Viernes 10 de enero de 2003
 

"Río Negro" defenderá su derecho

 

Ante la Justicia y los organismos nacionales e internacionales de la prensa libre.

  El intento del gobierno neuquino de perjudicar a "Río Negro" ahogándolo económicamente al privarlo de la publicidad del Estado no es, lamentablemente, el primero en la historia de la prensa. Tanto, que este tipo de prácticas está puntualmente condenada por todas las declaraciones en favor de la prensa libre que han firmado las naciones democráticas.
Por ello, este medio recurrirá ante los distintos organismos nacionales e internacionales creados para garantizar que se respete el derecho de los ciudadanos a estar informados a través de una prensa libre y sin ataduras, además de accionar ante la Justicia para exigir que se anule la decisión gubernamental discriminatoria y dañosa, solicitando como medida cautelar el inmediato retorno a la situación existente con anterioridad a ella.
La declaración de Chapultepec -surgida de la Sociedad Interamericana de Prensa y firmada en México en 1994- condena expresamente las tentaciones en que suelen caer aun gobiernos democráticos respecto de la prensa. Esa declaración ha sido firmada por casi todos los jefes de estado del hemisferio occidental.
Su principio Siete dice en forma textual: "Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas".
En agosto de 1998, en San José de Costa Rica, juristas, directores de medios, periodistas y ciudadanos de toda América ratificaron los diez principios de la declaración original e introdujeron Contribuciones a cada uno de ellos. La correspondiente al principio siete agrega que "la existencia de tribunales confiables e independientes y de procedimientos expeditivos, constituyen una garantía fundamental para corregir cualquier acto legislativo o administrativo que atente contra la libertad de expresión y de prensa".
También la Unesco ha aprobado varias Declaraciones sobre el Fomento de unos Medios de Comunicación Independientes y Pluralistas. Una de las más importante de ellas es la Declaración de Windhoek, aprobada en 1991, que expresa en su punto uno que la existencia de una prensa independiente "es indispensable para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un país, así como para el desarrollo económico", agregando en su punto dos: "Por prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan dominio político o económico, como tampoco ningún control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas".
Uno de los más brillantes analistas de la prensa contemporánea, Jack Fuller, ha expresado que "los medios de comunicación representan un centro de poder que contrarresta el del gobierno y, por lo tanto, los medios ofrecen al gobierno un blanco atractivo para sus regulaciones. Una de las formas es cortejar a los medios con atenciones, invitarlos a los círculos interiores, tratarlos como si fueran parte del establecimiento político, como los senadores o los congresistas. La otra forma en que los funcionarios del gobierno pretenden controlar a los medios es ejerciendo el poder del Estado directamente sobre ellos. Por varias razones, este peligro está aumentando".
Añade que aquellos editores o periodistas que piden favores y se acercan en extremo a las autoridades "colocan al gobierno en la posición de recompensar y castigar a los medios noticiosos de una forma distinta a como lo hace con otras empresas. Una vez separados para darles un tratamiento especial, ya sea de protección o restricción, los medios se convierten en suplicantes. Esta es una relación equivocada. Debe existir un equilibrio de poder entre ambos".
El gobierno neuquino ha caído en varias confusiones. La primera de ellas ha sido confundir Estado con gobierno. Los funcionarios son administradores de un Estado que no les pertenece a ellos sino a los ciudadanos, y que no pueden convertir en un arma para dañar o discriminar. La segunda, pretender que los ciudadanos de Neuquén necesitan que se los ayude a decidir qué diario leer para recibir la información que necesitan acerca de lo que sucede a su alrededor, en definitiva, creer que ser gobierno los habilita como dosificadores de la información, como quien imparte un jarabe o, peor aún, un sedante.
   
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