Jueves 30 de enero de 2003

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Los médicos quieren el equipo para operar la tarjeta

 

Polémica por los contratos de Salud
 
  NEUQUEN (AN).- Los contratos que firmó la subsecretaría de Salud de la provincia con dos empresas -Medicina XXI SA e Imágenes SA- se mantienen en el centro de una polémica. Mientras que para Carlos Ibáñez, asesor médico de Imágenes SA -la clínica de Herman Schroeder- resultan "beneficiosos" para el sistema y la población e impulsan una "flexibilización en el uso del recurso" por parte de los profesionales, para ATE forman parte de "un negociado".
Ibáñez dijo que se fijó un mecanismo intermedio entre la cápita y el pago por prestaciones que se aplicaba anteriormente y el nuevo sistema les permite contar con previsibilidad a las empresas prestadoras -porque evita que se "dispare la cápita"- y a los beneficiarios, que no quedan excluidos por subprestación "como ocurre, por ejemplo, con el PAMI".
La Asociación de Profesionales del Hospital provincial Castro Rendón denunció los contratos por considerarlos "monopólicos, sobrevaluados y perjudiciales", y ayer, la rama Salud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se sumó en la víspera a la crítica.
"Es un negociado más de este gobierno", indicó el dirigente Jorge Riquelme, ya que es "la política que impulsa el gobernador y que tiene por objetivo entregar a los sectores privados los diferentes servicios que debe brindar el hospital para perjudicar el sistema de la salud pública".
Por ambos contratos para prestar servicios de imágenes radiológicas y procedimientos terapéuticos oncológicos y cardiovasculares a pacientes sin cobertura social, la subsecretaría abonará mensualmente más de 160 mil pesos, un monto que significa, según el cálculo de los profesionales, un aumento de 45 mil pesos respecto del costo anterior. Sin embargo, Ibáñez explicó que con la cotización por módulos se logra un importante ahorro en las prestaciones.
Ibáñez negoció con el subsecretario Fernando Gore los detalles del contrato, que se estimó sobre una población potencial de 200 mil habitantes. Ese cálculo obedece a que hay 150 mil afiliados -directos e indirectos- al ISSN y 50 mil más contenidos por obras sociales y empresas de salud prepaga. El resto, en consecuencia, es la franja de población que atiende el sistema público.
Riquelme, en cambio, sugirió que el gobierno debería "invertir el dinero que destina a estos convenios en la compra de los equipos para que el hospital público brinde un servicio de mayor calidad sin la necesidad de tener que recurrir a las empresas privadas".

Se firma el convenio por la cárcel

NEUQUEN y BUENOS AIRES (AN/ABA).- El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Juan José Alvarez, viajará el próximo miércoles a esta capital para firmar el convenio de colaboración penitenciaria con el gobierno neuquino que habilitará la obra de la nueva cárcel en Senillosa. El arribo de Alvarez estaba previsto para mañana, pero por cuestiones de agenda, debió posponerse por unos días.
El acuerdo permitirá la creación una comisión mixta que decidirá sobre los plazos y modos en que se instrumentarán las reformas del sistema carcelario. El acto se llevará a cabo a partir en el gimnasio ex obreros del Chocón y será refrendado por el gobernador Jorge Sobisch y Alvarez.
"El trabajo apuntará a modernizar los sistemas penitenciarios. Este convenio había entrado al ministerio hace mucho y va a permitir un gran avance para la región", le dijo Alvarez a "Río Negro".
La comisión en cuestión estará integrada por técnicos nacionales y locales y tendrá como primer objetivo concreto dar forma al proyecto de traslado de la Unidad carcelaria número 9 (U9), un penal federal que está enclavado en el centro de la capital provincial y que será relocalizado en Senillosa. Según los colaboradores del ministro de Justicia y Seguridad, los técnicos estudiarán la posibilidad de que en el predio donde se edificará la cárcel provincial pueda funcionar además un módulo que albergue reclusos federales.
Los fondos para financiar el emprendimiento provendrán en partes equitativas de Nación y de la provincia, y los tiempos que llevará el proceso serán fijados a posteriori por el grupo de trabajo. Según un primer proyecto, el establecimiento tendrá capacidad para albergar entre 600 y 1.000 internos, y ha sido proyectado en un predio de nueve hectáreas, en el sector norte del parque industrial, con una inversión inicial de 6.000.000 de pesos, a cargo de la Nación.
"Se trata de un complejo de moderno diseño, que contempla instalaciones para presos de mediana y de máxima seguridad. Además, se prevé además destinar un sector abierto, al estilo del sistema que se implementó en Challacó", dijo ayer Sergio Farías, intendente de Senillosa. La subsecretaria de Seguridad, Alicia Comelli se abstuvo de dar cualquier dato sobre los lineamientos, porque según dijo restaban definir algunos puntos de la redacción.
   
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