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Lunes 3 de febrero de 2003 | |
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Semana clave para la causa García Belsunce |
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Analizan recusación del fiscal y nulidad de indagatoria |
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| BUENOS AIRES (DyN).- El caso del asesinato de María Marta García Belsunce ingresa en una semana clave de resoluciones, ya que el juez de Garantías de San Isidro Diego Barroetaveña, regresa de sus vacaciones para decidir sobre el intento de apartar al fiscal Diego Molina Pico y los pedidos para anular las indagatorias de los principales sospechosos del encubrimiento del crimen. Con el fin de la feria judicial, el juez Barroetaveña retomará hoy su actividad tras las vacaciones que había comenzado el 17 de enero, tras concederle la exención de prisión a varios de los familiares de la víctima imputados en el encubrimiento del crimen y rechazar los pedidos de detención de otros sospechosos. Durante su ausencia, sin embargo, los principales sospechosos del encubrimiento desfilaron ante el fiscal Molina Pico para dar su versión de los hechos: Carlos Carrascosa, el marido de María Marta; Horacio García Belsunce (h), su hermano; John Hurtig, el hermanastro, y su padre Constantino; y Guillermo Bártoli, marido de la media hermana Irene Hurtig, todos ellos sospechados de haber destruido el "pituto", que resultó ser el plomo de la única de las seis balas del arma calibre 32 largo que no entró en el cráneo de la mujer. También debieron declarar los vecinos Nora Taylor y Sergio Binello, sospechados de frenar a la policía, y el médico Juan Gauvry Gordon, el primer profesional que llegó al lugar del hecho y no advirtió que había sido un homicidio. La única que no declaró fue la masajista Beatriz Michelini, una pieza clave en la reconstrucción del crimen, que había evitado hablar mientras no conociera el expediente pero que en las próximas horas solicitaría presentarse ante el fiscal. Sin embargo, la continuidad de Molina Pico en la causa está supeditada a la decisión de Barroetaveña, a raíz del pedido de recusación que existe en su contra. El juez, ahora, deberá convocar para la semana próxima a una audiencia entre el fiscal y los abogados que quieren expulsarlo del proceso para escuchar las versiones de ambos; y luego tiene 48 horas para resolver. Además, Barroetaveña también debe resolver sobre el pedido de nulidad de las declaraciones indagatorias prestadas por los imputados, ya que los abogados Marcelo Nardi y José Scelzi habían planteado los supuestos vicios constitucionales que contendrían. Según la defensa, todas esas declaraciones deberían anularse ya que nacieron de los testimonios que habían prestado en el expediente, bajo el juramento de decir verdad, y cuyos dichos podrían haber servido para autoincriminarse. En su único pronunciamiento sobre el tema, Barroetaveña había dictado una resolución en la que cuestionó seriamente la actuación de la Policía Bonaerense. Y, durante una entrevista radial, el magistrado entendió que algunas de las personas sospechadas del encubrimiento, "si se suman nuevos elementos, podría ser imputada por homicidio". |
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