Jueves 6 de febrero de 2003

 

Las dos prostitutas fueron trasladadas a la alcaidía

 

Están acusadas de ser el nexo entre las niñas y el millonario venezolano acusado de corrupción de menores. Desde la comisaría 27 fueron trasladadas ayer a la alcaidía barilochense.

  SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Pese a que todavía rige un estricto secreto de sumario sobre todas las actuaciones, fuentes de tribunales afirmaron que todos los casos de corrupción detectados hasta el momento involucrarían sólo al empresario venezolano Eduardo Schlageter, lo que aleja la sospecha sobre la posible existencia de turismo sexual o una red de prostitución infantil.
Si bien serían seis las menores abusadas, los forenses revisaron únicamente a la niña objeto de la denuncia penal primitiva, y en ella detectaron escoriaciones compatibles con la realización de tocamientos. Los detalles de la investigación que permitió descubrir a las restantes abusadas no fueron revelados por las autoridades de la comisaría 28, que llevaron a cabo los procedimientos.
Los únicos detenidos hasta ayer seguían siendo las dos prostitutas sospechadas de haber entregado a las criaturas, Patricia Uribe y Sandra Oyarzo, de 18 y 20 años respectivamente, y el millonario Schlageter.
Las primeras estuvieron detenidas en un calabozo de la comisaría 27 de Melipal, pero luego fueron trasladadas a la alcaidía.
El empresario, en cambio, continúa detenido en su domicilio, en atención a que tiene más de 70 años y es precario su estado de salud.
Todavía no fueron detenidos el chofer que conducía a Schlageter hasta el lugar donde mantendría los encuentros con las menores, y tampoco el vecino de Anasagasti 1.119, vivienda en la que se llevarían a cabo los encuentros.
No ha sido confirmado por las autoridades, pero es probable que el juez Gregor Joos les haya recibido declaración testimonial a ambos, y en el futuro igualmente los impute como partícipes secundarios en el delito de corrupción.
Tanto a Schlageter como a las prostitutas, en caso de que lleguen a ser condenados, les correspondería una pena de entre 6 y 15 años de prisión, que es la prevista para quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de 13 años, aunque mediare el consentimiento de las víctimas. Si bien en esta figura penal encuadran mejor las conductas de las presuntas entregadoras, al abusador podría caberle también una sanción similar por el concurso de ese delito con el de abuso sexual.
Quien está libre de pena y cargos por ser inimputable es la menor de 14 años que intervino como intermediaria entre la menor que fue abusada el sábado pasado y la prostituta Patricia Uribe. La menor logró retirar de la casa a la niña, con engaños y aprovechando que existe entre ellas un vínculo familiar, y la dejó en manos de Uribe para que negociara la reunión con el empresario. El regreso de la niñita con ropas nuevas fue el detonante que motivó la denuncia y el inicio de la causa.
Ayer se presentaron en un programa radial matutino la madre y la hermana de una menor que había sido invitada a una reunión en la calle Anasagasti, donde podría obtener una recompensa de 300 pesos "si se dejaba tocar de la cintura para abajo". En este caso la intermediaria habría sido Sandra Oyarzo, y la excusa indicaba que irían a la casa de un hombre que vivía en la calle Anasagasti, porque les iba a dar ropas.
   
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