Piden investigar acuerdo con el FMI

Fiscalía solicitó que se abra un sumario para determinar si los firmantes incurrieron en delito

Los fiscales Freiler (foto) y Delgado dieron curso a un pedido del abogado Eduardo Barcesat.

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron que se abra un sumario para determinar si el presidente Eduardo Duhalde y otros miembros del gabinete nacional cometieron algún delito al firmar el acuerdo alcanzado en enero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para postergar los vencimientos que operan hasta octubre.
Los fiscales formularon "requerimiento de instrucción" al juez federal Sergio Torres ante la acción penal promovida por el abogado Eduardo Barcesat contra Duhalde, el jefe de gabinete Alfredo Atanasof, el ministro de Economía Roberto Lavagna y "los funcionarios que hubieren tomado intervención" en la suscripción del convenio.
El letrado dijo que los denunciados cometieron los presuntos delitos de usurpación de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, al sostener que "tanto el contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, como el arreglo de la deuda interna y externa, son incumbencias del Congreso Nacional".
Según lo establecido en el Artículo 75 (en sus incisos 4 y 7 ) de la Constitución Nacional es el Parlamento quien debe decidir sobre el particular. Este mismo artículo es, también, la base de quienes sostienen que debe revisarse la deuda externa, pues justifican que fue contraída ilegítimamente, fundamentalmente en tiempo de la dictadura, donde los poderes del Estado quedan interrumpidos.
Freiler y Delgado sugirieron a Torres que libre un oficio al Ministerio de Economía para que la cartera brinde un informe sobre los antecedentes y la firma del acuerdo y que explique qué alcances tiene el convenio suscripto con el FMI. En este punto, el criterio de los fiscales coincidió con el del denunciante, quien había reclamado que se pida "un ejemplar auténtico del acuerdo con el FMI".
Barcesat también había solicitado que se pidan informes al Congreso Nacional para conocer si tuvo intervención previa a la firma del convenio, pero sobre esta cuestión "no hubo pronunciamiento fiscal", indicaron fuentes vinculadas a la causa.
En la denuncia se sostuvo que las facultades que tienen los poderes del Estado "son indelegables", pero las fuentes consultadas indicaron que por ley 24.156 de 1994 se le otorgaron funciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional.

Fallo deja en manos del Estado la devolución de depósitos

Un fallo de primera instancia a favor de un ahorrista atrapado en el "corralito" deslizó que la redolarización de los depósitos "duplica o triplica su capacidad adquisitiva de bienes y servicios locales".
El fallo, dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Osvaldo Guglielmino, establece que deberá ser el Estado el que fije la manera en que se devolverá ese dinero, pese a que el ahorrista tenía sus fondos depositados en un banco privado. La sentencia es de diciembre del año pasado pero sólo trascendió ayer, cuando se conoció que -además- que si bien establece la devolución de los dólares en esa divisa, delega en el Ejecutivo la forma en que lo hará. El juez se preguntó en los considerandos del fallo: "¿es tan claramente justo que se le devuelva a un ahorrista la misma cantidad de dólares que tenía en noviembre de 2001 ahora que con esa misma cantidad duplica o triplica su capacidad adquisitiva de bienes y servicios locales?".
El magistrado declaró la "inconstitucionalidad de las normas que dispusieron la pesificación de los depósitos en dólares a una paridad que implicó una disminución del valor al que éstos cotizan en el mercado abierto". Pero, en lugar de dejar esa relación de "contrato privado" entre cliente y banco para su resolución, la decisión de Guglielmino condena al Estado Nacional "a establecer un modo de pago que respete íntegramente el valor del ahorro que el actor tenía en dólares estadounidenses... dentro de los diez días de quedar firme la presente sentencia".
La resolución fue adoptada ante el reclamo de los ahorristas Concepción Doz Peralta y Néstor Jorge Bentancourt, quienes tenían sus depósitos en el banco privado Itaú. Si bien el juez ordenó la devolución de los dólares, se preguntó si es justo que "quien haya puesto sus dólares a plazo fijo para ganar un interés en una entidad bancaria corra sólo el riesgo de ganar menos intereses pero de ningún modo una porción importante del dinero invertido". (DyN)