Domingo 9 de febrero de 2003
		La medida menos pensada
		Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar
		Como Menem, "Sobisch lo hizo". Existía alguna posibilidad de que el gobernador devolviera el adicional del 20% de zona desfavorable a los empleados públicos, y lo hizo. Pero como algunas de las perniciosas decisiones tomadas por el ex presidente, ésta es una medida adoptada con mucha audacia y pocos escrúpulos. En primer lugar porque está teñida de demagogia electoral, e indica la escasa confianza que el oficialismo tiene en ganar las elecciones municipales. También, porque es en realidad la menos pensada de las decisiones desde el punto de vista de las consecuencias que puede acarrear a las finanzas públicas. Durante la campaña electoral del "99, Sobisch endulzó los oídos de los estatales con la melodía del 20%. Sin embargo, no bien asumió, en medio de una marcada estrechez económica, olvidó rápidamente su promesa y propuso todo lo contrario: un severo ajuste con despidos masivos, baja de salarios y jubilaciones anticipadas. Nada de eso prosperó y cuando el petróleo -su verdadero salvavidas- trepó hasta alcanzar en los últimos dos años valores por encima de su promedio histórico, tampoco se le ocurrió saldar su promesa. Lo hace ahora, a pocos días de unas elecciones que se le adivinan esquivas. Independientemente de la justeza que entraña esta medida, ya que los empleados públicos fueron despojados de un derecho adquirido en medio de circunstancias excepcionales, no se trata de una medida generosa como pretende el gobierno sino de un gesto dotado de una cuota de hipocresía, al apelar al compromiso acrítico de sus beneficiarios. Además, a mediano y largo plazo la decisión es de consecuencias imprevisibles. Equivalente a un incremento del gasto de 100 millones anuales, eleva la masa salarial por encima de los ingresos globales en materia de regalías de petróleo y gas. El precio actual del petróleo es excepcional y sin perjuicio de que ese estado de cosas se pudiera dilatar por efectos de una guerra en Irak, en todo caso esos recursos deberían servir para crear un fondo anticíclico, capaz de rescatar a la provincia del monocultivo energético y financiar su despegue productivo. En cambio, estos recursos se aplican al gasto -lo del 20% es una muestra más-, con el agravante de que en buena parte de los casos se trata del gasto político del partido gobernante. Como ocurrió durante el anterior gobierno de Sobisch con los 800 millones de las "joyas de la abuela", esta nueva oportunidad histórica tampoco servirá para cubrir la abultada deuda del Estado, que según distintos cálculos ya alcanza a un presupuesto completo (1.500 millones). Pero si no se trata de una medida verdaderamente justa y si no resulta racional desde el punto de vista económico, tampoco parece que sea del todo legal. Aunque el gobierno evitó hacer eje en ese aspecto, se trata de un decreto de necesidad y urgencia, instrumento que no está contemplado en la Constitución provincial. Además, es violatorio del artículo 101 de la carta magna, que otorga al Poder Legislativo la facultad excluyente de fijar los salarios de los agentes públicos. Para justificar este grueso desliz, el gobierno denunció la existencia de una "parálisis legislativa", lo que configura otra muestra de hipocresía, teniendo en cuenta que es el propio oficialismo el que fondeó deliberadamente a la Legislatura, consciente de que es un estorbo para su modelo autoritario. Con todo lo dicho, no está escrito que esta medida desesperada, tomada para no perder las elecciones, resulte eficaz desde el punto de vista de sus verdaderos propósitos. Muchos de sus destinatarios son conscientes de que se está utilizando un beneficio legítimo como moneda de cambio de su adhesión a un proyecto que no repara en las consecuencias para la sociedad. Y por si hiciera falta recordarlo, este tipo de maniobras concita el repudio de la gente que, desde diciembre del 2001, reclama de sus dirigentes la conducta opuesta. Pero el gobierno no se da por enterado. Librado a un clientelismo desembozado, aplica entre los sectores más vulnerables una política de premios y castigos que va del reparto de víveres y cemento para los más dóciles, a la exclusión de las listas de subsidios y la prohibición de entrar a los comedores comunitarios para los que se atreven ir a los actos opositores. Este aceitado ejercicio de crueldad social comienza a incursionar también en los episodios de violencia física. Testimonio de ello son los militantes del quiroguismo que esta semana fueron golpeados por punteros del MPN. Esta peligrosa tendencia tuvo como broche de oro el ataque a radio UNC-CALF, un grave precedente atribuido a manos anónimas aunque en él se aprecien huellas de la maquinaria oficial. En realidad esto no debería extrañar a nadie, después de los esfuerzos del gobierno para silenciar toda crítica y de la permanente diatriba del gobernador y sus colaboradores contra los medios y los periodistas independientes. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar
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