Jueves 2 de enero de 2003

 

Firmas públicas pagaron los $100 de los privados

 

Ahora el Ministerio de Economía de Río Negro suspendió la suba, luego de que un dictamen nacional ratificara que el aumento corresponde sólo a los empleados privados.

 
Rodríguez y Carballo están en contra del pago de los 100 pesos en las empresas estatales.
VIEDMA (AV).- Las empresas públicas de Río Negro asignaron a su personal el incremento de 100 pesos que la Nación decretó para los trabajadores privados. La medida se aplicó desde julio pasado pero ahora el Ministerio de Economía suspendió esa suba en la mayoría de las sociedades rionegrinas a partir de que un dictamen nacional ratificó que ese incremento no alcanzaba a los estatales.
Esas organizaciones empresariales suman casi 1.500 agentes. Estos estatales recibieron el aumento privado de 100 pesos -que fijaron los decretos 1273/02 y 1371/02- porque las conducciones de las sociedades evaluaron que su personal está incluido en convenios colectivos de trabajo.
La asignación fue objetada por Economía por la diferencia que constituye con respecto al resto de la administración pública. El debate sobre la incidencia de esa norma llegó a la Nación.
El representante provincial en las empresas públicas, Oscar Carballo, confirmó que la cartera laboral de Nación confirmó que ese incremento no alcanza a las sociedades con mayoría estatal. Por eso, el funcionario reconoció que la suba se suspende con decisiones de las asambleas pero afirmó que no se reclamará la restitución de los montos ya abonados. Aseguró que varias de las sociedades ya formalizaron las asambleas pero que falta cumplirlas en otras empresas, como Sefepa y Casase.
Cumplida la determinación por parte de la asamblea de accionistas, fuentes de Economía afirmaron que la suspensión de ese incremento debería ser automático aunque no arriesgaron si todas ya revisaron esos pagos salariales.
La resolución final está centrado en el dictamen 939 de Trabajo de Nación. Aseguró que la asignación de "la suma no remunerativa de 100 pesos" se destinó a "los trabajadores del sector privado comprendidos en los convenios colectivos de trabajo".
La información que requirió Río Negro a Nación se centró en un caso testigo. Se reclamó la "aplicabilidad al personal de la empresa Aguas Rionegrinas SA -ARSA- comprendido en las convenciones colectivas celebradas por los trabajadores del sector, destacando que la mencionada empresa dejó de ser una sociedad del Estado para convertirse en anónima".
Aclaró que el decreto "dispone que el aporte no serán aplicables" al sector público mientras que su reglamentación precisa que "la exclusión comprende a la totalidad de dichos trabajadores, cualquiera sea el régimen legal al que los mismos se encuentren sujetos. Esta última previsión -dice el dictamen- basta para despejar toda duda". Luego, explicó que se debe "aplicar por analogía la pauta prevista en el artículo 8 de la ley 24.156 que define al sector público, incluyendo en dicho concepto a "todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".
El dictamen concluye que todo dependerá de "quiénes son los titulares del paquete accionario" ya que en la medida que la empresa tenga mayoría estatal sus "trabajadores se encuentran excluidos del incremento salarial".
Inicialmente, la secretaría de Trabajo de Río Negro, Ana Piccinini solicitó a su par nacional esta opinión porque entendió que no estaba claro "en qué situación se encuentran aquellas empresas públicas, sociedades del estado o sociedades con participación estatal mayoritaria cuya planta de personal comprenda a trabajadores regidos por la ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos". Especificó que el personal "de ARSA se siguen rigiendo por el derecho público aunque renunciaron al régimen público y se aplica por la ley de contrato de Trabajo".
Luego, Piccinini agregó que esos agentes "conservan la obra social estatal y por el hecho de haberse suscripto una convención colectiva de trabajo a través de la representación del gremio estatal mayoritario (UPCN) podría interpretarse que la relación jurídica de estos trabajadores se sigue rigiendo por las normas del derecho público". También, consignó en su análisis que una parte de la Doctrina DROMI "los trabajadores de este tipo de sociedades (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria) se rigen por las normas del derecho privado".

Economía está suspendiendo la medida

El contador Oscar Carballo -que está designado por Economía para coordinar y representar a la provincia en las sociedades estatales- confirmó que ese ministerio está suspendiendo la suba salarial de 100 pesos de incremento salarial con mandatos en las asambleas.
La decisión está sostenida por un dictamen de Trabajo de Nación, el cual, ratifica que el aumento de 100 pesos no alcanza a las sociedades con mayoría estatal.
En diálogo con "Río Negro", el contador admitió que "se están cumpliendo con las asambleas societarias para modificar el criterio del incremento". Así, afirmó que la revisión ya se concretó en ARSA, Transcomahue, Viarse, Horizonte, Altec, Invap y Edhipsa.
En cambio, Carballo manifestó que todavía queda por cumplirla en Casa Rionegrina y Sefepa.
En otra parte de la entrevista, el funcionario explicó que también se incluye en el debate salarial el cumplimiento del tope de la remuneración del ministro, admitiendo que existen técnicos en algunas sociedades rionegrinas que sus haberes superan los haberes que fijan el decreto.
La mayoría de estas empresas mantienen total libertad funcional en sus políticas salariales y contractuales. No sólo quedó en evidencia con este incremento sino que sobran decisiones anteriores en igual sentido, como el pago en Lecop o las limitaciones en los haberes de sus directivos. (AV)
   
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