Jueves 20 de febrero de 2003
		Elecciones libres y partidos dominantes
		Por Gabriel Rafart
		Las elecciones programadas para el año en curso consagrarían cuarenta años de dominio político del Movimiento Popular Neuquino en el escenario provincial. Su prolongado éxito como maquinaria electoral lo hace miembro pobre, pero pleno de la exclusiva familia de países donde imperan sistemas de partidos hegemónicos o dominantes. Pocas provincias gozan de este privilegio en nuestro escenario nacional y cada vez son menos los países latinoamericanos que están regidos por sistemas políticos semejantes. Ello se debe a que muchos de esos partidos dominantes atraviesan por una profunda crisis de confianza y legitimidad dentro de sus respectivas sociedades. Muy lejos están esas maquinarias partidarias de ese exceso de protagonismo vivido durante gran parte de la historia política del siglo veinte basado en firmes liderazgos, férreo dominio sobre la burocracia estatal, corporativismo, clientelismo electoral y el uso extendido de la coacción hacia sus votantes y frente a la oposición política. El partido provincial parece no conocer de crisis terminales ni de alejamiento del gobierno cuando pudo jugar su suerte frente a las sucesivas contiendas electorales. Esa historia tuvo su parición en 1963, su fórmula exitosa regresó en 1973 y de manera ininterrumpida a partir de 1983, 1987, 1991, 1995 y 1999. Seguramente un nuevo triunfo durante este año lo hará acreedor de su hora más gloriosa. Sin embargo todo hace suponer que distintas estrategias orientadas a limitar la libertad de decisión del electorado para obtener un voto favorable serán expuestas de manera desembozada por el MPN como exclusivo mecanismo para asegurar su continuidad en el gobierno. No hay que ser un avezado analista político ni candidato opositor para entender el último acto de gobierno -expuesto como un logro de partido- reintegrando una cuota salarial a los empleados provinciales y el pago de sus haberes fuera del calendario histórico a días de una decisiva elección en la ciudad capital como un gesto práctico destinado a la compra de voluntades. El partido provincial y por qué no alguna otra maquinaria electoral hoy anclada en uno de los decisivos municipios de la región seguramente recurrirán a un repertorio de experiencias ya conocidas para romper el ideario del voto individual libre, intransferible y secreto de las democracias representativas modernas. ¿Es posible que la ciudadanía fuera alertada de estos mecanismos? ¿Es factible ponerles límites? ¿Es saludable sancionar a sus ejecutores? Antes de responder a esas preguntas pareciera urgente conocer los alcances cuantitativos y cualitativos de la presencia del clientelismo electoral. Hablamos de una asignatura pendiente para el país y la provincia que posibilite entender un fenómeno siempre denunciado aunque escasamente explorado. Frente a fuertes cuestionamientos por la legitimidad de determinadas prácticas políticas algunos países han decidido llevar a cabo tareas de evaluación de los procesos electorales. Para ello montaron instituciones adecuadas y de incuestionable compromiso con la democracia. México es un ejemplo. De allí que es posible comparar la experiencia en este campo entre algunas regiones de nuestro país y la nación azteca. Asumamos como punto de partida el parecido de familia del MPN con quien dominó largo tiempo la política mexicana. El emparentamiento del MPN con el Partido Revolucionario Institucional es merecido por compartir muchas de su prácticas y la voluntad por inducir cuando no coaccionar a porciones nada desdeñables de sus respectivos electorados. También es evidente que la extendida presencia en el tiempo del MPN es apenas una mueca desdibujada de las casi ocho décadas de control del PRI sobre la vida pública de su país. Si bien la maquinaria del PRI ha perdido la apuesta electoral hace unos años, su manera de ejercer, conquistar el apoyo de gran parte del electorado y consecuentemente "reproducir" el poder político detentado tiene un buen alumno en tierras patagónicas. Así como ningún bien es duradero de por vida, el PRI entró en crisis como inevitablemente le sucederá al partido provincial. Cuando el partido heredero de la revolución agraria y populista de Zapata y Cárdenas se despedía del gobierno en las elecciones que consagró a Fox como presidente de los mexicanos, el Instituto Federal Electoral -un organismo creado después de las escandalosas elecciones que frustraron el triunfo del PRD en 1988- decidió promover la realización de una investigación sobre el ejercicio del voto libre. Para ello se financió un instrumento nuevo destinado a conocer la magnitud de ese particular universo: la Encuesta Nacional sobre la Compra y Coacción del Voto. El propósito de semejante trabajo fue conocer el alcance de aquellas prácticas que pudieran haber fracturado el orden democrático durante las decisivas elecciones federales del 2000. Analizados los datos se observó que la magnitud de la manipulación del voto afectó a cerca de ocho millones de ciudadanos mexicanos. Aproximadamente un catorce por ciento de los votantes dio cuenta de que alteraron el orden de preferencias por dinero, por el acceso o retiro de bienes públicos, cancelación de contratos laborales o amenazas directas, otros por presiones menos visibles pero no por ello igual de manipuladoras de la voluntad de ser libre del elector. Desde los datos obtenidos por la encuesta se observó la elevada vulnerabilidad de la población que vive en condiciones de extrema pobreza y marginalidad, destacándose en que uno de cada cinco electores pertenecientes a estos sectores sufrió acciones de inducción y compra del voto. Si bien el instrumento utilizado fue sometido a críticas diversas por primera vez en la historia de las elecciones recientes de nuestro continente, se pudo cuantificar el clientelismo electoral. La Argentina y la provincia del Neuquén carecen de una institución independiente, probada en su confianza, sobre quién descansar la responsabilidad de prevenir, fiscalizar y sancionar los actos de manipulación del voto. La Justicia Electoral no parece gozar ni de medios y posiblemente de independencia suficiente para emprender semejante tarea. Su rol de "garante del proceso electoral" la aleja de toda misión de estudio y evaluación del clientelismo electoral. Tampoco desde las agencias privadas que registran y analizan la evolución de la opinión pública se ha emprendido esta tarea. Exceptuando un número muy limitado de exploraciones llevadas a cabo por grupos de investigación, el sistema universitario y en particular las carreras de ciencias políticas, se ha involucrado en ello. Sin embargo es urgente poner en movimiento un mecanismo institucional que permita conocer los alcances de estas prácticas que ponen en duda si estamos viviendo las elecciones como un acto libre de voluntades. Profesor de Derecho Político UNC
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