Viernes 31 de enero de 2003
 

Tarifas: el gobierno justifica ajustes y consumidores acuden a la Justicia

 

Según Atanasof, son para mantener la calidad. Consumidores y defensorías del Pueblo apelan. Advierten por alzas en otros servicios.

 
El aumento de gas y electricidad, como es lógico, recibió más oposición que celebraciones.
El gobierno reiteró ayer sus argumentos en favor del ajuste que dispuso en las tarifas de electricidad y gas a cuenta de lo que resulte del proceso de renegociación de los contratos con las empresas a cargo de esos servicios, mientras que varias organizaciones de consumidores y las defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires insistirán en cuestionar la medida ante la Justicia.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, insistió en definir como "pequeños" los aumentos en las tarifas y ratificó que tienen tiene por finalidad "mantener la calidad de los servicios".
Atanasof señaló que "con una inflación que supera el 40%, estamos comenzando a hablar del ajuste del cuadro tarifario", y ratificó que el incremento será "de 1,47 pesos promedio mensual en el servicio de gas, y alrededor de 2,50 promedio mensual para la electricidad".
"Los ajustes son mínimos, si uno lo compara con las modificaciones que han tenido otras cosas", agregó el funcionario, para quien "casi la mitad de los usuarios no tiene ningún motivo de preocupación, porque no va a haber ningún aumento para ellos en el ajuste del cuadro tarifario", en alusión a que no habrá cambios para las facturas de electricidad con consumos de hasta 300 kilovatios por bimestre y de hasta 500 metros cúbicos anuales, en el caso del gas natural por redes.
Los aumentos tarifarios de la electricidad promedian 9%, y 7,2 % los del gas a nivel residencial, pero son mayores para los consumidores industriales (llegan al 18 %), y para el Gas Natural Comprimido (GNC) donde llega al 19,3% en el ámbito metropolitano de Buenos Aires. El ajuste de tarifas fue dispuesto mediante el decreto 146/2003 publicado ayer en el Boletín Oficial y establece una "readecuación transitoria" de los cuadros tarifarios "hasta tanto concluya el proceso de renegociación" a cargo de la Comisión específica creada en el ámbito del Ministerio de Economía.
Se trata de la misma comisión que esta llevando adelante la renegociación de los contratos de peajes en rutas nacionales (ver aparte), y en la provisión de agua potable y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires.

A la Justicia

En tanto, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) y la Defensoría del Pueblo de la Nación hicieron saber que ampliarán el pedido judicial realizado el lunes pasado para impedir la aplicación de aumentos en las tarifas de servicios públicos.
La titular de ADECUA, Sandra González, señaló que "se pedirá a la Justicia que tenga en cuenta la resolución de la jueza Susana Córdoba", quien detuvo los aumentos que el Gobierno intentó aplicar en diciembre.
González indicó que "el decreto es el mismo que el emitido el mes pasado, sobre el cual hubo varios fallos en contra de la Justicia", y concluyó: "Se comete la misma ilegalidad". El adjunto del ombudsman nacional, Jorge Cermesoni, calificó de "extravagante y curioso" el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial y destacó que "hubo una apelación del Estado a la decisión judicial, que todavía no obtuvo fallo".
"Existiendo una decisión apelada por el Estado, resolver esto por decreto no es legal ni constitucional", subrayó Cermesoni.
Las Defensorías del Pueblo de Nación y de Ciudad presentaron el lunes -por separado- una demanda contra el Decreto 120/2003 que facultaba al Ejecutivo a modificar tarifas de los servicios públicos, cambiando aspectos de la Ley de Emergencia 25.561 que supeditaban los cambios tarifarios a la previa renegociación global de los contratos.
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, se presentó nuevamente ayer ante la Justicia para impugnar los aumentos en las tarifas de luz y gas, dispuestos por el gobierno en la víspera.
"Como ha sucedido hasta ahora, recurrimos otra vez a la Justicia para impedir que Lavagna y Duhalde golpeen los bolsillos de la gente, aumentando la luz y el gas, servicios elementales en la economía de los argentinos", expresó. Por su parte, la CGT disidente, liderada por Hugo Moyano calificó de "escandaloso" el acuerdo firmado por el gobierno con el FMI, por la decisión gubernamental de imponer un "tarifazo". (DyN, Télam)

Agua y peajes, los aumentos que se vienen, ya suman rechazos

En abierto rechazo a los inminentes aumentos en las tarifas de los peajes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que analiza el gobierno, entidades del agro, de defensa del consumidor y usuarios viales se presentaron ante la Justicia con urgente pedido de medida cautelar, confirmó ayer la conducción central del Frente Agropecuario Nacional (FAN).
La entidad que preside Horacio Delguy precisó que la presentación judicial ordinaria fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 10, a cargo de Héctor Rossi, recayendo en el juez de feria Manuel Silva Garretón. En ese contexto, los dirigentes dijeron que se había reclamado "la suspensión" de la consulta pública prevista, por su carácter "discriminatorio", así como la devolución a los usuarios, de los fondos percibidos por las empresas concesionarias, mediante "reiterados aumentos de precios que se produjeron al ser incorporados a la tarifa establecida la tasa de inflación de los EE. UU".
El FAN y el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, integrantes del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, entidades de defensa del consumidor como Proconsumer y Cruzada Cívica y un grupo de usuarios viales, presentaron una acción judicial tendiente a frenar los aumentos de más del 70 %, previstos para las tarifas de peaje de los accesos a Buenos Aires.
Por su parte, Horacio Berstein, Presidente de la Unión de Usuarios de Servicios Públicos dijo ayer que "tenemos estos aumentos por decreto y en un tiempo más habrá incrementos en otros como el peaje y el agua pero, a diferencia del caso este, existen un proceso de renegociación que se viene trabajando hace unos eses".
Pese a ello, sostiene que con el mismo mecanismo utilizado para aumentar gas y electricidad, pude ser usado para los restantes servicios. (DyN)

   
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