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Lunes 27 de enero de 2003 | |
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Ya hay presentaciones judiciales en contra del ajuste tarifario |
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La defensora del pueblo del Gobierno de Ciudad, Alicia Olivera, explica por qué se opone al aumento |
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El sábado, la segunda del FMI, Anne Krueger, le pidió personalmente al
presidente argentino un ajuste tarifario del 50%. Conciliador, el jefe
de Estado, abandonó su promesa de un incremento de alrededor del 10% y
anunció que el aumento rondaría ahora el 20%. La semana pasada, Duhalde firmó un Decreto, mediante el cual el Poder Ejecutivo recupera atribuciones para disponer el aumento de tarifas de servicios públicos. En el decreto no se fija el momento de inicio del incremento, ni el monto, que los fijaría el gobierno mediante otro mecanismo, quizá una resolución del Ministerio de Economía. Duhalde, dijo que el aumento oscilaría entre un 1, 5 y 2,20 pesos por mes que- según él- se trata de un ajuste del orden del 9 % en la electricidad y un 7% para el gas. Alicia Olivera, defensora del pueblo de Ciudad de Buenos Aires, prometió accionar judicialmente para impedir el aumento. Olivera calificó de "dislate jurídico" al decreto que autoriza al Ejecutivo subir tarifas y sostuvo que "las empresas de servicios públicos privatizadas han vivido durante una década de las prebendas del Estado, de contratos altamente beneficiosos hasta el límite de la ilegalidad y con funcionarios y organismos de control más preocupados por no defraudar las usurarias tasas de rentabilidad que por proteger a los usuarios y consumidores, transformados en las verdaderas víctimas de ese pacto entre Estado y empresas privatizadas". Asociaciones de defensa del Consumidor, también efectuarán irá a la justicia para intentar frenar el alza. Tanto éstas como la Defensora afirman que hay investigaciones recientes que concluyen que las empresas no han hecho las inversiones pactadas por contrato, se endeudaban en el exterior en dólares con tasas más que beneficiosas, no reinvertían sus ingresos e indexaban la facturación del servicio a partir del índice inflacionario estadounidense. Uno de los puntos centrales que defienden es el siguiente: muchas empresas privatizadas se endeudaron en dólares porque durante el tiempo de la convertibilidad les convenía hacerlo. Al endeudarse en dólares estas empresas asumieron un riesgo empresario que ahora quieren hacer pagar a los consumidores. " Luego de la pesificación- recuerda Olivera-, también se descubre que las empresas cubren sus costos operativos y que la incidencia de los insumos importados en el mantenimiento del servicio no parece ser tan gravitante como denuncian incansablemente. La Defensora - quien sostiene que cualquier aumento debe decidirse en el marco de una negociación global de los contratos de concesión entre Estado y empresas- se pregunta "¿Cómo es posible que en un año el mantenimiento de los servicios se desbarranque, cuando tuvieron diez años de gestión y ganancias desmesuradas?". Alguno de los argumentos a los que deberá responder en breve los poderes Ejecutivo y Judicial. |
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