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Jueves 20 de marzo de 2003 | ||
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Sugieren no dar a CAPSA el lado sur del Catedral |
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Un informe elaborado como aporte desnuda las falencias de la firma. Está en concurso de acreedores y ésa es la mayor dificultad. |
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El informe, elaborado como "un aporte" al gobierno provincial, para que este logre "una mejor negociación con la empresa concesionaria del sector norte del complejo invernal" (CAPSA) fue elaborado por un grupo de técnicos, abogados y contadores públicos. El mismo analiza en detalle el concurso de acreedores de CAPSA, la transferencia del sector sur de la montaña a dicha empresa y la carta intención elaborada por las autoridades provinciales para "readecuar el contrato vigente". Entre los aspectos centrales se concluye que "a la fecha no existe obligación alguna por parte de la provincia de entregar la ladera sur del centro invernal a la concesionaria del sector norte, en consideración a que la citada empresa se encuentra en concurso y en concordancia con el régimen general de contrataciones del Estado que prohíbe expresamente a la administración celebrar contratos con empresas concursadas". Este razonamiento parecería estar avalado inclusive por el juez del concurso, doctor Juan Garibotto, el cual recientemente desestimó una petición de CAPSA para que se agilice el traspaso, por cuanto la misma "excede el marco del concurso" y además se produce "con posterioridad al mismo". De esta manera, antes de acordar cómo va a desarrollar el área sur del complejo, CAPSA debería "lograr un acuerdo de pago con sus acreedores" y "demostrar la capacidad económica y financiera para hacer frente a nuevas inversiones y presentar los avales correspondientes". Los profesionales sostienen que de firmarse la "promocionada adecuación contractual no solamente se estaría violando la Ley de Obras Públicas, sino que además se estaría convalidando los incumplimientos y renunciando a los legítimos derechos que emanan de la licitación 01/92". "Observamos con suma preocupación las presiones que se ejercen a los fines de reformular el contrato original, cuando estamos ante una empresa concursada, que le debe a la provincia cerca de 3 millones de pesos, que ha incumplido sobradamente con las prestaciones comprometidas contractualmente (obras y cánones) y ni siquiera ha formulado una propuesta de pago", señalaron. Detallan que el informe de la sindicatura enuncia un activo corriente cercano a los 2 millones de pesos y un pasivo verificado de 8.6 millones. Asimismo detallan un pasivo contingente (que debe esperar sentencias judiciales) por otros 3 millones. "Es en consecuencia por demás endeble la situación financiera de la concursada, por carecer de un flujo de fondos suficientes para el pago de su deuda y para cumplir con las obligaciones de inversión a su cargo", concluyeron. Es evidente que el único objetivo de la hoy concursada es "perpetuarse en su incumplimiento y deficiente prestación de un servicio esencial para la provincia", lo cual fue reconocido por la fiscalía provincial de Estado, en su recurso de reposición contra la medida cautelar. |
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