El gobierno supervisará el funcionamiento de los trenes

En tanto las empresas pasan factura a la administración Duhalde

El gobierno dice que va a "controlar el servicio" y las empresas justifican su mal desempeño.

El Gobierno está dispuesto a llegar a un punto de acuerdo con las ferroviarias a condición de que las empresas asuman el compromiso de corregir los inconvenientes que activaron la posibilidad de rescindir los contratos de concesión.
La pretensión oficial es la de sentarse si es posible entre hoy y mañana con las empresas para zanjar, "papeles en mano", la polémica, en la que las privatizadas salieron a contrarrestar con denuncias de falta de pago de subsidios, confiaron fuentes de la Casa Rosada.
En una suerte de contrapunto, las empresas salieron a defenderse por las críticas al servicio de trenes de pasajeros, denunciando que el Estado acumula una deuda de 400 millones de pesos de subsidios. Mientras la administración Duhalde recordó que las empresas llevan acumulados 24 millones de pesos en multas por la falta de cumplimiento en el servicio.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atansof, confirmó ayer que el gobierno supervisará el funcionamiento de los servicios de trenes de pasajeros y que, para ese fin, enviará 50 agentes estatales a corroborar el nivel de cumplimiento del contrato suscripto con las firmas.
"En base a esta inspección se elaborará un informe que será elevado en no más de 10 días al presidente Duhalde y que ameritará que luego se tomen las condiciones que la situación requiera" Atanasof adelantó que "el operativo no pretende suplir las tareas propias de los organismos de control", a los que defendió, y explicó que "lo que se pretende es que el 1,5 millón de usuarios de los ferrocarriles tenga el servicio asegurado, pero también que no existan vidrios rotos, asientos en mal estado e inseguridad".
Atanasof reconoció que existen inconvenientes "con las frecuencias de los servicios" y explicó que "hay suspensiones en la salida de trenes en forma sorpresiva, que en algún caso falta confort, en otro iluminación total o parcial, que hay ventanas y vidrios rotos, y asientos que no están en perfectas condiciones".
Para Atanasof, "tres meses en el atraso en el pago de los subsidios -como argumentan las concesionarias- no son la causa de un proceso de deterioro que viene de mucho tiempo atrás". Sin embargo, ayer el ministro Aníbal Fernández, justificó parte del argumento esgrimido por la empresa, a lo que agregó el estancamiento de la tarifas en los trenes. "Es muy difícil con una tarifa tan degradada y con el dinero que el Estado le sigue debiendo a las concesionarios", señaló , al tiempo que precisó que "se acumuló una deuda que el Estado no canceló por 350 millones de dólares y un reclamo por otros 300 millones no satisfecho". Destacó que "de subsidios operativos se deben 25 millones de pesos a pesar de haber pagado 93 millones durante el 2002. Es una situación real que hay que poner en equilibrio, por eso la emergencia" dispuesta para el sector.
En tanto, Atanasof insistió acerca de inconvenientes en el material rodante y en la infraestructura y dijo que el gobierno llevará adelante esta tarea de detección sobre cuatro parámetros: "seguridad, regularidad, frecuencias y el confort mínimo en el transporte" .

Concesión de aguas

El subsecretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Sícaro, reclamó que el Estado cumpla con su rol de control y adecue el contrato de concesión de Aguas Argentinas, mientras que representantes de asambleas barriales del conurbano bonaerense pidieron al gobierno que rescinda la vinculación contractual con la prestataria.
"El Estado adecua, es decir que pone las nuevas reglas de juego y el concesionario las acepta o no", afirmó Sícaro durante la convocatoria pública no vinculante realizada en la sede de la Legislatura porteña.
El funcionario dijo que "el Estado tiene ahora la oportunidad de defender los intereses de los usuarios. Se deben evitar todos los riesgos regulatorios que nos impusieron en la década del 90 y que están vigentes, y no hablar de renovación (de contrato) sino de adecuación. Creemos que esta y el resto de las concesiones tienen que tener un control de los destinos de su recaudación".
Por su parte, el Ombusman nacional, Eduardo Mondino, planteó que "el Estado Nacional debe definir sí Aguas Argentinas está en condiciones de continuar prestando el servicio, en atención a los graves incumplimientos al contrato". (Télam)