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Domingo 16 de febrero de 2003 | |
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Apocalipsis de la corrupción |
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Por Julio Rajneri |
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| Con celeridad contrastante respecto de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo rionegrino ha consumado una operación de transferencia del negocio del juego, mediante un procedimiento plagado de irregularidades sospechosas. Abrumado por las pruebas y evidencias que vinculan la concesión del juego con una rampante corrupción, y preocupados además por las implicancias judiciales de los hechos del pasado, el gobierno eligió el camino de terminar rápidamente con el tema a cualquier precio. Confía seguramente en que la opinión pública, aun con la cercanía de una elección, no sea lo suficientemente sensible para afectarlos, de manera que entre respetar las normas de transparencia o utilizar resquicios legales para acomodar la adjudicación en forma de "conformar" a las partes, adoptó el segundo camino. Para otorgarle apariencia de legalidad al procedimiento, el gobierno requirió el dictamen a la Fiscalía de Estado, para que ésta opinara favorablemente en las facultades que tenía la empresa Entretenimientos Patagonia SA para transferir a un tercero la explotación. Actuó como un hábil prestidigitador que trata de atraer la atención del espectador sobre una cuestión secundaria, mientras consuma la trampa en otro lado. Entretenimientos Patagonia tendrá o no facultades para incorporar a un tercero en su lugar, es una cuestión opinable, pero no hay ninguna razón jurídica, lógica y razonable para que Lotería le transfiera la concesión a esa empresa, que admite no estar en condiciones de recibirla, confundiendo la obligación que contrajo, con un derecho. Dicho con otras palabras, el gobierno no tenía por qué obligar a Entretenimientos Patagonia SA a aceptar una transferencia para que ésta a su vez, alegando imposibilidad de cumplimiento, se la transfiriera a un tercero. Con esta original ingeniería se ha armado un procedimiento más dentro del conjunto variopinto de artimañas con que el gobierno consigue eludir las licitaciones. Hay naturalmente una razón de fondo para que se adoptara este procedimiento. Tenía que retribuir adecuadamente a cada una de las partes para evitar las consecuencias que en el proceso judicial podría tener una interrupción abrupta y terminante de la concesión a Casinos Río Negro. Robert Klitgaard ha comparado el proceso de la corrupción con un cubito de hielo que pasa de mano en mano. El último recibe sólo una parte del total inicial. Y bien ¿cuánto recibió Ferrari para consentir sin mayores protestas que se le cancelara el contrato? Es evidente que el titular de Varsa no se iba a conformar con el hecho de que se le perdonaran todas las irregularidades cometidas, que quedara debiendo más de seis millones de pesos a la provincia y que no se ejecutara la garantía establecida en el contrato, sino que además, dueño de las palabras y de los silencios, estaba en condiciones de exigir aún más y es de presumir que lo consiguió. ¿Cuánto recibió Entretenimientos Patagonia SA por transferir una explotación que hipotéticamente le hubiese significado duplicar sus ingresos y ganancias y por actuar como una pantalla para permitir que el gobierno negociara directamente con Crown Argentina Inc.? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un empresario por el sí o por el no de un funcionario provincial que debe decidir si le transfiere un negocio de explotación del juego durante catorce años sin licitación alguna? ¿Quiénes son los que están realmente detrás de la nueva y afortunada adjudicataria? Actuando con celeridad, el gobierno especula que de esta forma ha eliminado los riesgos de que la investigación judicial y legislativa siga avanzando peligrosamente y concentrar sus esfuerzos para lograr que el proceso iniciado por el juez penal Jorge Bustamante vaya a ser uno de las tantos que se incorporarán al libro de los récords de Guinness en cuanto a duración. Tal vez estén equivocados, aunque los precedentes en materia de actuación judicial cuando los investigados son políticos, obligan a ser muy cauto en las expectativas. Por lo pronto es posible considerar que ya había el año pasado sobrados elementos de convicción en la investigación judicial para justificar la indagatoria y el eventual procesamiento de los responsables. La inferencia no es menor. Si el juez hubiese actuado con mayor celeridad, probablemente el titular de la Lotería no habría podido seguir dirigiendo tranquilamente desde su oficina el trámite de las negociaciones. Admitamos que en materia judicial siempre hay instancias y alternativas opinables y que el juez puede sostener, tal vez legítimamente, que le faltaban elementos de prueba para definir la situación de las personas incriminadas. Pero es evidente que la velocidad de la Justicia no es la adecuada para prevenir males mayores a la sociedad que debe defender. También hay dos velocidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el gobierno termina de atar los cabos sueltos del entuerto, el Parlamento no termina de poner en funciones la comisión investigadora y su silencio parece convalidar el procedimiento. Así las cosas, todo parece indicar que los participantes en el festival, las antiguas y nuevas empresas concesionarias, los funcionarios del gobierno, en fin, todos los actores de esta cadena de complicidades, pueden descansar ahítos y satisfechos. Ahora los políticos podrán dedicarse a enfrentar con el vigor habitual las tareas proselitistas, mover el aceitado aparato electoral y tratar de que, con un nuevo éxito en las urnas, el caso pase definitivamente al olvido. |
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