Sábado 1 de febrero de 2003
		En Neuquén se copia lo peor del mundo
		Por Ricardo Villar
		Sin identificarlo por su nombre de origen mapuche, ni por su ubicación geográfica ni por el nombre de quien ejerce la máxima responsabilidad política, el "caso Neuquén" está reflejado en muchas de las situaciones del Informe Global de la Corrupción 2003, que ha difundido hace unas semanas Transparencia Internacional. Esta organización es la única de su tipo en el mundo que se ha dedicado a combatir la corrupción, tanto en el interior de los países como en el plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. El propósito -explica TI- es "comprender y enfrentar los dos rostros de la corrupción: quien corrompe y quien permite ser corrompido". Para las autoridades neuquinas, tan inclinadas siempre a exhibir con orgullo su modelo político al que ya consideran como pieza de exportación, debiera ser un motivo de profunda preocupación que algunos de sus comportamientos cotidianos sean los mismos que utilizan en distintas partes del mundo los gobernantes que hacen de la falta de transparencia de sus actos, una rutina. Detrás de ese manto se cobija la corrupción. Si no fuera tal la relación ¿qué sentido tendría el ocultamiento, el retaceo informativo...? Justamente, el informe de TI hace su eje en la vinculación existente entre las restricciones en el acceso a la información que generan los gobiernos (información pública por esencia) y los actos de corrupción que se desarrollan dentro de los espacios oficiales y plantea la necesidad de que la sociedad demande nuevos mecanismos de participación y de control de los gobernantes, entre los que destaca el apoyo a la irrestricta libertad de expresión. Leyendo el citado informe, no puede evitarse la comparación entre muchas de las situaciones tratadas y lo que ocurre en el Neuquén. "La transparencia en el gobierno está supeditada al control parlamentario, el basamento de la democracia, que se mantiene gracias a los fondos públicos. Pero a menudo se observa un desequilibrio entre las prerrogativas del Ejecutivo y la capacidad que tiene el Parlamento de ejercer verdaderamente su función reguladora sobre el gasto público y el presupuesto", afirma Eva Joly, en un segmento del informe de TI de 114 páginas. En Neuquén, el Parlamento está sometido a la voluntad del gobernador. Por acción de los legisladores que le son adictos, no fueron aprobados los presupuestos de los años 2001 y 2002. El Poder Ejecutivo, entonces, maneja el presupuesto con absoluta libertad. "La batalla contra las transacciones financieras ilícitas debe librarse con una sólida estrategia que faculte al sistema de justicia para que pueda convertirse en un arma indispensable de la misma. Por lo tanto, constituye una paradoja que los presupuestos asignados a la Justicia representen sólo una mínima parte del gasto público (...) es pertinente reconsiderar esta asignación de recursos ya que, sin un sistema de justicia operativo y dotado de suficientes recursos, ninguna investigación puede llegar a buen término. Cuando el sistema de justicia sobrecargado y sin los suficientes recursos se enfrenta al crimen organizado, éste último tiene garantizada la impunidad". (Transparencia Internacional) En Neuquén, desde hace dos años el Tribunal Superior de Justicia viene demandando un incremento en los recursos que percibe y que provienen de la coparticipación federal de impuestos. El oficialismo no acepta tal pedido y el Poder Judicial está acusando un déficit anual de 8 millones de pesos. El oficialismo no disimula su contrariedad por la independencia con que se manejan muchos magistrados, por lo que ha intentado "copar" la conducción de ese poder. La estrechez presupuestaria provoca saturación de trabajo en muchos organismos, lo que los torna ineficientes. "...hay un sinnúmero de casos donde los medios de difusión descuidan el rol que debieran ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos y, en cambio, alimentan vínculos indebidamente estrechos con líderes políticos. En este marco, no es factible que los medios puedan sacar a la luz casos de corrupción". (Transparencia Internacional) En Neuquén, es conocida la presión que ejerce el gobierno sobre la mayoría de los medios de comunicación, a los cuales cuenta como "aliados estratégicos". La distribución de la publicidad oficial es el elemento de dominación de aquellos medios. "Los medios, cuyo rol debería ser el de protegernos de estos abusos, con frecuencia, nos decepcionan. Es verdad que algunas organizaciones de medios han jugado un papel primordial en revelar e investigar casos de corrupción. Pero es también cierto que muchas de ellas han estado a merced de las políticas de anuncios de los sectores privado y público por igual, con anunciantes (tan públicos como privados) dispuestos a abusar del poder de colocar y retirar publicidad a su antojo. Se han desarrollado grandes conglomerados internacionales de medios, a veces, demasiado dispuestos a hacer lo que les pedían los gobiernos a fin de atraer audiencia y aumentar el potencial de ingresos en concepto de publicidad". (Transparencia Internacional) No hace falta desarrollar el caso neuquino en este aspecto, porque es suficientemente conocido. "El acceso a la información todavía sigue siendo un campo minado en todo el mundo". "La corrupción -que continúa destruyendo la confianza en las instituciones públicas y privadas- es un problema sistémico; por lo tanto los medios para derrotarla también deben ser de gran alcance y sistémicos. En esta lucha se deben utilizar leyes y reglamentaciones contra el uso indebido del poder. Si se ha de restaurar la confianza en las instituciones públicas y privadas, se deberá garantizar el acceso a la información para promover la transparencia y ésta quizás sea el arma más poderosa contra la corrupción". (Transparencia Internacional) En Neuquén, se han presentado dos proyectos sobre libre acceso a la información, por parte de la Agrupación Periodistas, y el diputado socialista Eduardo Correa. Ambos se encuentran -desde julio del 2001- en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Osvaldo Ferreyra, quien nunca demostró la mínima voluntad para discutirlos. Quien esto escribe presentó una variante -tomando los dos proyectos-, pero siguió el mismo camino que los originales. "Tampoco debemos pasar por alto la necesidad de contar con garantías formales para proteger a los denunciantes si se vieran obligados a denunciar situaciones de corrupción". (Transparencia Internacional). En Neuquén, hace meses (a raíz del escándalo de los "Zapallitos de Centenario") legisladores de la Alianza, el socialismo y el ARI presentamos un proyecto de tal naturaleza, que también quedó congelado en la misma comisión que preside Ferreyra. Como demanda hacia el futuro, TI propone: "De nuestros gobiernos, necesitamos políticas claramente articuladas y ampliamente difundidas sobre apertura de la información que garanticen el mayor acceso posible para los ciudadanos y los medios por igual, tanto a nivel local como nacional". En Neuquén también existe la misma necesidad, necesidad que debe convertirse en compromiso para los hombres y mujeres que quieran ejercer en plenitud sus derechos y deberes ciudadanos y contribuir a reemplazar el autoritarismo y la demagogia por prácticas democráticas y republicanas. A partir de estos cambios se termina la impunidad y la corrupción queda acorralada.
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