Jueves 6 de febrero de 2003

 

Investigarán presuntas irregularidades con lotes

 

La municipalidad le reclamó a la Justicia que investigue las áreas de la comuna mencionadas, desde las cuales aseguraron no tener indicios de la posibilidad de estas maniobras.

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Ejecutivo municipal de Bariloche reclamó a la Justicia penal que investigue la supuesta existencia de una "mafia" dedicada a "vender" datos sobre lotes desocupados, según la denuncia pública que formuló días atrás un agrimensor.
Las sospecha en principio recaería sobre las áreas de Catastro y Obras Particulares, aunque sus responsables aseguraron no tener indicio alguno de maniobras como la aludida.
En distintos sectores del ejido barilochense -especialmente en los faldeos del cerro Otto, sobre la ruta a Llao Llao y en la península San Pedro- existen numerosas parcelas virtualmente abandonadas por sus dueños, quienes nunca pagaron las tasas ni demostraron interés alguno en hacer uso de su propiedad.
Algunos de esos lotes son ocupados de hecho por personas de escasos recursos que no tienen otro lugar para vivir. Pero también habría fuertes intereses de especuladores inmobiliarios para comerciar datos de los terrenos más codiciados.
El subsecretario municipal de Planeamiento, Eduardo Reddy, dijo que no le consta que haya negociaciones de ese tipo. Además la consideró improbable, porque "si alguien tiene la intención de titularizar algún lote de ésos a su nombre, forzosamente tiene que iniciar un juicio de usucapión y esperar años hasta obtener sentencia favorable".
Aún así, al conocer la acusación genérica del agrimensor Julio Posse sobre "una mafia que vende lotes", Reddy se presentó ante la fiscalía de turno para promover la investigación, a la que se comprometió a aportar los "datos o pruebas" que estén a su alcance. De todos modos consideró que la denuncia del agrimensor "es pura cháchara".
Tanto Reddy como la jefa de Catastro, Marta Porris, aclararon que "cualquier interesado puede obtener los datos exactos de una parcela, porque son públicos" y pagando una tasa de 2,5 pesos se lleva la "plancheta" respectiva, con el nombre del titular. Con ese documento puede averiguar luego en "Fiscalización y Contribuciones" si el inmueble en cuestión tiene deudas municipales.
Porris dijo que en los últimos meses hubo un incremento notorio de consultas de ese tipo, pero desmintió rotundamente que exista una organización montada para traficar datos.
Señaló que las consultas que reciben a diario en el mostrador tienen diferentes motivaciones y que en muchos casos es evidente el propósito de buscar terrenos aptos para ser ocupados. Aseguró además que no todos los interesados son personas de condición humilde, "también hay profesionales".
Reddy admitió que la presión que se registra sobre los lotes ubicados al Oeste del ejido se ve facilitada por los numerosos fraccionamientos realizados en esa zona hace más de 50 años, cuando estaba muy poco poblada y el sentido común aconsejaba subdividir en parcelas grandes.
Según Reddy, esa política "fue una verdadera locura", ya que muchísimos de los propietarios compraron en Buenos Aires sólo "por inversión" y con los años dejaron de pagar y se desentendieron de sus parcelas.
La enorme cantidad de tierras en esa situación, con dueños inhallables, entorpece el desarrollo urbano y la prestación eficiente de servicios además de atentar contra la recaudación municipal.
Reddy reconoció que "corrupción puede haber, como en cualquier ámbito", pero recordó que las especulaciones sobre los terrenos "tienen el límite de la Justicia" porque es indispensable el fallo de un magistrado para escriturar un terreno reclamado por prescripción veinteañal.
   
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