple crimen de las hermanas María Emilia y Paula González y de su amiga Verónica Villar, y el doble crimen de Río Colorado.
La provincia de Río Negro -representada al efecto por el subsecretario de Orden Público, Fabio Rey, y el subsecretario de Derechos Humanos, Rubén Bertea- se allanó en principio a buscar una "solución amistosa", instancia previa al análisis de la denuncia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hasta el momento, las reuniones no han tenido los frutos que se esperaba.
Los familiares centran su reclamo en tres puntos: En primer lugar, el reconocimiento de la provincia de que hubo violación de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares, al ser éstos puestos en sospecha y no lograr su objetivo de que se haga justicia; en segundo término, un reconocimiento a los jóvenes fallecidos colocando su nombre a una plaza o una calle de Río Colorado; y por último, una reparación económica a los padres, por el daño provocado por la desaparición de sus hijos y los gastos a que se vieron obligados luego.
Las conversaciones entre los abogados de las familias Sorbellini y Lagunas y los representantes provinciales comenzaron en julio pasado. El 30 de agosto siguieron ante la Cancillería, porque si la CIDH homologa el acuerdo, es el Estado nacional quien debe hacerse cargo ante el organismo internacional.
El 30 de setiembre, en ese mismo lugar, se acordaron los términos del primer punto, que incluyeron la publicación de una solicitada por parte del Estado provincial haciendo saber de "una condena pública en repudio del asesinato y su enorme preocupación por las denuncias de irregularidades en la investigación policial" que surgen del informe legislativo. El Estado también se comprometía a reivindicar el buen nombre y honor de las víctimas y sus familiares, a tramitar ante el municipio de Río Colorado el homenaje local y a investigar las irregularidades y hacer un informe semestral a la CIDH sobre el avance de esas actuaciones.
Hasta el momento, ni la solicitada se publicó ni se informó a la CIDH sobre la marcha de investigación alguna.

Sólo 30.000 dólares

En cuanto a la reparación económica, hasta el momento no hay acuerdo, puesto que la provincia propone pagar el mínimo de 30.000 dólares, que está muy por debajo de lo reclamado por las familias.
El abogado de la familia Sorbellini, Sergio D"Agnillo, confirmó el estado del trámite y manifestó que "para el día en que se cumplían los 14 años del homicidio de los chicos, habíamos pedido la publicación de la solicitada y el resto de la reparación simbólica, pero nada de eso ha hecho la provincia".
El 14 de abril, habrá una nueva reunión entre las partes y, en caso de no arribar a un acuerdo, D"Agnillo indicó que la postura de sus representados es "pedir que se acredite el cumplimiento de esos primeros puntos y, de lo contrario, nos retiraremos de la negociación dando por finalizado el intento de "solución amistosa" y habilitando la siguiente instancia, de mayor gravedad puesto que implica la decisión unilateral de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pase del expediente a la Corte".

Dos causas, ninguna condena

El reclamo de los familiares se basó en las graves conclusiones a que arribó la Comisión Legislativa que revisó la investigación de los crímenes, al detectar la desaparición de prendas y el ocultamiento de otras pruebas depositadas en sede policial, que se había certificado una autopsia nunca realizada, que el sumario policial contenía numerosas inexactitudes, entre otras.
El asesinato del que fueron víctimas los dos jóvenes novios está impune, aunque la causa sigue abierta y sin mayores novedades, a cargo del juez Juan Torres y de la fiscal Ana Benito.
Por otra parte, se tramita la causa por presunta asociación ilícita, que tiene como imputados a quienes conducían la comisaría de Río Colorado al producirse los homicidios: los policías Héctor Almendra, Rodolfo Bolhman, Reynaldo Pérez y Viterbo Castro, a quienes se les imputa integrar una organización para el tráfico y comercialización de animales producto de la faena clandestina. Recientemente, la Cámara del Crimen anuló el pedido de elevación a juicio por considerar que no incluye una descripción y pruebas de los hechos particulares que demuestren tal asociación. El tiempo transcurrido y las dificultades que esto produce parecerían indicar que la causa marcharía camino al sobreseimiento y al archivo de las actuaciones.