Sábado 1 de febrero de 2003

 

Postergarían el arancelamiento en juzgados de paz
 

Ayer analizaron el tema con varios legisladores. Varios municipios reclamaron su derogación.
  El Superior Tribunal de Justicia rionegrino postergaría otra vez -ahora hasta el segundo semestre- la implementación del arancelamiento de gestiones en los juzgados de paz, que estableció a partir de diciembre pasado.
Esa suspensión parcial se analizó en un encuentro de los miembros del STJ con legisladores, quienes plantearon observaciones al cobro de los trámites en los juzgados de paz.
Entre las quejas institucionales, el Concejo Deliberante de San Antonio pidió a la Legislatura que directamente derogue la facultad del STJ para implementar ese arancelamiento.
Ese cuerpo municipal alertó que la dispersión de su municipio determina que diligencias en el puerto sanantoniense -como la notificación a un testigo en una causa civil- tengan costos superiores a 120 pesos para los accionantes. Otros municipios -como Viedma y Roca- habrían solicitado igual revisión a la Justicia y además se quejaron a la Legislatura.
Según trascendió, los legisladores aceptaron una propuesta del presidente del STJ, Alberto Balladini, que consiste en prorrogar hasta el 30 de junio próximo "la aplicación efectiva" de los aranceles.
Así se expresa en una misiva que remitieron los diputados, en la cual también recomiendan que "las nuevas funciones asumidas por esos juzgados como son las responsabilidades en las cuestiones de menor cuantía y sobre la temática de la violencia familiar deberían realizar una publicidad para conocimiento de los rionegrinos".
Mientras tanto, según la nota remitida, el Concejo Deliberante de San Antonio pidió a la Legislatura que "dejen sin efecto las facultades dadas al Superior Tribunal de Justicia para tarifar los servicios de los Juzgados de Paz".

Los más afectados

Los concejales cuestionan los aranceles fijados por la Acordada 35/2002, en la cual "se limitan las funciones de los juzgados y se establecen tarifas para los trámites".
El Concejo advirtió que "la limitación de los trámites afectan a las personas de más escasos recursos, quienes deberán recurrir a los servicios de escribanos u otros profesionales para certificaciones de firmas u otros actos". Se agrega que establecer aranceles "significa un duro golpe para quienes pretenden acceder al servicio de justicia y residen fuera de las ciudades que concentran la actividad judicial".
En otra parte, el Concejo ejemplifica su situación con los vecinos del Puerto de San Antonio Este ya que "además de la tasa de justicia y aportes deberán pagar 120 pesos por cada cédula o mandamiento que deba diligenciarse" mientras en "Las Grutas abonarán 35 pesos por cada uno de los trámites".
Cuestionó que esta política "establece una diferencia irritante entre los habitantes de Bariloche, Cipolletti, General Roca, Viedma y Choele Choel, que tienen sedes judiciales, y las restantes ciudades de la provincia".
Ayer, en diálogo con "Río Negro", el presidente del Concejo Miguel Galindo Roldan explicó que esta cuestión aleja aún más a la gente del servicio de Justicia. Reiteró que "la política en materia judicial debe tender a llevar el servicio al alcance de la gente que vive fuera de los centros judiciales y no a privarlos del mismo".
Manifestó que se pidió la derogación a la Legislatura para "rever la autorización dada por el Poder Ejecutivo, a través del decreto de necesidad y urgencia 10/2001".
Galindo Roldan ejemplificó que cualquier notificación de una demanda civil en Las Grutas determinará un costo de 5 pesos por la cédula y otros 120 pesos por el traslado de la notificación ya que se estableció un valor por kilómetro. (AV)

Una polémica acordada

La acordada que estableció esta política tarifaria se concretó a mediados de 2002 pero recién se implementó en diciembre pasado tras reiteradas críticas. En su oportunidad, el STJ explicó que "los aranceles para las diligencias son razonables, no son desmedidos".
Entre los arancelamientos, se fija un costo de 10 pesos por diligenciamientos de mandamientos de jurisdicción provincial en los radios urbanos y rural. Los exhortos locales preveían un costo de 20 pesos, más dos pesos por kilómetro en caso de traslados fuera de la jurisdicción.
Los diligenciamientos de oficios de prueba en causas de contenido patrimonial tienen un valor de 15 pesos, más 5 pesos por audiencia o diligencia fuera de la sede física del Juzgado de Paz.
Las certificaciones de firmas de actos de contenido patrimonial superior a 2.500 pesos tienen un recargo del 1,5 por ciento, con lo cual el básico pasa a ser de unos 38 pesos. Si no obstante el contenido patrimonial el monto fuere indeterminado o indeterminable, se aplicará una suma fija de 10 pesos más 0,25 por cada foja. También ocurre algo similar con la autentificación de fotocopias de actos de contenido patrimonial. (AV)
   
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