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Jueves 16 de enero de 2003 | ||
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Firmó Verani y Salvucci es director en Educación |
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Fue designado por decreto. Cobrará unos 1.800 pesos. |
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Mientras tanto, la cartera educativa sigue consensuando en el gabinete la distribución de labores y fondos para el mantenimiento escolar después que se suspendiera la cesión a los municipios de esa función. Por ahora, Educación habría acordado que el IPPV-Casa Rionegrina se haga cargo de un centenar de los establecimientos del Alto Valle Oeste por un monto cercano a los 400 mil pesos anuales. Más político que funcional, el nombramiento de Salvucci se estableció con el decreto 1.411 fechado el 30 de diciembre, aunque en realidad la norma se redactó en los primeros días de este año. Quien ahora tendrá el poder de decisión sobre todas las obras que se hagan en el Alto Valle es un hombre de extrema lealtad de Verani, que en numerosas oportunidades protagonizó hechos violentos. Ejemplo de esto son las denuncias que vecinos radicaron por agresiones físicas, la muy comentada pelea que terminó con el ministro Alejandro Betelú víctima de un golpe y el escándalo del 22 de noviembre en el hospital de Roca, cuando desocupados y trabajadores de prensa fueron agredidos por personas que luego se mostraron al lado del entonces Director de Servicios Públicos. Precisamente por ese episodio el intendente de Roca, Ricardo Sarandría, lo echó del municipio. Ahora Verani lo reivindicó con un cargo en la provincia con un nivel salarial similar al que tenía. De paso desafió a los críticos, entre ellos la ministra Ana Mázzaro quien resistió su incorporación. La titular de Educación explicó que Salvucci será un supervisor de las obras que decida y financie el ministerio. Argumentó la designación en la complejidad que se plantea en las escuelas del Alto Valle. La presencia de Salvucci alentó polémicas dentro del gabinete antes de que Verani regresara de sus vacaciones en Pinamar. Igual debate se abre con el escenario de supervisión que se le asigna, pues sobraron en los últimos meses denuncias por irregularidades en el manejo de los fondos de Educación en las delegaciones del Alto Valle. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas cuestionó obras por más de 330 mil pesos en escuelas del Alto Valle Oeste y del Este. Varios expedientes se transformaron en causas penales por denuncias formalizadas por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Carlos Malaspina. En el análisis de los expedientes, esos órganos advertían datos categóricos, como "falta de recibos de la cotización, no se acredita un mínimo de cinco empresas oferentes, no hay constancias del depósito de garantías, el acto de apertura de ofertas se realizó antes de la fecha consignada en los pliegos, el acta no tiene firmas de los presentes, no se agregan los certificados de capacidad técnica-financiera de las empresas", entre otras fallas. Por caso, la constructora de Juan Domingo Franco -a quien muchas veces se lo vio junto al ex encargado de las reparaciones del CPE en el Alto Valle, Rodolfo "Rody" Aguirre- fue cuestionada porque se le abonaron labores sin precisiones de la escuela en las que se concretaron. También, el Tribunal resaltó que no existió "constancia de intervención de un inspector técnico" y de Obras Públicas, lo cual, "impide verificar la existencia de las reparaciones". |
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