Viernes 14 de febrero de 2003

 

El Tribunal Superior sepultó el arraigo docente por inconstitucional

 

El máximo estamento de la Justicia neuquina puso fin a la disputa de ocho meses entre el gremio y el gobierno

  NEUQUEN (AN).- Tal como ocurrió hace una década, el TSJ declaró una vez más inconstitucional la aplicación del arraigo docente, que impulsaba el Poder Ejecutivo neuquino, a instancias del Consejo Provincial de Educación, según informaron ayer desde el gremio docente, ATEN.
La Corte neuquina decidió poner fin a la disputa judicial que durante más de ocho meses mantuvo el gremio y el CPE encabezado por Mario Pilatti.
El fallo del TSJ ratificó el dictamen que de la Cámara de Apelaciones que rechazó la apelación del CPE a un fallo de primera instancia de la justicia laboral, según informó el secretario de prensa de ATEN, Luis Cabral.
La resolución 605 premiaba el tiempo de residencia en la provincia y privilegiaba la formación en institutos de formación docente locales al momento de postular a un cargo en el sistema educativo provincial.

Había sido anunciada por Sobisch

Esa iniciativa había sido anunciada por el gobernador Jorge Sobisch el pasado uno de mayo durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura neuquina.
Luego, ATEN promovió una acción de inconstitucionalidad para frenar la aplicación de ese disposición. Ayer el TSJ le dio una vez más la razón de la misma forma que lo hizo hace una década cuando se intentó instrumentar una ley de arraigo alentada por Mario Ever Morán, quien estaba al frente del CPE, en el primer gobierno de Sobisch. En esa oportunidad, el TSJ también declaró esa norma inconstitucional.
Ayer por la tarde la seccional de Neuquén capital analizaba, además, la implementación del sistema informático que impulsa el ISSN con la tarjeta magnética, que los consejeros gremiales objetaron en la Justicia.
Esa causa está en manos del juez Juan José Gago y ya tiene un dictamen del fiscal Pedro Telleriarte, quien detectó supuestas irregularidades en el convenio suscrito entre el ISSN e Impsat, la firma que tiene en su poder el software del sistema. El fiscal pidió, además, la declaración indagatoria del titular de la obra social provincial, Gerardo Hettinger. Hoy, los secretarios de cada seccional se reunirán en Zapala donde se decidirá un probable plan de lucha por la recomposición salarial.
   
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