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Viernes 28 de febrero de 2003 | ||
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"Ñoquis" agravan procesamiento de Gagliardi |
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La Justicia ratificó el fallo de Bustamante y amplió la calificación del delito ya que, como funcionario, debió cuidar lo ajeno. |
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El procesamiento lo había dictado el juez Jorge Bustamante, que comprobó que varios empleados legislativos -entre 1992 y 1995- cobraban sin cumplir funciones en ese poder. Ese magistrado en marzo del año pasado lo procesó por el delito de "fraude a la administración pública". Ahora, la Cámara en lo Criminal -que integran Roberto Maturana, Ernesto Rodríguez y Ricardo Rodríguez Aguirrezabala- declaró "desierta" la apelación que planteó el defensor Jorge García Osella porque "no expresó agravios o no cuenta con los concretos motivos" del reclamo. En cambio, este tribunal aceptó las apelaciones de la fiscal Adriana Zaratiegui -mantenidas por el fiscal de Cámara, Juan Peralta- basadas en que la tipificación del procesamiento de Gagliardi se debía agravar por su condición de funcionario público. En los fundamentos, la Cámara resaltó que "claramente, Gagliardi por el cargo que detentaba tenía bajo su órbita el cuidado de intereses y bienes ajenos, y asimismo la facultad de designar personal y pagar sus remuneraciones". Agregó que ejerció "dichas atribuciones de manera tal que ha perjudicado los intereses de la provincia pagando salarios sin la debida contraprestación laboral y, en algunos casos, sin conocimiento de los interesados de su condición de empleados públicos". Además, entendió que existe "una adecuada causalidad entre el hecho de los nombramientos y/o contrataciones (por disposición del imputado) y el perjuicio ocasionado (al erario provincial), más el agravante de su obrar en calidad de funcionario público provincial". En su instrucción, el juez Bustamante concluyó que Gagliardi nombró a Graciela Pereyra en la Legislatura entre enero del "92 y diciembre del "95, sin que la mujer se desempeñara allí pero sí en tareas partidarias. Añadió que el entonces vicegobernador cobró los sueldos de ella por un poder que se hizo otorgar y retuvo parte de los mismos. De igual forma, designó también a María Ñanculeo y a Patricia Baena en distintas fechas. La causa se inició en 1995 por denuncia de los abogados Hugo Lapadat, José Antonio Sánchez, Néstor Torres y Raúl Bruno, quienes se presentaron a la Justicia a partir de un panfleto denominado "Restaurante La Papa" donde se consignaban nombres de empleados legislativos que no prestarían funciones en ese Poder. Ante el juez de primera instancia, Gagliardi declaró que aquellas tres mujeres -Pereyra, Ñanculeo y Baena- cumplían funciones de asesoramiento en los barrios periféricos y que confeccionaban fichas. Sobre las retenciones de los respectivos salarios dijo que eran un "aporte voluntario" para formar un fondo de ayuda solidaria barrial. En los fundamentos de su procesamiento, Bustamante coincidió con la fiscal en que la maniobra de Gagliardi fue la de designar a las empleadas en funciones inexistentes, cobrando por ellas sueldos merced a la autorización obtenida, en los casos de Baena y Ñanculeo de manera engañosa, aunque el imputado o su esposa les dieran ocasionalmente unos pesos. |
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