Viernes 28 de febrero de 2003
		Un aporte a la prevención del abuso de menores
		Por Amanda Mercedes Isidori (*)
		El comienzo del año puso en el tapete hechos abominables vinculados con la explotación, abuso sexual y violación de menores en el país y en nuestra provincia que nos obligan a acentuar y, acaso, redefinir las estrategias en materia de defensa de la integridad de los menores, dotando de mayores garantías al ejercicio de sus derechos. Los delitos cometidos contra los menores tienen, en la opinión mayoritaria de los profesionales del derecho, abundante andamiaje legal aplicable a todos los casos. Pero la reiteración de delitos aberrantes cometidos contra los niños y menores revela que no hemos encontrado los mecanismos suficientes para prevenirlos y/o aplicar las normas. Mi interés en tal sentido se acrecentó con la inquietud de la Asociación de Mujeres Ejecutivas de Empresas Turísticas -AFEET- de San Carlos de Bariloche y Capital Federal, que trabaja en favor de la prevención del "Turismo Sexual Infantil", y en mayo del año pasado presenté un proyecto de ley en el Senado -651/02- que pretende ampliar las conductas delictivas determinadas en el Código Penal en los artículos 125 (corrupción de menores) y 125 bis (prostitución de menores). Actualmente se sanciona a quien promoviere o facilitare la corrupción y la prostitución de menores, y en esta dirección se deja de lado otro tipo de conductas que lesionan de la misma manera el bien jurídico protegido, que es la integridad sexual de los menores. Considero necesario incorporar también la penalización para "el que de cualquier modo interviniere" en esos hechos delictivos, comprendiendo en esta figura toda acción que posibilite la comisión de estos hechos. Igualmente se plantea una nueva causal para calificar el delito y agravar la pena correspondiente, para los supuestos en que la corrupción o la prostitución de menores se "realizare con el concurso premeditado de dos o más personas, organizadas en el país o en el exterior". En estos supuestos las penas oscilarían entre 10 y 15 años de reclusión o prisión. El primer trabajo sistemático sobre la explotación sexual de menores en el país fue realizado, hace poco más de un año, por UNICEF, cuyos resultados arrojaron una visión desalentadora del tema al demostrar que la prostitución infantil funciona como un sistema organizado. La investigación, dirigida a establecer un panorama actualizado sobre la prostitución infantil, cuestionó severamente la participación institucional para enfrentar el problema. Los investigadores pudieron comprobar la ineficacia de las intervenciones policiales y judiciales, la falta de una voluntad decidida de producir cambios por parte del poder político y la ausencia de políticas públicas de prevención del flagelo. Es que la complejidad del tema exige un abordaje multidisciplinario, porque, en la mayoría de los casos, estos delitos son cometidos por sujetos que participan o se vinculan con redes organizadas tanto en el país como el exterior generando, en consecuencia, mayor grado de vulnerabilidad hacia el menor, ya que aumenta su estado de indefensión. El trabajo de UNICEF puso el acento en la demanda exclusivamente masculina: la prostitución infantil existe en la Argentina porque hay hombres que pagan por ella. Los paidófilos, en solitario o en grupo, son causantes de la prostitución de menores y no meros receptores pasivos. Son también los hombres adultos quienes mayoritariamente explotan a los menores con fines económicos. Se sabe que las redes de prostitución infantil incluyen métodos y estructuras de reclutamiento, intermediarios, amenazas para retener a los chicos, vínculos con el negocio de la droga en algunos casos, tráfico de zonas rurales a urbanas, e incluso la "importación" de mujeres jóvenes desde países latinoamericanos. Es importante evaluar que, entre los múltiples mecanismos de ingreso en el circuito, participan proxenetas, reclutadores que viajan por las provincias y países y, en ocasiones, integrantes del grupo familiar del menor. En suma, resulta imperativo que desde los ámbitos institucionales propongamos soluciones urgentes para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y el abuso en sus diferentes modalidades, que tiendan a superar la visible ineficacia de las intervenciones públicas en la materia. Queda en manos de la sociedad la responsabilidad de asignar la magnitud al problema, la concientización del riesgo que representa para el abuso de sus menores y el compromiso generalizado para el sostenimiento de tareas preventivas contra los ataques a la libertad sexual de las personas. Como siempre, las víctimas representan a los sectores más débiles y desprotegidos del cuerpo social: niños, adolescentes, mujeres... Y aunque la pobreza y la situación familiar son condicionantes, las familias susceptibles de enfrentar esta problemática están asociadas a factores de violencia, desintegración, abandono, represión que, en suma, no son excluyentes de ninguna clase social. (*) Senadora nacional - Presidenta del Consejo de la Mujer Provincia de Río Negro
Tapa || Economía | Políticas | Regionales | Sociedad | Deportes | Cultura || Todos los títulos | Breves || Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación