Lunes 13 de enero de 2003
 

Especialista en derecho a la información alerta sobre censura indirecta

 

Damián Loretti, académico de la UBA y la UNLP, cuestionó la medida de levantar la publicidad oficial de Neuquén en "Río Negro".

 
Damián Loretti objetó la medida.
BUENOS AIRES (ABA).- La decisión del gobierno de Neuquén de levantar la publicidad oficial en "Río Negro" luego de la información publicada sobre las cámaras ocultas despertó críticas en el ámbito académico.
El principal referente del Derecho a la Información en el país, Damián Loretti, aseguró que esta medida podría ser entendida como un acto de censura indirecta sobre el diario, y alertó sobre las posibles violaciones al Pacto de San José de Costa Rica en que se estaría incurriendo.
Loretti es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y titular de la cátedra de Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Su libro "El Derecho a la Información. Relación entre Público, Medios y Periodistas", marcó un antes y un después en esta disciplina jurídica.
-¿Cómo se ve el caso desde el derecho a la información?
-Hay una declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de octubre de 2000, donde explícitamente se hace mención a estos casos. Uno de los puntos principales condena la utilización de la publicidad oficial para castigar o premiar a los informadores. Existe jurisprudencia al respecto. Hay por ejemplo un caso del diario "Hoy" contra la municipalidad de La Plata, que hace mención a una situación similar. Además, se están desconociendo importantes señalamientos del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, y las interpretaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene dando respecto a la importancia del derecho a la Información, al pluralismo, a la información veraz, al derecho de los Estados, entre o otros puntos.
-¿Cómo interpreta legalmente la decisión tomada por el gobierno neuquino?
-La situación hay que verla así: Hay una partida presupuestaria de la cual el diario "Río Negro" venía siendo merecedor. Eso está afincado en que hay ciertos criterios de razonabilidad para que al diario se le diera el dinero, incluso durante la administración Sobisch y antes también. Se acreditaba que el diario era merecedor ya que la provincia consideraba necesario que la información oficial saliera por "Río Negro". Haber tomado una medida por el contrario implicaría que se está cuestionando la razonabilidad de la inversión anterior. Y como esa medida no era irrazonable, porque jamás la cuestionó tampoco el Tribunal de Cuentas de la provincia, no creo que haya mérito para revocarla.
-¿La actitud tomada por el gobierno de Neuquén puede ser considerada como un acto de censura?
-En términos populares y periodísticos, le diría que sí. En términos técnicos, la censura es el proceso de revisión previa a la publicación. Esto sería, más bien, un acto de censura indirecta, de limitación del derecho a la Información.
-¿Qué sucede con la ciudadanía que recibía la información pública de Neuquén por "Río Negro"? ¿No se estarían vulnerando sus derechos de acceso a esa información?
-Es un planteo posible. Puede haber un perjuicio a los neuquinos que no tengan derecho de acceder a la información, que estaría canalizada en otras vías. Es un planteo razonable. Si hay un ciudadano neuquino que hoy se informa por vía del "Río Negro" sobre la información pública de Neuquén, lo estaría obligando a tener que cambiar de diario para poder seguir accediendo a ese tipo de información. Y por ejemplo alguien que tenga actividad en las dos provincias, estaría obligado a comprar los dos diarios.
-¿Recuerda antecedentes de presiones similares sobre los medios de comunicación con el manejo de la publicidad oficial?
-Yo recuerdo una denuncia de "Página/12" de violación al artículo 161 del Código Penal que es el delito que castiga la obstaculización o el entorpecimiento de la circulación de periódicos y libros. En Santiago del Estero pasaron cosas similares, sobre todo con el diario "El Liberal".
-¿Cuál es el peligro de que los gobiernos intenten operar con premios y castigos sobre los periódicos por medio de la publicidad oficial?
-El primero y más grave es la manipulación y la privación de la independencia editorial por la sujeción permanente a la decisión del poder de turno sobre qué es lo que se puede publicar y que no por medio de mecanismos de control indirecto muy fuertes. Hay un fallo de la Corte de 1987 sobre el diario La Prensa. La Corte resolvió que era inaplicable a un diario la legislación sobre precios máximos porque decía que esto afectaba lo que se llamaba la ecuación económica financiera de los medios y garantizaba la independencia editorial.
-¿Cómo se puede solucionar esta situación, que parece ser moneda común en el país?
-La primera solución debe ser transparentar completamente los mecanismos por los cuales se asigna la publicidad oficial. Para esto hacen falta leyes provinciales, leyes de acceso a la información que establezcan que la población acceda a los mecanismos de definición de políticas públicas y el gasto e inversión.
   
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