Sábado 18 de enero de 2003
 

Los controles de Rodríguez Saá
 
  NEUQUEN (AN).- En San Luis, la cuna política de Adolfo Rodríguez Saá, el gobierno trazó un plan para controlar los medios de comunicación, según denunció Juan José Laborda Ibarra, un ex legislador de la Alianza, preocupado por la libertad de expresión en su provincia.
En una nota enviada a este diario, Laborda Ibarra explicó que en 1983 existían varios diarios locales, tanto en San Luis como en Villa Mercedes, las dos principales ciudades puntanas. "Hoy sólo existen tres diarios en San Luis: "El diario de la República", un matutino, "La Opinión", vespertino, y "Extra de bolsillo", de distribución gratuita. Los tres son editados por la firma PAYNE SA, propiedad de Alberto Rodríguez Saá", dijo Laborda Ibarra, que ahora tiene un programa los sábados por una radio FM y se interesó por el caso de "Río Negro" a partir de la decisión que tomó el gobierno de Jorge Sobisch.
El ex legislador dijo que los medios "oficialistas" de San Luis concentran el 100% de la publicidad estatal.
Al describir la situación de los medios en San Luis, Laborda Ibarra explica que en esa provincia funciona un canal de televisión por aire. Dijo irónicamente que el Canal 7 de Buenos Aires, comparado con el su provincia "parece la BBC de Londres por su pluralismo" en la información,
También hizo alusión a los tres canales de cable, dos en San Luis y otro en Villa Mercedes, que "son controlados económica y políticamente desde el poder a través de la designación de los periodistas y gerentes".
En materia de radios, Rodríguez Saá también tiene sus ramificaciones. El ex legislador sostuvo que la familia del gobernador maneja "no menos de cinco radios" y reveló que "a pesar de la gran cantidad de radios FM y algunas pocas AM, el control sobre la mayoría de ellas se da a través del peso de la discriminación en la publicidad oficial, sobre todo en épocas electorales", tanto generales como internas.
Para culminar la radiografía sobre los medios de comunicación de San Luis, Laborda Ibarra aseguró que el gobierno "concentra en sus propias manos los medios de prensa, dispone de una política de absoluta arbitrariedad en el manejo de los fondos estatales de publicidad, privilegia impositivamente a sus empresas de comunicación y ejerce control económico sobre los medios y muchos periodistas".
   
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