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Viernes 21 de febrero de 2003 | |
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Causa AMIA: ordenan a espías de la SIDE decir todo lo que saben |
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| El tribunal del juicio por el atentado a la AMIA pateó ayer el tablero que le había impuesto el Gobierno al anular casi todo el decreto 41/2003 que había firmado el presidente Eduardo Duhalde, y disponer así que los 14 agentes de la SIDE que fueron citados a declarar deberán contar todo lo que saben del caso, aunque comprometan a espías extranjeros y sin poder ampararse en el secreto de Estado. Así lo anunció ayer el tribunal oral federal número 3, que conforman los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, quienes así doblaron la pulseada que mantenían con el Gobierno en torno a ese tema. Resulta "un intolerable exceso de las facultades presidenciales establecer el procedimiento que deberá adoptar el Tribunal en caso de que el testigo previamente relevado conociera un dato o hecho que pudiera llevar a la apreciación de la inocencia de alguno de los imputados", dijo el tribunal, en una resolución de más de 60 carillas. Y consideró que la intención del Gobierno de limitar la declaración de los agentes de la SIDE significa "la implementación de una medida obstruccionista que impide correr el velo acerca de la realidad de los hechos y de la investigación". Es que los integrantes del tribunal, los fiscales, las querellas y los defensores quieren preguntar todos los detalles que hacen a la vinculación de la SIDE en la causa, ya que la actuación del organismo de inteligencia fue uno de los puntos más cuestionados durante el transcurso y generó incluso que varios agentes fueran sancionados el año pasado. La polémica por la declaración de los espías está instalada en el juicio que se sigue contra la llamada conexión local del atentado desde los primeros días del proceso oral que comenzó el 24 de septiembre del 2001, cuando el tribunal le pidió autorización al entonces gobierno de Fernando de la Rúa para levantar el secreto de Estado que regía sobre 14 agentes citados, encabezados por Hugo Anzorreguy, el "señor cinco" durante el atentado que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas. Además de Anzorreguy, el tribunal citó el ex jefe de la "Sala Patria" de la SIDE, Patricio Pfinnen y a quien sería su rival interno, el jefe del llamado "Grupo 85", Jaime Stiusso. También fueron convocados dos colaboradores directos de Anzorreguy, Rodrigo Toranzo y Jorge Igounet; y dos de los principales investigadores del caso, Jorge Lucas y Alejandro Brousson. La lista la completaban los agentes Carlos Lavié, Juan Carlos Gervasoni, Jorge Brouzas, Néstor Hernández, Juan Carlos Anchazar, Daniel Romero y José Tomás Alba Posse. La contestación oficial al pedido del tribunal llegó en marzo último, durante el mandato de Eduardo Duhalde, autorizando a levantar "parcialmente" el secreto de Estado y determinar que los testigos no podían ser interrogar por "actos o hechos que involucran a ciudadanos de terceros Estados". Pero el tribunal se quejó de esa limitación al entender que podría ir contra el esclarecimiento del caso, y el Gobierno contestó con otro decreto, el 41/2003, que tampoco convenció a los jueces. Es que en el decreto autorizó a hablar de todo, pero sólo a los jefes de la SIDE que habían sido citado: Anzorreguy, Pfinnen, Stiuiso y Luca, con lo cual evitó así que el resto de espías convocados desfilaran ante el tribunal. (DYN) |
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