Miércoles 12 de febrero de 2003

 

Marchan contra "el remate de la Patagonia"

 
  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Representantes de distintas comunidades indígenas de la región manifestaron su rechazo a la venta de grandes extensiones de tierra propiciada desde los distintos gobiernos y también al avance de las explotaciones mineras que dañan el medio ambiente.
Hoy por la mañana realizarán una marcha por el centro de la ciudad en el marco de la campaña "contra el remate de la Patagonia" que -según dijeron- ya cosechó fuerte solidaridad el resto del continente y también en Europa.
En la exposición de ayer estuvo presente el dirigente peruano Rodrigo Ruiz, en representación de una entidad que nuclea a las más de mil comunidades de su país afectadas por la minería.
Aclaró que su postura no es de una oposición cerrada a esa actividad, pero sí a las prácticas que no guardan cuidado alguno por el entorno ambiental. Relató el caso de un derrame de mercurio ocurrido poco tiempo atrás en una inmensa mina de oro que afectó a más de 1.000 pobladores.
Señaló también que en Perú hay ya 160 ríos y lagos contaminados por la minería y que el proceso de instalación de la empresa Meridian Gold en Esquel "es casi una copia" de lo ocurrido en su país. "Está claro que hay una estrategia consensuada entre los grandes empresarios mineros" para hacer sus negocios con desprecio por los derechos "a la vida, al aire y al agua" de las poblaciones nativas.
La movilización de hoy comenzará a las 9 frente a la intendencia del parque nacional Nahuel Huapi y terminará en el Centro Cívico. Confirmaron su participación la CTA, la Corriente Clasista y Combativa, la APDH y distintas ONGs ambientalistas.
Desde Esquel llegaron también para sumarse a la protesta los representantes de la comunidad Pillan Mawiza Moira Millán y Martiniano Jones Huala, que están imputados en una causa federal por el corte de rutas realizado el 11 de octubre. "Cada vez que demandamos derechos la Justicia nos reprime" protestó Millán, y contrastó esa reacción con la demora de las mismas autoridades en hacer respetar las cláusulas constitucionales que favorecen a los pueblos indígenas.
   
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