Miércoles 22 de enero de 2003

 

Carencias en primer plano entre los usurpadores
 

Son 220 familias que están en el barrio Confluencia de Neuquén. No tienen luz, agua ni gas y sí problemas sanitarios

  NEUQUEN (AN).- Son 220 familias de bajos recursos. Viven sin luz, sin agua potable ni gas. Sufren graves problemas sanitarios y de higiene. Muchos de sus chicos están desnutridos. Dicen que las autoridades provinciales y municipales les dan la espalda, y por ello no se moverán de las seis manzanas que usurparon a principios de octubre en el barrio Confluencia. Exigen condiciones mínimas para vivir y que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo les ceda la titularidad de los terrenos.
Es una constante la peregrinación de los delegados de estas familias por las oficinas gubernamentales. Lejos de bajar los brazos, aseguran que "tomarán el toro por las astas". Por ello hoy a las 8 marcharán hacia la Legislatura neuquina, y allí se quedarán hasta que "algún diputado nos dé una solución a nuestros problemas". Lo que dejaron en claro es que no abandonarán la toma bajo ningún punto de vista, y la única alternativa que barajan es que les cedan las tierras para dejar de ser ilegales.
Las primeras usurpaciones en los terrenos de la calle Saturnino Torres, detrás del hipermercado Wal Mart, donde el gobierno tenía previsto levantar el nuevo edificio de la Legislatura, se produjeron el 3 de octubre. Un puñado de familias de los barrios Belgrano y Confluencia instalaron sus precarias casillas en el lugar, cansadas de "esperar en las listas de Tierras Fiscales y de Vivienda por la adjudicación de un terreno o una vivienda".
Con el correr de los días el arribo de más usurpadores se hizo incesante. Hoy suman alrededor de mil las personas que viven sin ningún servicio básico y con graves problemas de higiene y salud en el árido terreno.
Los ocupantes ilegales aseguran que muchos de sus niños están desnutridos, y que varios de ellos padecen problemas de salud. "Hay muchos chicos que sufren de diarrea estival, por el tema de la falta de agua. Menos mal que en la salita de Confluencia atienden a nuestros hijos".
Juan Domingo García y Gabriela Oyarzo, dos de los delegados del grupo, dijeron ayer que fueron "innumerables los pedidos de audiencia con autoridades del gobierno provincial y del municipal". Todos quedaron archivados. Y como desde el IPVU tampoco hubo respuesta a los reclamos, hoy se los harán saber a los legisladores.
En el ámbito judicial también les dieron la espalda. El 14 de este mes la jueza Norma Busqueta de Posa les rechazó una medida cautelar con la que reclamaron la entrega de agua potable en bidones o en camiones.
El subsecretario de Gestión Urbana local, Luis Babaglio, deslindó cualquier responsabilidad de la municipalidad debido a que los terrenos son provinciales. Claro que el funcionario recalcó que la gestión de Horacio Quiroga no modificará su postura en materia de usurpaciones. El intendente mantiene una política de mano dura con los ocupantes ilegales, a quien les niega cualquier tipo de servicios y reclamos.
En la toma "La Familia" residen en su mayoría jóvenes con varios hijos. Son desempleados, beneficiarios de planes de 150 pesos mensuales y trabajadores en negro.
"Lo que pedimos es la tenencia de las tierras y los servicios mínimos para vivir, como la luz y el agua", se quejó García. Como las autoridades "hicieron oídos sordos a todos nuestros reclamos", decidieron realizar conexiones clandestinas de electricidad. "Sabemos que estamos cometiendo un delito, pero el delito desaparece cuando la necesidad es extrema", se justifican, antes de contar que cuando vivían a oscuras "se produjeron muchos hechos delictivos" en la zona.
Para tener agua se las tuvieron que ingeniar porque "desde el Estado no nos dan nada". El fluido, que es como oro en estos terrenos, lo extraen de un profundo pozo que cavó un vecino. "Es un poco salada", dicen entre risas, mientras señalan que tampoco reciben los bonos de gas que entrega el ministerio de Acción Social.
El grupo está conformado por muchas madres solteras, que se las ven realmente feas para poder vivir. "A estas mujeres las ayudamos, les vamos a levantar casillas, porque viven muy mal", señaló Oyarzo.
Los usurpadores niegan que exista una mala relación con los vecinos de la zona. Es más, resaltaron "la ayuda y el apoyo" que les brindan los pobladores de Confluencia, muchos de los cuales "son familiares" de los ocupantes.

