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Domingo 12 de enero de 2003 | ||
Los gastos de publicidad oficial son una incógnita |
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Sólo el bloque de la Alianza hizo nueve pedidos de informe sin éxito |
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En más de tres años de gestión son numerosos los pedidos de informes que los diputados de la oposición han solicitado para conocer los montos que el Ejecutivo destina para la publicidad oficial. Sin embargo, la solicitudes en la mayoría de los casos no logran romper el cerrojo de los despachos oficiales, aun cuando la Constitución de la Provincia en sus artículos 93 y 94 establece que la Legislatura tiene la facultad de pedir los informes y aclaraciones que considere necesarios a los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y todas las reparticiones públicas, nacionales o provinciales, autárquicas o no, tienen la obligación de dar los informes escritos que los legisladores en forma individual o colectiva soliciten. Sólo el bloque de la Alianza ha pedido nueve informes sobre ejecuciones presupuestarias destinadas al pago de publicidad o consultorías. Los legisladores intentaron en junio de 2000 conocer, por ejemplo, el presupuesto destinado tanto a la publicidad como a la promoción de eventos organizados por el Banco Provincia del Neuquén SA, la fundación de esa entidad crediticia o la implementada desde el Ejecutivo provincial. Pero los datos relacionados con los movimientos de fondos del BPN aún es un misterio. Tampoco hubo suerte en abril de 2001 cuando los legisladores quisieron conocer los balances de los últimos tres ejercicios del banco o el monto ejecutado en publicidad en igual período. En esa ocasión, el costo de la contratación del pianista neuquino, Raúl Di Blasio, que reside en los Estados Unidos, también era una incógnita para los miembros del Poder Legislativo. Pero los pedidos de informes no sólo se estrellaron contra la puerta del despacho del presidente del BPN, Luis Manganaro. El subsecretario de la Gobernación y sobrino de Sobisch, Rodrigo Salvadó, siguió la misma política. Ni siquiera hubo respuesta desde ese estamento del Estado para conocer la situación técnica y operativa del sistema satelital de integración provincial de radiodifusión y de Radio y Televisión del Neuquén (RTN). Tampoco se obtuvo la información sobre los convenios suscriptos con las emisoras radiales y televisivas de la región para la retransmisión de la programación de ambos organismos. Aunque el caso más paradigmático es la Fundación del BPN, cuyo erogaciones son hasta hoy desconocidas para los legisladores y la sociedad neuquina. La entidad financiera que conduce Manganaro se transformó en una sociedad anónima en diciembre de 2000 gracias a un salvataje de 70 millones de pesos aportados por Estado provincial que le permitió seguir operando. Para sanear el banco, además, se transfirió la cartera de deudores al Instituto Autárquico de Desarrollo Provincial (Iadep) por un monto cercano a los 130 millones de pesos, a valor dólar. El subsecretario de Hacienda, Claudio Silvestrini, también ha sido requerido por los diputados para que informe los gastos de publicidad oficial. Pero allí tampoco se han proporcionado en abundancia los detalles de los gastos. Los despachos oficiales permanecieron herméticamente sellados cuando en abril último se intentó conseguir el monto de dinero que destinó el gobierno para financiar la difusión del video, que mostraba al titular de la CTA, Julio Fuentes y al dirigente de ATE, César Sagredo, supuestamente entregando dinero a manifestantes, que asediaban la sede de la subsecretaría de Trabajo en esta capital. Aunque en esa oportunidad la respuesta la proporcionó un directivo de Canal 7 que confirmó que el espacio contratado para emitir el video por ese medio fue pagado por el gobierno provincial. Luego, en julio de 2002 la Alianza quiso saber si el gobierno había pagado varias páginas de promoción de recursos turísticos de la provincia, que se publicaron el 25 de junio pasado en una revista de tirada nacional. Salvado respondió diez días después por nota y aseguró que el gobierno no las había financiado. Anteayer, la oposición recurrió a Salvadó para que, entre otros aspectos, confirmara si el gobierno "ha dispuesto restricciones a Editorial Río Negro para difundir espacios de publicidad". De igual forma pidieron la distribución detallada del presupuesto para publicidad entre los medios contratados. Pero hasta ahora nadie se hizo eco al pedido. |
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