Viernes 7 de marzo de 2003
		Bomba jurídica
		Puesto que la "pesificación asimétrica" siempre ha sido la piedra basal de la estrategia económica del gobierno encabezado por Eduardo Duhalde, para no hablar del "nuevo modelo" que dice haber instaurado, la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional el decreto 214/02 que la estableció le ha supuesto un golpe muy duro, si bien se ha demorado tanto que es imposible prever cuáles serán sus consecuencias concretas en un país que, mal que bien, ya se ha "pesificado" de forma extremadamente "asimétrica". Por cierto, fueron prematuros los festejos celebrados por aquellos ahorristas despojados de sus dólares que parecían creer que pronto podrían recuperar todo lo que habían creído perdido en la moneda originalmente pactada: en última instancia, sus perspectivas, como las de la provincia de San Luis cuyo reclamo motivó el fallo de la Corte, dependerán de la disponibilidad física de los fondos necesarios. En sentido contrario, el fallo ha alarmado sobremanera a quienes tenían deudas en dólares y que se suponían a salvo de sus acreedores gracias a la pesificación forzosa. En vista de que muchos, si bien no todos los deudores, son al igual que el país mismo más pobres de lo que eran hasta fines del 2001, es evidente que no estarán en condiciones a hacer frente a sus obligaciones legales. Dicho de otro modo, si bien en términos jurídicos y, huelga decirlo, éticos, la decisión de la Corte parece correcta por haber supuesto la pesificación ordenada por el gobierno a rajatabla una quiebra brutal de la legalidad, el país ha cambiado tanto en el curso de la gestión de Duhalde que ya no será posible restaurar el statu quo anterior. Puede entenderse el enojo que sienten los comprometidos con la pesificación, medida que perjudicó enormemente a los ahorristas en beneficio de empresas endeudadas que de otro modo se hubieran visto hundidas por completo por la devaluación atropellada del peso, pero los políticos responsables deberían haber pensado más en lo que hacían cuando intentaban dar un vuelco drástico a la economía rompiendo de golpe con un sistema que había funcionado adecuadamente durante un lapso relativamente prolongado. Es que además de abandonar el esfuerzo por desafiar a "los mercados" que decretaban que un peso valía menos que un dólar que en aquel entonces estaba insólitamente fuerte ante las demás monedas, aprovecharon la oportunidad para favorecer groseramente a algunos en desmedro de otros. En efecto, las polémicas que desató la megadevaluación han girado mayormente en torno del entusiasmo excesivo por un "dólar recontraalto" de quienes habían contraído deudas enormes en dólares que al parecer lograron salir del brete en el que se encontraban gracias a las decisiones netamente políticas que fueron tomadas por sus amigos. Aunque es poco probable que el fallo de la Corte sirva para eliminar la injusticia ocasionada por la irrupción destructiva de la política, por lo menos podría ayudar a repartir de manera un tanto más equilibrada los costos del colapso. Por ser la Justicia en nuestro país tan propensa a estirar los plazos, es posible que resulte estar en lo cierto el candidato presidencial oficialista, Néstor Kirchner, que a diferencia de otros simpatizantes de Duhalde ha procurado minimizar las implicancias del fallo afirmando que en su opinión no traerá "problemas muy agudos ni muy graves". Lo estará si el próximo gobierno maneja la economía con sensatez y realismo para que la cotización del peso deje de ser distorsionada por la desconfianza generalizada para acercarse al nivel indicado por su poder de compra. Es que la brecha enorme que separa la legalidad económica, tal y como la entiende la Corte, de la economía real se debe en buena medida a que luego de haber estado sobrevaluado durante muchos año el peso se ve subvaluado por un margen todavía mayor. A pesar de que el tipo de cambio actual es claramente del agrado del ministro de Economía Roberto Lavagna y de ciertos industriales "productivos" vinculados estrechamente con el presidente Duhalde, su eventual normalización contribuiría más que cualquier fallo a hacer más tolerable la puja entre los diversos sectores que, como es lógico, en medio de una crisis devastadora quisieran minimizar sus propias pérdidas y, si pueden, aprovechar las oportunidades brindadas por la incertidumbre para convertirlas en ganancias.
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