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Martes 14 de enero de 2003 | ||
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Denuncia judicial por la toma en El Chañar |
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La hizo Bertoya, quien ve un trasfondo político en el conflicto |
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María Geldres, Raúl Mardones, Fernando y Fernanda Astete forman parte de la comisión de delegados de la toma que fue bautizada como "La Milagrosa". "Partidos políticos no hay acá, si quieren colaborar se los acepta, pero no se permite política", indicaron al ser consultados respecto al trasfondo político que dice Bertoya que existe tras la toma. Geldres tiene tres hijos y aseguró que se crió desde los tres años en el Chañar sin poder acceder hasta ahora a una vivienda propia. "Ni siquiera teníamos plata para ir a los remates a comprar terrenos, así que nos empezamos a juntar y decidimos venirnos acá donde hay mucho espacio", dijo la mujer. Mientras ella percibe el subsidio de 150 pesos del plan Jefes y Jefas de Hogar, el resto de los voceros trabajan en las chacras al igual que la mayoría de los que se anotaron para conseguir un lugar en el asentamiento. "Ya tenemos a 123 familias. El sábado empezó con 12, el domingo llegábamos a más de 60 y en este momento somos 123. Es toda gente que necesita; lo que pasa que se va enterando y va cayendo", dijo Fernando Astete. Detalló que en algunas familias que llegaron ayer hay peones rurales de la picada 19 y 21, a unos 18 kilómetros del casco urbano de El Chañar. "Es gente que no tiene como alquilar y que vive en una piecita que le dan, pero donde apenas cabe con los pibes y aguantando muchas cosas para que los chicos tengan un lugar, así es que toda esa gente tiene lugar acá", sostuvo Astete. La comisión de delegados dijo que se organizaron y luego buscaron respaldo en la Federación de Tierras del CTA, que ayer estaba en la toma. Reiteraron que la municipalidad remata los terrenos disponibles, y si bien salen a valores de 400 a 600 pesos "cuando después de muchos meses de trabajo se arma de un dinero así, en el remate no se consigue nada, porque en menos de 15 minutos la oferta llega a más de 1.000 pesos y finalmente se venden en más de 3.000 por gente que puede pagar eso. Nos venimos con una bronca y con impotencia, así nunca vamos a lograr nada", reclamó Astete. El intendente municipal, Leandro Bertoya, justificó que el remate público es la única manera permitida legalmente por la ley 53 para la entrega de terrenos. Aseguró que la zona que fue usurpada iba a ser rematada en más de 100 lotes en febrero con bonificaciones y cuotas para los vecinos del lugar. "Se pidió (a la justicia) la restitución de esa tierra al municipio; hay gente que necesita de su vivienda y conocemos la necesidad, pero la toma de terrenos no es la forma. Repudiamos esta metodología", dijo. Agregó que en el asentamiento "además de los que necesitan, hay personas que tenían sus casas y las vendieron, o las cambiaron por un auto; también se instaló gente de fuera de la localidad. Creo que es una movida política basada en la necesidad real de algunos vecinos y que la llevan adelante candidatos del PJ y la CTA". Bertoya aclaró que una de las voceras iniciales de la toma, Sonia Leiva, es precandidata a la presidencia del Deliberante por el PJ "que anduvo casa por casa buscando gente para hacer la toma", mientras atribuyó al CTA la intencionalidad de "generar el conflicto en El Chañar, que es un modelo de gestión del MPN", finalizó. |
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