Llevará tiempo resolver el conflicto de la toma en Cipolletti

CIPOLLETTI (AC).- No será tan fácil llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto de la toma en Cipolletti. Los concejales de la oposición ven con preocupación muchos aspectos de la propuesta del Ejecutivo que consideran que hay que evaluar a fondo y no con una exigencia de 60 días.
A esto se le suma la decisión de los ocupantes de la chacra de 10 hectáreas, quienes ayer aseguraron que no se irán "a cualquier lado". Se oponen a que los reubiquen en lotes próximos a la zona de El Treinta o Santa Marta, dos de las propuestas que evalúa el gobierno de Julio Arriaga. "Queremos quedarnos en la zona urbana", aseguraron ayer. Lo mismo plasmaron en un cartel que colgaron en uno de los extremos de la propiedad.
El Ejecutivo salió a aclarar inmediatamente que "todavía no está definido el lugar", aunque algunos trascendidos indicaban que otro predio que se analiza es el ubicado detrás del plan de 146 viviendas de la primera toma.
Durante la mañana de ayer el Concejo Deliberante se reunió con el delegado de Viviendas Rionegrinas en la ciudad Gustavo Zobisch y el representante de la cámara Inmobiliaria cipoleña Florentino Soulés.
El presidente del Concejo, Alejandro Fuentes, dijo que hablaron sobre el futuro banco de tierras pero no de sitios específicos para el traslado de los usurpadores "porque eso lo está manejando el Ejecutivo". Fue "un primer contacto", enfatizó.
Luego del encuentro, los ediles de la oposición dijeron que están preocupados porque aún no han tenido acceso "a comunicaciones oficiales referidas al tema, a avances, a plazos de 60 días, a salir a comprar lotes y a una serie de proyectos. No creemos que haya una solución en el mediano plazo en la medida en que no se tengan más precisiones", manifestaron.
El pasado 15 el Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a comprar un predio para financiar lotes a los ocupantes de la chacra de 10 hectáreas. Días después se dieron detalles de las modificaciones que se pretenden hacer por ordenanza para que el acceso a los lotes propios sea más sencillo. Pero los ediles de la oposición dijeron que no recibieron ninguna notificación.
Julio Rodolfo Salto, del MPP, criticó además que actualmente se están haciendo encuestas sociales a las familias que usurpan cuando se supone que la secretaría de Acción Social de Cipolletti tendría que tener registros de la población de riesgo.

Se encadenó para reclamar una vivienda

CIPOLLETTI (AC).- Rosa Antipán, la desocupada que desde hace casi un año acampa en el hall de acceso al municipio de Cipolletti, se encadenó ayer a la puerta principal del edificio para exigir que le den un lugar para vivir. "Ya no sé qué hacer, estoy amenazada y nadie me da una solución", expresó la mujer.
A media mañana, varias personas que pasaban por la vereda se sorprendieron al escuchar los gritos desesperados de Antipán, quien, víctima de un ataque de nervios, increpó a un arriaguista que habría pretendido ingresar por ese lugar.
"La única respuesta que quieren para mí es que me maten", expresó la mujer aún entre lágrimas, cuando habló con "Río Negro".
Antipán se instaló en el frente del municipio cuando era líder de una agrupación de desocupados que exigía comida y planes de empleo. Con el correr de los días fue quedando sola, con su hija, y comenzó a tener problemas en su vivienda y las de sus familiares.
Primero una bomba casera estalló en la puerta de ingreso de la casa de su hijo Gabriel, uno de los referentes de la primera toma en Cipolletti. Luego, también en La Toma, hubo disparos intimidatorios contra el frente de la casa de otro de sus hijos, y finalmente le quemaron parte de su propiedad en el barrio Anai Mapu. "Ahí no podemos volver. Queremos que el IPPV nos cambie la casa por otra en otro barrio", empezó a reclamar hace meses Antipán.
Antes de Navidad, y luego de una huelga de hambre, tuvo contacto con funcionarios provinciales en Viedma. Pero la solución no llegó.
Ayer se sentó frente a la puerta principal de acceso al municipio.
   
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