Miércoles 15 de enero de 2003

 

El fin del último paraíso del fumador

 

España impondrá una "ley seca" para el tabaco.

  En Europa, España está considerada un auténtico paraíso para los fumadores. Lo que no extraña, puesto que es habitual ver gente echando humo tanto en ascensores, supermercados, estaciones de metro o incluso en hospitales y farmacias, algo impensable en otros países allende los Pirineos. Por ello, el Plan Nacional contra el Tabaco, que acaba de ser aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, puede ser considerado una auténtica revolución.
El objetivo de la iniciativa, una especie de "ley seca al humo", es, precisamente, acabar con esa mala imagen. La idea es reducir el consumo de tabaco, proteger a los no fumadores y dificultar que los jóvenes se enganchen a un vicio que anualmente mata en España a 50.000 personas. Y que a las tabacaleras les reporta ingresos que rondan los 5.000 millones de euros (similar en dólares) al año.
El Plan Nacional de Prevención y Control de Tabaquismo, así su nombre oficial, plantea toda una batería de medidas: Para este mismo año, se prevé que ya no se podrá fumar en ningún centro educativo, sanitario o público y para el 2005 en ninguna empresa que atienda al ciudadano. En 2007 la prohibición se extenderá a todas las compañías.
Antes de 2005, además, más de la mitad de las empresas deberá tener garantizado a los no fumadores su derecho a trabajar en un lugar libre de humos.
Por otra parte, la edad mínima para poder comprar tabaco se eleva a los 18 años. Para que esto se cumpla, las máquinas expendedoras colocadas en bares y otros establecimientos deberán incluir, antes de 2007, algún mecanismo para impedir que puedan ser utilizadas por menores o estar posicionadas de manera que el encargado pueda ver quién las usa. También se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos, por ejemplo en los quioscos de prensa.
En caso de infracción -incluso habrá inspectores que velen por el cumplimiento de las nuevas normas-, las multas van de los 3.000 a los 15.000 euros.
Asimismo, la publicidad del tabaco se suprimirá, el precio de los cigarrillos subirá y la cajetillas deberán llevar, a partir de 2004, advertencias más severas, como "fumar mata" o "fumar perjudica gravemente su salud y a los que están a su lado", además de mensajes adicionales como "fumar provoca cáncer mortal de pulmón" o "fumar durante el embarazo perjudica la salud de su hijo".
El plan, dotado inicialmente con 3,6 millones de euros de la administración central y a los que se sumarán otros diez millones de las comunidades autónomas, prevé además campañas de concientización y un estudio de los tratamientos adecuados para dejar el cigarrillo. Estas terapias, en un futuro, podrían ser financiadas por el Estado.
Ante lo ambicioso de este gran abanico de medidas, no extraña que la ministra de Sanidad, Ana Pastor, hablara de un "día histórico". Pero la administración también en consciente de que la iniciativa supone el cambio de unos hábitos que perduran desde hace décadas. Por ello, a la hora de prohibir el cigarro en el trabajo, el director general de Salud Pública, José María Martín Moreno, quiso tranquilizar a los fumadores al anunciar que se intentará llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos "avanzando poquito a poco desde la persuasión, la democracia y el consenso". (DPA)
   
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