Sábado 15 de febrero de 2003
		Minería metalífera: impacto ambiental
		Por Héctor Velázquez Alvarez (*)
		Nadie puede desconocer el significativo crecimiento que viene registrando el desarrollo minero, caracterizado por una acelerada actividad de exploración vinculada sustancial y selectivamente con la gran minería. Sin embargo, este muy bien llamado boom minero sigue planteando una serie de desafíos que hasta este momento no vienen siendo asumidos por los diferentes actores involucrados. Uno de esos grandes desafíos es el ambiental, que con el crecimiento acelerado de la gran minería, que todos los que formamos parte de esta actividad ansiosamente esperamos y anhelamos, ampliará inevitablemente sus ámbitos de influencia e inexorablemente también sus ámbitos de discusión. Legalidad y realidad de la problemática de impacto ambiental El diseño de un marco legal de protección ambiental en cuanto a la actividad minera, pretende ser mostrado como un escenario definido y acabado que asegura criterios de sustentabilidad en las zonas mineras. Estimo muy lealmente que este diseño, que se lo quiere erigir como el andamiaje formal para pretender garantizar una adecuada gestión ambiental en el país, representa tan solo un argumento oficial u oficioso para intentar dar cuenta de algunos estudios de impacto ambiental y programas de protección ambiental que se reconocen en la actualidad. Todo esto porque no se puede ignorar que en términos generales existe una serie de interrogantes en torno de la efectividad de la política de protección ambiental, sobre todo, cuando estos cuestionamientos provienen de una importante red de organizaciones locales, comunidades y organismos no gubernamentales. Reconociendo que en nuestro país el tema de la gestión ambiental ha sido abordado casi exclusivamente por entidades públicas o privadas, nadie puede desconocer que se está frente a un tema de interés para nuestra población y, muy especialmente, para todas aquellas organizaciones que se encuentran vinculadas de una u otra forma con esta noble actividad. Y en este sentido el razonamiento tiene que ser muy simple, el objetivo de cualquier política de protección ambiental debe estar orientada a la conservación de ecosistemas saludables que deben exceder claramente el marco de la actividad minera, como también, con la existencia de marcos de regulación que en el ámbito de un concepto de minería productiva y ecológicamente responsable, requieren ser realmente efectivos. ¿Es éste un escenario realmente posible? Lo cierto es que la experiencia que estamos viviendo no es muy alentadora en este sentido. Este desaliento proviene, quizás, de una premisa que hasta el momento se resiste a ser cumplida: "El éxito de las políticas de protección ambiental requiere de la activa participación de todos los actores involucrados con el tema minero, que siempre se opondrán justificadamente a un manejo poco transparente en todas las cuestiones que hacen a la problemática minero - ambiental". Por esta razón, es que si no se identifican plenamente los actores independientes de fiscalización y se los dota de las condiciones adecuadas para que se sientan cumpliendo adecuadamente su rol, no es posible ejecutar políticas de control ambiental que sean efectivas y compartidas por la sociedad en su conjunto. Algunas áreas críticas en la implementación del control ambiental podrían, muy sintéticamente, resumirse de la siguiente manera: 1.-Existencia de escasos y muy limitados recursos en los organismos del Estado, para efectivizar monitoreos ambientales y dar seguimiento a los compromisos pactados con las empresas. 2.- Existencia de fuertes presiones por parte de las empresas mineras para propiciar reducciones y limitaciones a las políticas de regulación ambiental. 3.-Bajo el argumento de la competitividad mundial y la necesidad de captación de nuevas inversiones, reducción del interés por los temas sociales y ambientales. 4.-Falta de voluntad para garantizar escenarios de participación independiente en los procesos de evaluación de impactos ambientales. Algunas propuestas a considerar ¿Cómo superar entonces este escenario que es adverso, de una manera más inteligente y evitando al mismo tiempo un mayor deterioro de los ecosistemas, en un contexto en que la actividad minera viene creciendo aceleradamente? 1.- Debería buscarse una mayor eficiencia en las políticas ambientales provinciales y nacionales con una tendencia a armonizar políticas del tipo "ascendentes" (comunidad - organismos intermedios - gobierno). 2.- Debería reclamarse una optimización en las prácticas productivas, encarando procesos sostenidos de regulación y control ambiental. Se cuenta para ello con una vasta red de organismos ambientalistas a nivel local, provincial, nacional e internacional que hacen posible generar un intercambio fluido de experiencias y conocimientos. 3.- Los argumentos de la competitividad y la globalización a los cuales muchas veces apasionadamente se hace mención, deberían ser utilizados para propiciar que los estándares de explotación aplicados por las empresas mineras se apliquen en los mismos términos que en sus países de origen o en los niveles de los países líderes, en protección ambiental. 4.-Debería incentivarse el desarrollo de capacidades técnicas en algunas organizaciones no gubernamentales, a los efectos de enfrentar los vacíos que pudieran ocasionar las acciones de falta de control de parte del Estado y de las propias empresas. 5.-Como el desafío ambiental es uno de los retos principales que enfrentan las comunidades en su lucha por alcanzar nuevos niveles de desarrollo, se hace necesario desarrollar programas que garanticen la formación de una adecuada conciencia medioambiental, como también de los avances que claramente se pueden lograr en este contexto. Sólo de esta manera se podrán afrontar los desafíos que presenta el desarrollo de la gran minería y se responderá a las justas demandas y expectativas reclamadas por las comunidades, que están compelidas a coexistir con la actividad productiva de estas grandes empresas mineras. Un acuerdo necesario Un acuerdo provincial y/o nacional debería contemplar lo siguiente: 1.-El reconocimiento de que para lograr una efectiva consolidación de una estrategia de crecimiento y desarrollo regional apoyada en la actividad minera, se hace imprescindible diseñar una política que sea coherente con la actividad extractiva y con los problemas que derivan de su impacto ambiental. 2.-El reconocimiento de que un acuerdo entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y entidades comunitarias se hace imperativo e irrenunciable para la protección del medio ambiente y el impulso de la actividad minera y la actividad económica productiva en general. 3.-El reconocimiento de que los beneficios mineros deben ser objeto de una equitativa distribución en todos los asientos poblacionales que se ven afectados por la actividad minera. El mejoramiento de la calidad de vida, el destierro de la pobreza, el desarrollo económico que tanto se invoca para estimular el avance de una gran minería que bajo ninguna condición puede concebirse a cualquier costo, necesitan de una actitud madura de todos los sectores involucrados, para que los costos y los beneficios comprometidos en la cesión de un recurso minero que pertenece a nuestros hijos y quienes serán los hijos de nuestros hijos, no terminen dando cuenta que hemos obrado con desidia, infamia e indignidad. (*) Ingeniero en Minas argenmin@hotmail.com - minervel@yahoo.com.ar
Tapa || Economía | Políticas | Regionales | Sociedad | Deportes | Cultura || Todos los títulos | Breves || Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación