Principio de acuerdo en conflicto por la toma

Por 60 días se congelarán las acciones judiciales. En ese plazo, el municipio cipoleño prevé conseguir un loteo accesible para trasladar a las familias. Harán un relevamiento de los ocupantes.

La audiencia entre las partes realizada ayer en el Juzgado Civil arrojó un principio de solución, tras 11 días de conflicto.

CIPOLLETTI (AC).- Un principio de solución surgió ayer al conflicto generado por la ocupación ilegal de 10 hectáreas en Cipolletti. En la audiencia realizada en el Juzgado Civil, el municipio se comprometió a adquirir tierras para efectuar un loteo accesible -con precios que oscilarán entre los 1.000 y 3.000 pesos por parcela- para que los ocupantes puedan adquirirlos en plazos prolongados. La provincia aseguró que instalará allí los servicios básicos de agua y luz, y construirá los pozos ciegos.
Esta medida deberá canalizarse en un plazo de 60 días, término en que quedarán suspendidas todas las acciones judiciales iniciadas por los propietarios de la chacra actualmente usurpada.
La salida se logró en función de la audiencia ordenada por la jueza María Alicia Favot, a la que debía comparecer el gobernador Pablo Verani o un representante provincial. Estuvo, para el caso, Mauricio Figueroa, director de Coordinación de Políticas Sociales del ministerio de Desarrollo Social.
El encuentro se prolongó por casi tres horas, desde las 10 hasta las 13, y fue presidido por Favot.
Aparte de Figueroa concurrieron dos de los propietarios, Miguel Calabró y Néstor Tacchino, junto con asesores legales; el secretario de Gobierno del municipio Fabián Gatti y una representación de los ocupantes integrada por seis personas.
La tensión inicial se convirtió al final en un suspiro de alivio, porque si esta instancia, en el contexto de un trámite sumarísimo resultaba negativa, no quedaba otra opción que activar un mecanismo de desalojo.
El funcionario de Desarrollo Social fue el primero que informó sobre el principio de solución logrado. Gatti luego corroboró sus apreciaciones, mientras que Favot prefirió el silencio, considerando cumplida su misión en este aspecto.
Figueroa reconoció que la solución del conflicto pasó más que nada por una propuesta del municipio, que se comprometió a adquirir tierras "y sacarlas a loteo con precios accesibles para los ocupantes".
Antes que nada, aclaró, que la comuna con personal del área de Acción Social hará un relevamiento para saber de manera fehaciente cuántos son los usurpadores y cuál es el grado de necesidad de vivienda que tienen.
La provincia, dijo Figueroa, se comprometió a apoyar al municipio con los servicios de agua y luz en los terrenos que se adquieran para reubicar a los ocupantes.
El dinero para la compra de esos terrenos (que se podrían adquirir en la zona de El Treinta o Santa Marta) surgirá de las arcas comunales.
En el acuerdo no se habló de planes para la construcción de viviendas; sólo de lotes. Sí quedó definido que habrá algún tipo de ayuda para los que no estén en condiciones de desembolsar plata para tener sus terrenos, con la contraprestación de trabajo.
Este sistema de loteo "accesible" quedará asentado por ordenanza a fin de que sirva para solucionar distintos problemas habitacionales en Cipolletti.
Gatti calificó como "muy productiva" a la audiencia. "La posición del Estado en estos casos fue tratar de equilibrar los diferentes intereses que colisionan en la ciudad. Nosotros planteamos el respeto a la propiedad privada, que reconocieron los ocupantes, y el logro de una solución para que ellos tengan una alternativa válida", sostuvo.
Dijo que si en 60 días "no se hubiera culminado el proceso" de compra de tierras, modificación de ordenanzas y demás, habrá otra reunión de las partes para una prórroga "hasta que el problema se resuelva definitivamente".
"Hoy hemos dado el primer paso", enfatizó el funcionario.

Después del relevamiento algunos se irán del predio

CIPOLLETTI (AC).- "Irán saliendo de a poco", aseguró ayer el abogado que representa a los ocupantes, Claudio Romero. El letrado mencionó que luego del relevamiento que se acordó en la audiencia de ayer, las familias que tengan posibilidades de vivir en otro lado para mejorar su calidad de vida lo harán, y las que no, se quedarán en la chacra mientras dure el plazo pautado de 60 días. Al finalizar la audiencia en el Juzgado Civil, Romero reconoció ayer que salieron "conformes" del encuentro, al tiempo que destacó la actitud de la municipalidad y del gobierno provincial por haber puesto "todo lo necesario para llegar a un acuerdo".
"El paso que se dio es grande. Yo creo que sí hay solución", afirmó el abogado, quien aseguró que luego de 60 días volverá a participar de una reunión en el Juzgado para terminar de cerrar el proceso.
En la chacra usurpada desde el sábado 4 hay una cifra aún no precisada de familias que se instalaron en carpas, casillas o improvisados refugios bajo los árboles. El primer paso que se realizará para tratar de destrabar el conflicto será realizar un relevamiento de los distintos grupos familiares para ver quiénes son los más necesitados y los que tendrán preferencia a la hora de acceder a los lotes.