Martes 4 de febrero de 2003
		El suicidio de la clase política argentina
		Por Horacio Alejandro Rachid (*)
		El voto popular, valor supremo de los procedimientos democráticos, ha sido corrido del centro de la escena de un país que, como la Argentina de hoy, ya ha vulnerado el resto de las instituciones que lo rigen. Que la anulación de elecciones internas para proclamar el candidato a presidente del justicialismo, el partido político más grande de Latinoamérica, en un momento en el que ofrece los tres candidatos más creíbles para sacar a la Argentina de la peor crisis de su historia, sea caracterizada como otro capítulo de una pelea Duhalde-Menem, indica hasta qué punto ha llegado el deterioro institucional y la corrupción intelectual de la clase política del país. La caída libre de la Argentina hacia un pozo de profundas dimensiones, desde principios del 2002, sólo se detuvo ante la decisión política de adelantar las elecciones y la entrega del poder en mayo del 2003. Es que el default, la devaluación, la pesificación asimétrica, la confiscación de los ahorros y, en general, la ruptura del contrato social por parte del gobierno provisorio de Duhalde, sacaron a nuestro país del mundo y sumieron a sus habitantes en la incertidumbre, la pobreza y la inseguridad. La responsabilidad central de este gobierno transitorio elegido en emergencia por una Asamblea Legislativa -y que ya lleva más de un año en el poder- debería haber sido el llamado a elecciones para, mediante el voto popular, lograr la reconstrucción del poder político en la Argentina. Sin embargo, muy alejado de estos fines, el gobierno se dedicó a la tarea de impedirle a Carlos Menem alcanzar la candidatura presidencial en representación del justicialismo a través de la destrucción de todas y cada una de las vías de acceso democrático. Carlos Menem candidato a Presidente produjo un bumerán psíquico en Duhalde, que comenzó una construcción política desde el poder exclusivamente dedicada a impedir el regreso de Menem al gobierno, apelando a procedimientos tan arbitrarios como ilegales y antidemocráticos. Cualquier recurso que impida el voto popular es propio de las dictaduras, pero lo que hoy se ha montado desde el gobierno es francamente retorcido. El establecimiento de una fecha de elecciones generales, primero el 30 de marzo del 2003, con un procedimiento de internas abiertas y simultáneas por decreto, posibilitó, adrede, que la Justicia anulara esa práctica por inconstitucional, por lo que el justicialismo se dio como fecha para organizarlas el 15 de diciembre del 2002. La contestación fue reunir el Congreso partidario, convertido en un aparato dominado por Duhalde con un sistema gigantesco de clientelismo político, para bajar esa fecha y llevarla al 19 de enero. El Consejo Nacional del PJ acató esa fecha y abrió la Junta Electoral a todos los candidatos. Entonces volvió a reunir el Congreso, revocó a la Junta Electoral y la reemplazó por otra adicta, nombró una comisión de acción política para reemplazar las funciones del Consejo y agregó a la convocatoria la elección de autoridades partidarias, que vencen en abril del 2003, sabiendo que ello obligaría a realizar un comicio con doble urna y padrón, ya que esta última no admite el voto de no afiliados, o a modificar el carácter de abierta de la elección toda. Fijó nueva fecha para el 23 de febrero del 2003. Al contestar el Consejo Nacional reunido el 27 de diciembre del 2002 con una aceptación de estas condiciones y escuchar un informe de la Junta Electoral, impuesta por Duhalde, de que no había ningún problema de padrones ni de tiempo para confeccionarlos, éste produjo el llamado al Congreso del 24/1/2003 para anular definitivamente la elección interna del 23/2/2003 e imponer un ilegal sistema de "neolemas" y un sustituto de elección directa por Congreso, por si la Justicia lo anula como lo hará. En la década del "90 los partidos que luego constituirían la Alianza implantaron el método de " judicializar" todos los cambios, estructurales o no, que el gobierno de Carlos Menem promovía desde el sistema político-institucional. Así, con diversa suerte, conseguían revertir en el sistema judicial lo que no podían lograr desde la política. Duhalde ha conseguido un grado de maduración de ese proceso, produciendo desde el gobierno de la Argentina decisiones ilegales para que la Justicia las anule y legitimar, por el absurdo, la verdadera intención política de no hacer lo que le corresponde. De esta forma, de todas las instituciones que se destruyeron en nuestro país desde que comenzó este proceso, la anulación en la práctica del sistema de elección interna de los candidatos presidenciales de las dos fuerza políticas más grandes y tradicionales, el radicalismo y el peronismo, indica claramente que la democracia será la última víctima institucional de esta etapa de destrucción. "La legitimidad política es el reconocimiento del derecho de gobernar y, sobre todo, trata de aportar una solución a un problema político fundamental, aquél que justifica simultáneamente el poder político y la obediencia". (Jean Marc Coicaud, 2000) La legitimidad política se obtiene por los procedimientos (que siempre deben ser legales) a través de los cuales la ciudadanía a la vez que participa, legitima al que llega al poder para representarla. El comienzo del proceso de representación ciudadana se inicia, justamente, en las elecciones internas o primarias de los partidos políticos. Esta precisión permite entender la gravedad de lo que se está haciendo al anular las elecciones internas del justicialismo. No hay correlato en Latinoamérica de una crisis política e institucional que no conlleve en sí misma un proceso de cambio hacia otro sistema o perfil ideológico o un reacomodamiento de éste para enfrentarla. En el Brasil ganó por primera vez un partido de izquierda que asumió con una madurez y un equilibrio político parecidos al socialismo de Chile; en el Ecuador un ex militar golpista de izquierda se muestra moderado en sus propuestas y conservador en el mantenimiento de la estructura económica; en Venezuela, Chávez -que hoy enfrenta problemas muy serios- produjo drásticos cambios institucionales y políticos mediante cinco elecciones legítimas y legales; en el Uruguay la crisis se enfrentó con una recomposición del sistema con la colaboración de la izquierda. Todas las experiencias enumeradas transcurrieron preservando la democracia y sus procedimientos. En la Argentina está por verse si una coalición de izquierdas peronistas y radicales, a través de un presidente designado por una Asamblea Legislativa para conducir una transición, posibilita finalmente unas elecciones libres y democráticas que permitan la reconstrucción del poder político o si, en cambio, decide el suicidio colectivo de una clase política que no podrá justificar de ningún modo los distintos niveles de responsabilidad que tiene según promueva esta ruptura de las reglas de juego democráticas o sea cómplice convalidándola con su silencio. (*) Presidente de la Fundación Argentina de la Esperanza
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