Lunes 3 de marzo de 2003
		El peor servicio
		De las privatizaciones que llevó a cabo el gobierno del ex presidente Carlos Menem, la más desafortunada ha resultado ser la de los ferrocarriles, pero por tratarse de concesionarias de la capital nacional, los servicios brindados tuvieron que tornarse realmente "calamitosos" para que, por fin, comenzaran a producirse algunas polémicas comparables con las desatadas por las vicisitudes de otras empresas relativamente exitosas que se habían encargado de partes de los viejos monopolios estatales. Según parece, a las entidades oficiales responsables de monitorear los servicios públicos manejados por empresas privadas, a los abogados que se especializan en "defender al consumidor" y al grueso de los políticos siempre les ha importado mucho menos la calidad de los servicios prestados que las eventuales connotaciones ideológicas, sobre todo cuando a su juicio éstas podrían servir para recordarnos que la Argentina es víctima de corporaciones multinacionales resueltas a saquearla. Por cierto, sería difícil pensar en otra explicación de la extraña falta de reacción tanto de sucesivos gobiernos nacionales como de grupos presuntamente comprometidos con el bien público frente al desarrollo escandaloso de los servicios ferroviarios en el curso de los diez años últimos. Si bien dichos servicios eran lamentables cuando estaban en manos del Estado, en opinión de muchos usuarios en la actualidad su desempeño es más denigrante aún. Por eso, era comprensible que el candidato presidencial oficialista Néstor Kirchner se sintiera tentado a procurar atraer a los votantes hablando, si bien de forma un tanto ambigua, de la reestatización de las líneas ferroviarias, pero para su propia sorpresa la idea no fue bien recibida. El escaso interés de la gente por la propuesta del santacruceño puede entenderse. Si el Estado ni siquiera está en condiciones de obligar a los operadores privados a mejorar su desempeño, sancionándolos toda vez que violen los términos de las concesiones originales, sería poco razonable creerlo capaz de encargarse del manejo del servicio. Es que en última instancia el responsable de la situación vergonzosa de los ferrocarriles es el "Estado ausente" que, por desidia o por otros motivos, no se preocupó por el deterioro constante de los servicios prestados por las concesionarias hasta que, a escasas semanas de las elecciones, les pareció conveniente hacerlo, de ahí el informe que fue confeccionado hace poco a pedido del gobierno de Eduardo Duhalde y el ultimátum presentado a las cuatro concesionarias de la región metropolitana según el cual les incumbe "arreglar y limpiar" todos los trenes y estaciones de la Capital y el conurbano bonaerense en un lapso de cuarenta días o correr el riesgo de ver rescindidos los contratos. Tanta firmeza sería apropiada si la condición penosa de los trenes y las estaciones se hubiera debido a nada más que un par de meses de abandono, pero sucede que es el resultado de muchos años de negligencia sistemática. Por su parte, las empresas operadoras señalaron que el gobierno no les ha estado pagando todos los subsidios acordados -lo que no extraña porque, como es notorio, la política económica oficial se basa en el no pago-, que la policía no ha sabido frenar el vandalismo que según parece se ha hecho rutinario en todo el país y que, de todos modos, los contratos son bastante confusos. Es probable que en términos legales los voceros de las empresas concesionarias tengan razón. Por cierto, no es ningún secreto que muchas privatizaciones constituyeran monumentos a la desprolijidad administrativa y que los arreglos posteriores hayan contribuido a crear una situación en la que es casi imposible determinar quién debería asumir la plena responsabilidad por lo que ha sucedido. Sea como fuere, a esta altura es indiscutible que por la ineficiencia que lo caracteriza o por la resistencia de ciertos funcionarios a enojar a empresarios poderosos, el Estado nacional ha permitido que las empresas de ferrocarriles continuaran administrando de forma pésima un servicio esencial. Es de esperar, pues, que la severidad de la que el gobierno está haciendo gala no sea sólo una maniobra electoralista, sino el inicio de una etapa en la que el Estado tome en serio sus responsabilidades indelegables.
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