Nervi advierte: el IPPV deriva más de lo que hace

El 10% de las quejas ante la defensora de Río Negro es por problemas habitacionales.

El constante traspaso de responsabilidades a entidades intermedias para las adjudicaciones debe revertirse, según Nervi.

VIEDMA (AV).- La problemática habitacional constituyó un 10% de las quejas efectuadas el año pasado ante la Defensoría del Pueblo.
En su análisis, la defensora Nilda Nervi cuestionó que el IPPV transfiera a las entidades intermedias la evaluación y la adjudicación de las viviendas que se construyen con fondos nacionales y provinciales.
Según Nervi, el instituto "no puede sustraerse" de esas funciones y consideró que esa política habitacional debe ser manejada por el instituto provincial.
Entre otras conclusiones, la Defensoría entendió que en la provincia no hay respuestas para los rionegrinos de "menores recursos".
Los reclamos de viviendas -según las estadísticas de la Defensoría- se ubican entre los más numerosos, conjuntamente con los temas educativos, problemas laborales, inconvenientes en la atención de la salud, cuestiones previsionales y servicios públicos. La actuación del organismo del año pasado derivó en la iniciación de 2.244 expedientes, de los cuales, unos 200 trámites pertenecen a cuestiones habitacionales, sin computar decenas de presentaciones que no fueron formalizadas porque la Defensoría -directamente- entendió que no era competente.
En la principal evaluación, Nervi expresó que son "las entidades intermedias -municipios, gremios y, entre otros, mutuales- quienes tienen a su cargo la inscripción, evaluación y adjudicación" de las viviendas. Advirtió que "la gran mayoría" de estas entidades "desconocen la evaluación necesaria para la adjudicación".
La Defensora explicó que el IPPV cuenta con "personal competente y preparado para decidir sobre las dudas" de los inscriptos, tras lo cual, consideró que el instituto "es el organismo idóneo para cumplir esta tarea y no puede sustraerse a esa función".
Así las cosas, el escenario muestra que las entidades intermedias aportan los terrenos y el IPPV conforma los planes, sólo reservando para si un papel de supervisión.
La aplicación de este mecanismo derivó en cuestionamientos el año pasado, aunque entonces las dudas se correspondían a la operación directa que establecía el sistema con las constructoras.
Inicialmente la operatoria del IPPV alcanzó a los municipios pero ahora se extendió a gremios y mutuales. Hace algunos días, una mutual de Amas de Casas de Viedma recibió un barrio de 24 unidades.
Los problemas habitacionales planteados en la Defensoría del Pueblo se centran en la "demanda habitacional insatisfecha, ocupación irregular de viviendas, vicios constructivos, problemas de convivencia, demoras en la escrituración, imposibilidad de acceso al crédito, falta de resolución sobre desadjudicaciones, viviendas desocupadas, impugnaciones en preadjudicaciones, subsidios sobre cuotas y viviendas para discapacitados".
El organismo mencionó que además existieron denuncias sobre "adjudicatarios que no figuraban en la preadjudicación pero que luego fueron beneficiados con una vivienda".
Una mención especial se centró en las respuestas del organismo que conduce Jorge Ferreira. Nervi cuestionó la transferencia de la política habitacional y, además, entendió que "sistemáticas respuestas evasivas dejan sin solución" a la mayoría de los casos planteados, "muchos de ellos desesperantes y graves"
En otra parte del informe, la Defensora centralizó la falta de respuesta a los más pobres, a partir del requerimiento de un ingreso mínimo de 400 pesos.
La conclusión es que tanto el IPPV como la Secretaria de Acción Social - que ejecutó el PROVI- "no han podido atender la demanda permanente de viviendas y que los programas específicos no han alcanzado los resultados esperados".

Sólo evasivas y supervisión

La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada no sólo porque el IPPV estableció el mecanismo de cesión de la política habitacional sino que además le cuestionó sus "sistemáticas evasivas".
Nervi transcribió las respuestas del instituto, incluso mencionó "infortunadas" apreciaciones del asesor legal en relación a la labor del órgano, a lo cual la Defensoría contestó que su función constitucional es la de "un colaborador crítico que no debe ser vista como la de un adversario ni la de un juez".
En general, las respuestas del IPPV repiten el siguiente tenor: el reclamo se envía a la agencia zonal para la respuesta según "la realidad habitacional de esa localidad", o se encuadra la queja dentro "de la demanda insatisfecha" que será considerada en "en futuros emprendimientos" o con "la recuperación de viviendas que puedan efectuarse". En otra parte, el instituto sólo aludía "insistir ante el municipio, pues las viviendas pertenecen al mismo".
"El Instituto solamente se aboca a supervisar los legajos enviados, verificando que cumplimenten los requisitos exigidos para la adjudicación de una vivienda y por último a la publicación del listado", entendió la defensora. (AV)